Tres meses después de la salida de Nicolás Maduro del poder, Venezuela vive una etapa de reacomodo político que mezcla gestos de apertura con una fuerte continuidad institucional. Desde la captura del ex mandatario por parte de Estados Unidos, el país ha pasado de un chavismo exclusivista a una administración encabezada por Delcy Rodríguez, quién es respaldada por las Fuerzas Armadas y un reconocimiento de Washington. Sin embargo, la promesa de una transición democrática sigue siendo incierta para los venezolanos.

Hoy Nicolás Maduro enfrenta en Nueva York un juicio por narcoterrorismo, posesión de armas y corrupción. En su segunda audiencia, realizada el 26 de marzo, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa para desestimar el caso, lo que significa que el proceso seguirá abierto durante meses o incluso años, mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en Brooklyn. Este juicio se ha convertido en un símbolo de justicia internacional para algunos y de intervención extranjera para otros.

De Nicolás maduro a Rodríguez

La salida de Maduro no significó una ruptura total con el chavismo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y, en estos tres meses, reemplazó a casi la mitad del gabinete y renovó el alto mando militar. Sin embargo, buena parte de la estructura estatal, judicial y de seguridad sigue bajo control de figuras ligadas al oficialismo. Esto ha reforzado la idea de una transición administrada más que de una democratización plena.

Uno de los cambios más visibles ha sido la liberación parcial de presos políticos. Según cifras del Parlamento venezolano, hasta marzo se habían otorgado 7.727 libertades plenas o condicionadas. De ese total, 253 personas salieron de prisión y 7.474 quedaron con medidas cautelares. Aun así, Foro Penal seguía contabilizando 508 presos políticos al 9 de marzo, lo que muestra que la apertura ha sido limitada.

En las calles, la caída de Nicolás Maduro no resolvió de inmediato la crisis social. Las protestas por salarios, servicios básicos y condiciones de vida continúan en distintas regiones del país. La inflación sigue golpeando a las familias y el malestar social permanece latente. La diferencia es que hoy las manifestaciones conviven con una expectativa de cambio que aún no se concreta.

Sobre esto, Luz Mely Reyes, periodista, analista venezolana y directora del medio digital Efecto Cocuyo, explica cómo a pesar de haber una transición en el país, los trabajadores y su calidad de vida se siguen viendo afectadas: “La inflación, que en este ya alcanza, según las últimas cifras oficiales 71,83% sin incremento salarial real, porque no ha habido incremento salarial, entonces todo eso está impactando a los trabajadores y trabajadoras ahora ¿Qué sucede? Que como se ha dicho que ya ha ingresado dinero a las arcas del Estado o algunas arcas que tienen que ser redistribuidas, pues la gente está reclamando, que nosotros decimos en criollo ´bueno, no le han visto el queso a la tostada´ y ya han pasado tres meses, o sea ya ya es un momento en el que algún tipo de medida de compensación debieron haber tenido los trabajadores».

La precariedad económica sigue siendo el principal motor del malestar. El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a unos 244 pesos chilenos, una cifra muy por debajo de cualquier estándar de subsistencia. El 9 de abril, cerca de 2.000 trabajadores y jubilados marcharon en Caracas para exigir aumentos salariales y mejores pensiones.

En esta misma línea Liliana Buitrago, investigadora y activista ecofeminista del Pacto Ecosocial del Sur en Venezuela, explica el aumento de las manifestaciones, que hasta el momento se contabilizan 599 desde febrero de 2026: “Son manifestaciones de exigibilidad de diversos derechos, principalmente los derechos laborales, de trabajadores y trabajadoras que se han movilizado, pensionados y pensionadas que se han movilizado por salario justo, tal como lo establece la constitución venezolana. Recordemos que en Venezuela ha habido una desalarización extrema, llevando el sueldo mínimo a menos de medio dólar, menos de 0,50 centavos de dólar como sueldo mínimo mensual para los trabajadores en Venezuela y esto ha trastocado totalmente las lógicas laborales en el país”.

En el plano económico, el nuevo gobierno ha priorizado estabilizar el sector energético. Rodríguez anunció esta semana nuevos acuerdos con Chevron para ampliar la producción petrolera en la Faja del Orinoco. La reapertura petrolera muestra que el principal cambio tras Nicolás Maduro ha sido la relación con Estados Unidos. Washington pasó de la presión diplomática y las sanciones a una intervención directa que terminó removiendo al presidente venezolano. Esto reconfiguró la correlación de fuerzas en Caracas y convirtió a EE.UU. en un actor central del nuevo equilibrio. El caso abre un debate regional sobre soberanía, tutela externa y los límites de la injerencia internacional, así lo recalca Liliana Butraigo: “Este es un tema muy poco debatido, es un tema muy poco abordado, el tema de los territorios. Hay en este momento un consenso generalizado de que es necesario extraer los recursos de Venezuela por esta idea de que somos un país rico en petróleo y que debemos aprovecharnos de ello para la recuperación económica sin pensar en los riesgos que estamos confrontando como civilización a la extinción por precisamente la crisis socioecológica global”.

Para algunos sectores opositores, la salida de Nicolás Maduro representa una oportunidad histórica para reconstruir las instituciones. Para otros, la permanencia del chavismo en el poder bajo otra figura limita cualquier posibilidad de cambio real. La falta de un calendario electoral claro alimenta esa incertidumbre. Venezuela, hoy, se mueve entre la expectativa de apertura y el temor a una continuidad maquillada.

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