Las cobardes amenazas contra la lucha medioambiental
Escrito por Agustin Alvarado el octubre 11, 2019
A más de un año del inicio de la crisis ambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví, y que se arrastra por emisiones tóxicas que cumplen décadas, la lucha de las comunidades se ha vuelto fundamental para exigir territorios más limpios y libres de contaminación. En ese marco, la seguridad de quienes encabezan la petición por un derecho al territorio se ha visto seriamente amenazada.
Este ocho de octubre pasado representantes del Instituto Nacional de Derechos Humano (INDH) llegaron al Ministerio Público acompañados de la activista y presidenta de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio, Katta Alonso, para presentar una denuncia por el delito de amenazas en la zona de Quintero y Puchuncaví.
Aquello luego de que la activista fuera amenazada por un desconocido al interior de un auto, quien le advirtió que de no dejar la zona de Ventanas su casa sería incendiada.
La zona ya cumplió más de un año desde la aparición de una nube tóxica en su bahía, la que provocó masivas intoxicaciones en la ciudad. Situación que tiene en estudio un posible cierre de la fundición Ventanas de Codelco en el marco de los anuncios a presentarse en la COP25 a realizarse en diciembre.
El jefe del INDH Valparaíso, Fernando Martínez, expresó que «el instituto está preocupado porque no es primera vez que una defensora de derechos humanos ambientales recibe amenazas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es solicitar es que se realicen las investigaciones del caso y estamos solicitando que se tomen medidas de protección respecto de Katta Alonso a efectos de asegurar su integridad física y psíquica».
Pese a todo la lucha continúa
Luego las amenazas en su contra, la agrupación que preside Alonso lanzó un comunicado para instar al gobierno a firmar el Tratado de Escazú y denunciar el hecho ante las insuficientes medidas para la protección de los activistas socioambientales y los derechos humanos de los habitantes de la zona.
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Esto último, a pesar del fallo de la Corte Suprema que responsabilizó al Estado por la emergencia en la zona emitido en mayo y que además propuso medidas para que se haga cargo de la reparación. Aquello, en una zona donde entre agosto y octubre del 2018 fueron atendidos más de 1500 niños y niñas por intoxicación, según un informe publicado por la Defensoría de la Niñez en julio.
No obstante esta realidad, las emisiones contaminantes siguen por parte de empresas como ENAP Refinerías, Enel Generación Chile o Asfaltos Chilenos, entre otras 9 que se encuentran en el sector.
Pese a todo lo ocurrido, la dirigente medioambiental de Quintero y Puchuncaví remarcó que su trabajo continúa enfocado en defender los derechos medioambientales de los habitantes de la ciudad.
En este sentido, señaló que «anoche las empresas estaban emitiendo en una forma escandalosa, aunque estamos con gestión de episodios críticos. Eso quiere decir que no le obedecen al gobierno ni a nadie, siempre se han gobernado solas y siguen haciéndolo. Y nosotros lo que necesitamos es vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. Entonces vamos a seguir pidiéndoles el cierre de las termoeléctricas a carbón en forma inmediata y de Codelco porque es la que más nos contamina».
A ello, agregó que «siempre hemos dicho que los trabajadores son los primeros perjudicados y esa parte la tiene que asumir el gobierno«.
Finalmente, frente al posible cierre de fundición Ventanas se mostró incrédula, pues no es la primera vez que se anuncia el cierre de fundición Ventanas en Quintero.
«Codelco nos contamina alrededor de un 60-65 por ciento, alrededor de un 20-25 AES Gener y el resto las otras empresas, que tampoco están evaluadas. Entonces, creo que sería el primer paso pero esto tiene que descontaminarse de alguna forma. Pero esta es la tercera vez en un gobierno que dicen que van a cerrar Codelco. Lo dijo este gobierno ahora, en el gobierno anterior y Michelle Bachelet también lo evaluó en algún minuto. Entonces, queremos saber si es un volador de luces o realmente se va a hacer efectivo«, afirmó.
El peligro del activismo socio ambiental
El caso de Katta Alonso trae a la memoria los distintos casos en que luchadoras y luchadores por la defensa del medio ambiente fueron asesinados por su causa tras recibir diversas amenazas, además de poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre cómo las autoridades amparan el derecho a defender los territorios, en un rol que tiende a volverse cada vez más peligroso.
Sin ir más lejos, los casos de Alejandro Castro y Macarena Valdés, encontrados muertos en 2018 y 2016 respectivamente, son el claro ejemplo de cómo el liderar la organización y las demandas por un real derecho al territorio puede ser en extremo peligroso. En ambos casos, los dirigentes socio ambientales habían recibido amenazas al momento de su muerte.
Todo esto en un contexto latinoamericano de represión a la defensa de este derecho. Hecho que quedó plasmado en el informe de la ong internacional Global Witness, que concluyó que sólo en 2018 murieron en promedio 3 activistas medioambientales por semana. 51% de esa cifra ocurrió en América Latina.
En este contexto, la presidenta de Mujeres en Zona de Sacrificio destacó el apoyo que han recibido. Según comentó «recibimos el llamado de la gobernadora dándonos todo su apoyo, también de los Carabineros de Quintero y un apoyo transversal de la ciudadanía y los movimientos sociales. Eso nos ha dado mucha más fuerza para seguir luchando. Creemos que este tipo de amenazas no se pueden repetir en nuestro país y ojalá se investigue como lo está pidiendo el INDH».
Más allá de rumores sobre un posible cierre de Ventanas, las autoridades de gobierno no se han referido al caso. Pero quienes sí han puesto el acento en apoyar con fuerza a la dirigente son diversas organizaciones sociales por la defensa del territorio y otras. Entre ellas la Defensoría Ambiental, Chile Sustentable, Greenpeace Chile y Modatima, con la presencia del Premio Internacional de Derechos Humanos en el marco de su lucha por el agua, Rodrigo Mundaca. Todas organizaciones que se hicieron presentes en la presentación esta denuncia.
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