Gendarmería se retracta e inicia sumario ante intento de dar libertad condicional a 15 violadores de DD.HH

Escrito por Stefany Vidal Olivares el octubre 12, 2019

La postulación de 15 internos de Punta Peuco para acceder a la libertad condicional, condenados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990, ha generado la indignación de familiares y torturados políticos. Las organizaciones exigen acciones políticas como la destitución del alcaide de Punta Peuco y un sumario para investigar responsabilidades.

Marcha 150 por los derechos humanos.

Gendarmería abrió un sumario luego de darse a conocer que la institución propuso la postulación a libertad condicional de 15 ex militares que cumplen condena en Punta Peuco. Así da cuenta un oficio secreto presentado el pasado siete de octubre al Tribunal Constitucional (TC) que fue revelado por Radio Bio-Bio, en que aparece como posible beneficiario Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Otros de los nombres mencionados son Carlos Herrera, condenado a presidio perpetuo como autor material del asesinato de Tucapel Jiménez y el asesinato de un dirigente DC en La Serena. También aparece Miguel Estay, responsable del asesinato de tres profesionales del Partido Comunista en el conocido “Caso Degollados”, entre otros perpetradores de violaciones a los derechos humanos con condenas de más de 100 años de prisión.

La libertad condicional es una normativa dirigida a la resocialización de la delincuencia vinculada a la marginalidad social, pero a pesar de esto y las modificaciones de realizadas este año al Decreto de Ley N°321, que establece mayores requisitos para el otorgamiento del beneficio de libertad condicional, se indica que los condenados por crímenes de lesa humanidad “podrán postular a este beneficio cuando, además de los requisitos del artículo 2º (haber tenido una conducta intachable y contar con un informe psicosocial), hubieren cumplido dos tercios de la pena o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos (20 años para presidio perpetuo y 40 años para presidio perpetuo calificado).

Lo anterior sería un problema no abordado, dejando esto a la interpretación de los distintos magistrados, como cuenta el abogado experto en DD.HH que se desempeña en el Estudio Jurídico Nelson Caucoto, Francisco Jara.

“Yo pienso que ahora va a estar en peligro, incluso más que la hipotética salida de Corbalán que me parece sumamente difícil, el que las defensas de los condenados están recurriendo al Tribunal Constitucional reclamando que a ellos debe de aplicárseles el decreto de ley vigente en la época en que fueron condenados”, cuenta Francisco.

Según el abogado “ahí está uno de los principales problemas que no ha sido suficientemente abordado. Es decir, como la normativa fue modificada los condenados ya han presentado algunos recursos al Tribunal Constitucional para que declare que la nueva normativa no se les aplica, burlando la intención de la Ley. Yo creo que ahí está un problema, porque si el Tribunal Constitucional llegará a favorecer una lectura de este tipo se terminaría no diferenciando los crímenes de lesa humanidad de los delitos comunes”.

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Imagen de un automóvil de Gendarmería de Chile

Foto Agencia Uno

Libertad condicional para crímenes de lesa humanidad

Lamentablemente esto no es primera vez que ocurre, ya que la Corte Suprema durante el 2018 concedió la libertad condicional a seis condenados por crímenes de lesa humanidad. Mientras que el 2015, la Sala Constitucional del mismo Tribunal concedió el beneficio a Alejandro Sáez Mardones, condenado en el Caso degollados. Así otra docena de agentes han recibido libertades condicionales en los últimos años.

Esta vez al hacerse conocido este nuevo hecho fue masiva la indignación de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, su presidenta Alicia Lira acusa impunidad y hace un llamado a rechazar esto “porque no debemos, no podemos seguir soportando esta intentona de burlar la justicia, de violentar la memoria de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos o violentar la lucha que tienen los familiares en búsqueda de la verdad y justicia” comentó.

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Por lo mismo, este viernes se hizo entrega de una carta en el Ministerio de Justicia para manifestar el rechazo a la determinación de Gendarmería, enmarcada en la que fue la marcha 150 por Verdad y Justicia. Sobre esto nos comenta el integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Álvaro González.

“Esta convocatoria tiene que ver con que todos los viernes la agrupación de familiares hace una marcha por verdad y justicia. En este caso hoy se cumple la marcha 150, por lo tanto es importante y además hoy hicimos entrega de una carta en el Ministerio de Justicia y DD.HH que tiene que ver con la libertad que se está pidiendo a 15 personas que están en Punta Peuco porque finalmente se abre la posibilidad de que tengan beneficios carcelarios personas que a todas luces y por cualquier persona sensata se entendería que no deberían gozar de beneficios carcelarios porque son personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad”, expresó.

“Debería legislarse en ese sentido digamos, no se ha llegado al sentido de fondo que tiene que ver con que cualquier persona obtenga verdad respecto de lo que pasó a familiares de detenidos desaparecidos”, señaló con preocupación Álvaro González.

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Luego de conocerse el listado de postulantes donde habían reos que no cumplían con los requisitos, la tarde de este jueves Gendarmería emitió un comunicado oficial, donde se informó que se daría inicio a un sumario debido a que “Este año Gendarmería, en dos ocasiones, dictó instrucciones mediante oficios, con el propósito de informar sobre la implementación de la nueva ley. De acuerdo a los antecedentes aparecidos hoy en algunos medios de prensa, dichas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares” señaló la institución.

Tras esto, el subdirector operativo de la institución, Pablo Toro, quien hace de fiscal en este sumario, suspendió de sus funciones al alcaide de Punta Peuco, Cristian Albornoz, y al jefe del control penitenciario, Sergio Alarcón. Ahora la solicitud de Gendarmería será evaluada por un grupo de magistrados y luego será resuelto por la Seremi de Justicia correspondiente, en cuyo oficio presentado al TC aparecen estos 15 nombres de condenados por violar derechos humanos: