Cárceles en Chile: La realidad de la población penal

La población penal de nuestro país está colapsada y pareciera que cada vez llega más gente a las cárceles. Este aumento exponencial se ve reflejado en las precarias condiciones en las que viven presos y presas. Múltiples informes e integrantes de organizaciones que luchan por los derechos de la población penal nos ayudan a entender la realidad de las personas privadas de libertad en nuestro país. Radio JGM busca hacer un análisis de la realidad de quienes se encuentran hoy, privados de libertad.

Por Fernanda Imbert Fuentes

Datos iniciales

Sabemos, gracias al tercer informe anual del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), que a 2023 el sistema penitenciario superaba las 50mil personas privadas de libertad, con una tasa de ocupación de 122,9% a nivel nacional, con regiones y centros penitenciarios donde se supera el 200% de capacidad de uso.

El gobierno ha manifestado la intención de combatir esto creando nuevas cárceles, lo que ha generado debate entre la población, los expertos y los defensores de los derechos de los presos. Le preguntamos a Nicole Sánchez, ex directora y ex integrante de LEASUR, organización que vela por el cumplimiento de garantías mínimas de respeto y dignidad en la vida intrapenitenciaria, cuál es su visión de la solución otorgada por el ejecutivo y cual sería su visión de la manera para solucionar esta situación. 

Para Nicole, evitar el uso de la prisión preventiva como medida cautelar sería el camino natural para solucionar la sobrepoblación penal. «Esto se podría igualmente realizar con otras medidas cautelares de menor intensidad que resguarden los fines del procedimiento, pero que no tengan como consecuencia la privación de libertad». Asimismo, crear nuevas cárceles solo incentivaría el uso de esta figura legal que sostiene el hacinamiento carcelario.

Por su parte, César Pizarro, integrante de la agrupación 81 Razones e integrante del Observatorio Social Penitenciario, recalca que invertir en reinserción social podría ser una medida clave para evitar la reincidencia y la sobrepoblación. «Que se invierta en cultura, en deporte, capacitaciones, talleres; que se invierta plata, directamente dinero en profesionales, en hacer teatro, cine, en escribir, leer, en sacar a la gente de ese hacinamiento indolente, putrefacta carcelario, en la miseria carcelaria en que hacen que las personas cumplan su condena».

«Todos somos responsables de esa situación, lamentablemente nuestras autoridades cada vez tienen más la venda en los ojos y miran para otro lado. Buscar soluciones es dar oportunidades, creer en las personas»

Una situación que podría explotar

En una anterior entrevista con Radio JGM en 2020, cuándo se cumplían diez años desde el incendio de la Cárcel de San Miguel que cobró la vida de 81 personas de la población penal, César comentó que no veía un cambio en las condiciones de los presos ni una disposición a cambiar estas realidades. A cuatro años de esa entrevista, le preguntamos si había visto algún cambio en la realidad de la población penal con este nuevo gobierno o si las condiciones actuales todavía podían permitir una nueva tragedia como la de la Cárcel de San Miguel.

César hizo énfasis en que el hacinamiento está presente en múltiples cárceles y la posibilidad de reinsertarse es muy poca. Indicó que, aunque esperan que no ocurra, las condiciones son propicias para vivir una nueva desgracia: «Estas tragedias pueden ocurrir como en cárceles de San Miguel, Puente Alto, donde las condiciones se dan todas exactamente iguales o peores que el 8 de diciembre de 2010; porque ahí no hay salidas de emergencia, no están las medidas de seguridad ni protocolos para que las personas puedan salir con vida si ocurre una nueva tragedia»

«Creo que estamos de mal en peor, la situación sigue siendo más oscura, peligrosa y negligente«. César nos relata un ejemplo que da en seminarios sobre la realidad de la población penal en nuestro país: «Una dependencia de la ex penitenciaria, que es la calle cuatro, que es para personas castigadas, aisladas (…) En esa calle llegan a vivir 500 internos y está hecha para albergar a nomás de 100, en algunas piezas donde deberían vivir dos, tres o cuatro/seis personas muy hacinadas están viviendo 15, incluso 20«.

Aislamiento

En la realidad de la población penal, uno de los problemas que ven con más preocupación desde el CPT son los traslados interregionales de personas privadas de libertad, lo que supone un factor de riesgo para presos y presas por afectar vínculos familiares y su red de apoyo.

Para el director ejecutivo de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, Manuel Henríquez, Gendarmería está vulnerando los derechos de los privados de libertad apoyada por el mundo político y señala que se está incumpliendo el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios en su articulo N°53, donde se resguarda el derecho a visitas y que el condenado permanezca recluido preferentemente cerca de su lugar de residencia habitual. Lamentablemente, la situación del país es otra: «hoy en día encontramos reclusos de Antofagasta cumpliendo sentencia en la Unidad de Valdivia«.

Otra arista que afecta los vínculos familiares y de amistades es el aislamiento como sanción. Hasta junio de 2023 se habían registrado 1249 casos con una duración aproximada de 6/7 días. Para Nicole, estos castigos generan problemas complejos dentro de las cárceles, a niveles físicos y de salud mental: «Por las horas que están encerrados, por el poco acceso que tienen a alguna distracción, por lo poco que pueden estar en contacto con sus familiares. Es un tema bastante complejo que vemos que más allá de traer algún beneficio, lo que más puede traer es una sanción y una desventaja«.

La violencia

Otra cosa que ven con preocupación las organizaciones de defensa de los derechos humanos es la violencia dentro de las cárceles. Está la intracarcelaria, es decir, las agresiones entre presos y que a nivel nacional se producen en promedio 5.218 agresiones anuales, con una tasa de 127 internos agredidos anualmente por cada mil personas privadas de libertad. Entre sus causas, la CPT ha revisado las situaciones de extorsión entre presos y la falta de actividades de reinserción y recreación. Esta relación sería directa y el incumplimiento por parte del Estado constituye una falta a la regulación internacional y nacional del sistema de presos, ya que incide directamente en la imposibilidad de hacer conducta que otorgue beneficios carcelarios.

Además de la violencia ya mencionada, el uso de fuerza indebida por parte de funcionarios policiales también es una preocupación para el Comité, quienes recogieron múltiples relatos de testigos o víctimas directas del uso desproporcionado de la fuerza física a través de golpes a personas o con el armamento institucional, incluso casos de golpizas colectivas como sanción. Hasta finales de junio del 2023, se habían realizados 33 denuncias de apremios ilegítimos, lo que no se condice con las pocas investigaciones sumarias ante los hechos denunciados.

«No llegan tantas denuncias como otras veces respecto a las torturas directas de funcionarios públicos contra los presos. Pero obviamente la baja también es porque hay pocas señales en algunas cárceles, el decomiso de los celulares, el miedo a denunciar«. César contó que han llegado denuncias por fracturas, pérdidas de un glóbulo ocular o de piezas dentales provocadas por palizas dadas por gendarmes.

«Y también la violencia entre presos, porque se está en una olla de presión. Hacinamiento, el no poder hacer nada más que sobrevivir, el no tener visitas, el no tener para comer dignamente, el no tener un espacio digno, eso conlleva obviamente que el ser humano se violente con el otro«.

César considera que la solución está en la fiscalización y el trabajo directo con observadores penitenciarios, personas que se dediquen directamente a estar dentro de la cárcel. «Yo no creo que haya otra solución en seguir dejando en las manos de los mismos gendarmes que fiscalicen a los mismos gendarmes que están torturando».

Reinserción y beneficios carcelarios

En el informe, el porcentaje de personas privadas de libertad que obtienen beneficios de salida es muy bajo. Solo un 2.7% puede tener una salida dominical y un 1,7% una salida el fin de semana. Sobre este tema, Manuel nos advierte que lo preocupante es la escasa cantidad de personas que han podido acceder al programa de reinserción. 

El Titulo Quinto del R.E.P. está dedicado a las actividades y acciones para la reinserción social, capitulo que en el Párrafo 2 especifica que los beneficios a los que pueden acceder quienes pertenecen al programa son la salida esporádica, la salida dominical, la salida de fin de semana, la salida controlada al medio libre.

«Si los porcentajes son bajos en los accesos a estos beneficios en la realidad quiere decir que Gendarmería no está haciendo su trabajo, que por ley está mandatado». En el Decreto ley N°2859, artículo 1 se menciona que Gendarmería tiene dentro de sus funciones primordiales contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad.

