Opinión: El Perdón de Punta Peuco

por Hervi Lara

A raíz de la ceremonia religiosa privada, sin presencia de medios de prensa, programada para el día viernes 23 de diciembre en Punta Peuco, ocasión en la que un número de seis criminales allí confinados pedirían perdón en el marco de la reconciliación, de acuerdo a la campaña orquestada entre la UDI, las FFAA, la prensa de derecha y personeros de Iglesias, encabezados por el sacerdote católico Fernando Montes, el Diccionario de la Lengua Española define al perdón como “la remisión de la injuria, deuda u otra cosa”. Y la reconciliación es “restablecer la amistad y buena armonía entre los enemistados y acordar los ánimos desunidos”,pareciera válido recordar que los violadores de  Derechos humanos durante la dictadura militar-empresarial que se encuentran en prisión son sólo una ínfima cantidad de los que deberían ser detenidos, juzgados y condenados.

La transición pactada a través de las tratativas entre Aylwin, Cáceres, Jarpa y las FFAA, establecieron las “leyes de amarre” que fueron aprobadas en un referéndum del 30 de julio de 1989 y de cuyo contenido la ciudadanía no tuvo conocimiento.

Es así como la lucha por los derechos humanos se redujo a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos. La estrategia entre la Concertación, las FFAA y los empresarios se remitió a avanzar en verdad pero no en justicia y se tendió a equiparar a víctimas y victimarios.

Entre 1973 y 1990, de acuerdo al Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el total de víctimas de violaciones de los derechos humanos era de 2115 personas, de las cuales 957 permanecían desaparecidas hasta aquel momento. De las víctimas, 324 eran estudiantes. De estos, 17 eran de educación básica. 48, de Educación Media. 165 eran universitarios. Otros jóvenes, 94.

El Informe Rettig de marzo de 1991 careció de validez jurídica. No obstante, permitió la apertura de procesos, aplicando la ley de amnistía o trasladando la competencia a los tribunales militares.

El 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en Londres, donde permaneció bajo arresto durante 500 días. Este hecho movió a la conformación de la Mesa de Diálogo: Hacia el reencuentro de todos los chilenos. Las FFAA se vieron obligadas a reconocer que un listado de detenidos-desaparecidos los habían arrojado al mar y a los ríos.

También de esa instancia emanó el nombramiento de jueces especiales para investigar jurídicamente bajo la figura del secuestro permanente. Se hizo pública la Operación “Traslado de Televisores” consistente en el desmantelamiento de entierros clandestinos. Se reconstituyeron algunos de los crímenes, con el procesamiento a 317 oficiales.

No obstante, la Mesa de Diálogo se desdibujó porque oficiales encargados de recopilar información estaban vinculados a la represión.

En agosto de 2013 se conformó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que tuvo como objetivos individualizar a las víctimas de tortura a través de sus testimonios; caracterizar los mecanismos de represión que se aplicaron en el país; y proponer medidas de reparación.

En su primera instancia, entregaron su testimonio 35.868 personas, de las que calificaron 27.255. No obstante, el Colegio Médico había calculado que alrededor de 500.000 personas habrían padecido torturas en prisión.

Dice el Informe Valech: “No escapa a nuestro estupor constatar cuántas personas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de edad, personas que vieron sus vidas literalmente tronchadas. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progenitores tan cambiados, con los nervios destruidos y con temores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, porque después de la prisión y la tortura no encontraron trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón, tampoco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el bienestar a lo que estos tenían aspiración y derecho”. (….) “El 94% de las personas que declararon sufrieron torturas estando detenidas. Una vez liberadas, muchas personas siguieron siendo hostilizadas en sus casas, controladas por meses e incluso años y amenazadas y detenidas por horas, sin orden de detención ni motivo alguno”. (…) “Varias personas hicieron referencia a la desesperación, la soledad y el aislamiento vividos después de la detención, en el contexto de la estigmatización de las víctimas de la represión inducida por las autoridades de gobierno y los medios de prensa partidarios del régimen”.

Dijo alguna vez Balzac que “tras toda fortuna se esconde un crimen”. Por tanto, el juicio a los violadores de derechos humanos no puede centrarse sólo en los autores materiales de los crímenes, sino en los autores intelectuales y en quienes se han enriquecido con la sangre de todo un pueblo.

