El diseño de la política económica del próximo gobierno queda en manos de un técnico de vasta trayectoria en el sector privado. Sin embargo, su rol como peritaje de defensa en dos colusiones de gran envergadura levanta dudas sobre su visión en cuanto a la fiscalización estatal.

Por Peter Maldonado Cuevas

El pasado martes 6 de enero, el presidente electo, José Antonio Kast, confirmó ante el sector empresarial que Jorge Quiroz será el próximo ministro de Hacienda del gobierno que asumirá en marzo. El anuncio se realizó durante un encuentro con líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, definiendo así una de las piezas clave del equipo que liderará la política económica del país.

Este nombramiento no solo posiciona a Quiroz en uno de los cargos más influyentes del Estado, sino que también ha reactivado el escrutinio sobre su trayectoria. El interés radica, principalmente, en su pasado como asesor y perito económico en casos emblemáticos de colusión, procesos judiciales que resultaron fundamentales en el debate sobre la libre competencia en Chile durante la última década.

Trayectoria y visión económica

Jorge Quiroz es ingeniero comercial licenciado de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Duke. Desde la década de los noventa, ha consolidado su carrera como consultor independiente, especializándose en el desarrollo de análisis, modelos y peritajes para empresas y organismos en áreas de mercados, regulación y libre competencia.

Su vínculo directo con el actual proyecto político se selló en julio de 2025, cuando se integró como coordinador del equipo económico de la campaña de José Antonio Kast. Desde esa posición, fue el arquitecto de la propuesta que acompañó al candidato hasta la segunda vuelta y que hoy sustenta la hoja de ruta del nuevo gobierno. Este modelo se articula sobre pilares de austeridad fiscal: reducción del gasto público, rebajas impositivas, una menor intervención estatal y una confianza decidida en el mercado como motor del desarrollo nacional.

Es precisamente esa vasta experiencia técnica -forjada mayoritariamente en el sector privado- la que explica su ascenso al Ministerio de Hacienda, pero que, simultáneamente, vuelve a poner bajo el foco sus polémicas actuaciones pasadas.

El caso de «La colusión de los pollos»

El vínculo más controvertido de Quiroz con procesos de colusión se remonta al llamado «caso de los pollos», uno de los hitos más relevantes en la historia de la libre competencia en Chile. La génesis del conflicto data de noviembre de 2011, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas (APA), acusándolos de coordinarse para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado entre 1994 y 2010.

Tras años de litigio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema ratificaron la existencia de la colusión, aplicando multas por cerca de US$ 60 millones. En este proceso, Quiroz actuó como asesor económico de la APA. Si bien su intervención fue profesional y no derivó en imputaciones personales, su nombre quedó ligado a la causa por un elemento clave: los fallos consignan que los ejecutivos utilizaron un modelo de estimación de demanda desarrollado por su consultora para definir las cuotas del mercado y mantener los precios artificialmente altos.

La gravedad del caso trascendió lo técnico debido a que el pollo es un componente esencial de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Al distorsionar el precio de un bien de primera necesidad, la colusión impactó directamente en el presupuesto de los hogares más vulnerables, transformando una falta administrativa en un profundo cuestionamiento ético.

El caso farmacias: Peritajes frente a la condena

La participación de Quiroz en litigios de alta complejidad continuó en el emblemático caso de colusión de las farmacias. En dicha causa, se acreditó que las cadenas Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand coordinaron los precios de más de 200 medicamentos esenciales.

En este proceso, Jorge Quiroz actuó como perito económico en representación de Salcobrand. Su rol consistió en presentar informes técnicos ante el TDLC donde sostenía que no existían indicios claros de colusión, atribuyendo los movimientos de precios a otras dinámicas comerciales. Sin embargo, su argumento fue desestimado por el tribunal al constatar la evidencia de una coordinación sistemática. Este caso terminó en multas históricas e inéditos procesos de compensación liderados por el SERNAC para indemnizar a los usuarios afectados.

Ambos procesos se desarrollaron bajo un marco legal previo a las reformas que endurecieron las penas en Chile, aquello explica que las responsabilidades se mantuvieran estrictamente en los ámbitos económico y administrativo, sin derivar en sanciones penales.

Hoy, el arribo de Jorge Quiroz a Teatinos 120 conecta orgánicamente su trayectoria con el modelo económico que propone el gobierno entrante. Su visión crítica del rol regulador del Estado y su enfoque en la eficiencia de mercado dialogan con un proyecto que prioriza la disciplina fiscal y la inversión privada.

Su nombramiento da a entender una señal política sobre el rumbo de Chile durante el gobierno de Kast: la conducción económica quedará bajo la tutela de un técnico que ha defendido una concepción específica de la competencia desde el corazón del sector privado, y que hoy se prepara para saltar desde el informe pericial al diseño de la política pública nacional.

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