«Gendarmería, del presupuesto anual, ocupa el 10% a la reinserción. Sin embargo, esto no sobresale como debiera ser, el penúltimo director nacional tiene en su periodo una perdida de 18 mil millones de pesos, situación que se encuentra en investigación».

Mujeres privadas de libertad

Mirando de manera más específica la población penal, encontramos los informes realizados por la Red Acción Carcelaria, una fundación que visibiliza las dañinas consecuencias de la cárcel y apoya a mujeres privadas de libertad en nuestro país. Un grupo que, al ser minoritario, es muchas veces invisibilizado a la hora de hablar de la realidad de la población penal.

Según datos actuales de Gendarmería, de las 60.407 personas en el subsistema penitenciario cerrado (cárceles), 5.014 son mujeres, lo cual representa un 8,3%. Según el boletín #2 del semestre 2024 de la Red Acción Carcelaria, del total de la población femenina un 46% están imputadas y un 54% condenadas, eso quiere decir que casi la mitad está privada de libertad sin haber recibido condena alguna.

Sobre este alto nivel de porcentaje de mujeres en prisión preventiva, el podcast de la Radio JGM llamado “Vejez tras las rejas”, entrevistó Liliana Manzano, investigadora y socióloga de la Universidad Católica del Norte. 

«Me llamó inmediatamente la atención el alto porcentaje de mujeres que están privadas de libertad esperando una sentencia, un juicio, esa cifra es bastante mayor que la de los hombres. El hecho de que las mujeres estén en ese contexto, de desigualdad frente a los hombres, yo creo que a la mayoría debería llamarle la atención»

¿Quiénes son las mujeres en la cárcel?

La mayoría de las condenadas están por delitos no violentos asociados a la pobreza como lo son los delitos contra la propiedad (40,9%) y los delitos de la ley de drogas (47,4%). Si bien no podemos hablar por todas, Liliana encuentra que hay un perfil generalizado. «La mayoría viene de contextos vulnerables, mujeres con bajo nivel de estudio; la mayoría diría no han terminado la escuela, algunas si tienen el nivel cumplido pero en general no tienen empleos calificados ni estudios superiores entonces esa educación básica o media que tuvieron en algún momento ha quedado en desuso».

La mayoría trabajaría en empleos informales y precarizados. «Con lo que pueden sostienen sus hogares, muchas separadas o divorciadas que se han hecho cargo solas de sus hijos. Ahí es donde el delito de droga tiende a surgir como una actividad complementaria y que les permite mantener el cuidado de sus hijos».

El informe de la Red de Acción Carcelaria respalda este contexto. Sólo un 16% de las mujeres privadas de libertad contaba con un trabajo remunerado antes de ingresar al sistema penitenciario, de ellas un 40% no contaba con contrato de trabajo. Además, un 40% realizaba trabajo por cuenta propia (ocupaciones informales como vender en la calle o ferias libres). Un 58% de las mujeres no completó su educación escolar, dentro de las cuales el 18,7% tiene nivel educativo básico incompleto.

¿Quién hace algo por los presos?

La realidad de la población penal es crítica, con muchas carencias que no se han solucionado con el pasar de los años. A pesar de tener antecedentes como tragedias que nos dicen que algo se debería hacer, las políticas públicas siguen yéndose por el lado de la creación de más penitenciarias y el endurecimiento de los requisitos para beneficios como la libertad condicional. «Todo se hace punitivamente, según las exigencias políticas o sociales, los políticos tratan de vender seguridad al país pero lo único que hacen es vender inseguridad. Ellos creen que encarcelando más, endureciendo las penas, que poniendo al país casi con pena de muerte vamos a mejorar; eso nunca ha sido así, nunca ha dado resultado», reflexionó César.

¿Se está viendo a los presos como seres humanos? Los informes de la realidad penal nos hacen ver una realidad que está fuera de ser humana, en palabras de César.  «Siempre se preocupan más del tema de seguridad que de la vida humana, el cambio, la oportunidad de trabajo, estudio, cultura, capacitaciones».

César nos hace ver que son los ciudadanos corrientes que están en la cárcel, los pobres, aquellos que sufren torturas y violencia estatal; porque en las cárceles de la elite, como Capitán Yáber y Punta Peuco, no se violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad.  «No podemos hablar de igualdad ante la ley».

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