La dictadura se gestó para retrotraer la nacionalización de las riquezas básicas, la reforma agraria, la nacionalización del sistema financiero, el Area Social de la Economía, las condiciones de vida de los trabajadores, el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, etc…Los discípulos de la Escuela de Chicago, los redactores de la Constitución de 1980 y los grupos económicos también deberían estar en prisión hasta que pidan perdón, reconozcan los delitos y reparen el daño causado

Iturriaga Newmann, el ex fiscal Torres y los otros cínicos de Punta Peuco, así como los generales y almirantes que han continuado profitando del Estado, y los grupos económicos que se han apropiado del producto del trabajo del pueblo: ¿están arrepentidos de sus crímenes? Y si se han arrepentido: ¿por qué no dicen la verdad ante la justicia?

¿Por qué no reparan el daño causado?

La reconciliación y el perdón aludidos por los “adalides” de la misericordia hacia los criminales de Punta Peuco deben partir de la verdad existente y no de deformaciones del significado de la misericordia. El mismo magisterio de la Iglesia Católica señala que “la auténtica misericordia es la fuente más profunda de la justicia. Es la más perfecta encarnación de la igualdad entre los hombres”. (Juan Pablo II, “Dives in misericordia”, Nº 14). Por tanto, la reconciliación significa la inversión de las situaciones respecto a la impunidad de los crímenes del período dictatorial y de los latrocinios que los grupos económicos han continuado realizando bajo la protección de los poderes del Estado y de las FFAA y policiales.

No puede haber perdón ni reconciliación sin verdad, justicia y reparación. Ello implica un cambio estructural de la sociedad impregnada de hipocresía y mentira sistemática en la que vivimos. No es reconciliación la mantención de la situación establecida, ni la renuncia de las víctimas a sus derechos para que se resignen a lo existente.

La reconciliación exige como requisito el reconocimiento de los daños causados a todos y a cada uno de los chilenos. Las autoridades deben crear condiciones de posibilidad de desarrollo de las capacidades del pueblo. Deben subvertirse los pseudo-valores imperantes y que propician la opresión de las grandes mayorías.

Es válido preguntar a los organizadores de la liturgia del perdón en Punta Peuco: ¿con quién están comprometidos? ¿A qué causa quieren servir? ¿Están pagando favores o esperando prebendas? ¿No tienen derecho a la misericordia los jóvenes que no estudian ni trabajan; los estudiantes estafados; los ancianos que reciben pensiones ínfimas; los enfermos que no tienen acceso a la atención de salud; los ex presos políticos que se están muriendo abandonados; los mapuches a quienes los grupos económicos les quitan las tierras y las policías les asesinan; los muertos del SENAME de los que las autoridades no responden; los pescadores artesanales; los trabajadores subcontratados? Etc…, etc…, etc… Son esas grandes mayorías que viven y mueren en condiciones inhumanas de existencia gracias a la represión ejercida por los presos de Punta Peuco y los innumerables represores que continúan burlándose de la justicia quienes deben recibir la atención de las Iglesias. Es indignante que el cristianismo sea manipulado para afianzar la impunidad de un genocidio ejecutado para imponer el neoliberalismo económico.

En “The Nation” de 28 de agosto de 1976, Orlando Letelier escribió el artículo “Los Chicago Boys en Chile”, en el que afirmó que “la violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizado el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten –y a menudo condena- como un fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políticas clásicas de absoluto libre mercado que han sido puestas en práctica por la Junta Militar”. Y agregó que “el plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de cien mil personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión. (…). Represión para las mayorías y “libertad económica” para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda”.

Un mes después, el 21 de septiembre, Letelier fue asesinado por los sicarios de Pinochet financiados por grandes empresarios.

A las víctimas que se rinden en la tortura, en la jerga fascista se les llama “quebrados”. Los “capataces” de las transnacionales y los secuaces nacionales buscan que la sociedad se quiebre y quienes no se quiebran en las torturas, se quebrarán por la “miseria planificada”, que cobra tantas o más vidas que las balas. Por ello, Gandhi afirma que “una guerra económica es una especie de tortura prolongada”.

La fe se proclama con obras más que con palabras. Todos los espectáculos revestidos de falso perdón, no son dignos de vestirse con el ropaje de la fe cristiana. Así como tampoco el diccionario concuerda con la puesta en escena de Punta Peuco.