Actualización: Corte de Apelaciones contradice al 6to Juzgado de Garantía, diez personas más quedan en prisión preventiva tras los allanamientos en Santiago
Escrito por Joceline Videla el julio 9, 2024
En colaboración con Natalie Gilbert y Carolina Sandoval
Un duro revés sufrieron hoy en la Corte de Apelaciones las nueve personas detenidas en la Radio comunitaria Villa Francia, más una persona detenida en el Barrio Yungay durante los allanamientos en Santiago. Esto, porque fueron acogidas las peticiones de revocar las decisiones del 6to Tribunal de Garantía.
La primera medida en revocarse fue la de no decretar prisión preventiva para los nueve detenidos; la segunda, la de acceder a una pena sustitutiva mediante el pago de una caución en el caso de la última formalizada. El resultado, diez personas más quedan en prisión preventiva a la espera que se realice una investigación que, en primera instancia, durará noventa días.
Pasado las 16:30 horas de este martes 9 de julio, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones decidió acoger la solicitud de los abogados querellantes del Ministerio Público, Claudio Orellana y del Ministerio del Interior, Francisco Castro, de revocar la decisión de la jueza Paula Brito del 6to Tribunal de Garantía de Santiago quien, no estableció sus prisiones preventivas, tras declarar ilegales sus detenciones. Todo en el marco de una investigación por colocación de dos artefactos explosivos, iniciada en diciembre de 2023.
A estas diligencias, se sumó la audiencia de una última detenida, cuya formalización realizada ayer, lunes 8 de julio, culminó con una apelación, también en la Corte de Apelaciones, por parte de los querellantes quienes, pedían revisar las condiciones de su medida cautelar. En ese sentido, los abogados querellantes consiguieron que se revocara la pena sustitutiva otorgada por el 6to Juzgado de Garantía de Santiago, que le permitía esperar fuera de la cárcel la ejecución de su juicio, mediante el pago de una caución de un millón de pesos. Finalmente, la Segunda Sala decretó su permanencia en la cárcel y fijó en noventa días el plazo de investigación, tanto para este caso como para los nueve detenidos en el espacio comunitario.
En definitiva el operativo del OS9 de Carabineros deja un resultado de doce personas en prisión preventiva, en un procedimiento cuestionando desde distintas voces defensoras de derechos humanos.
En resumen las críticas se centran en la participación y en la celeridad con la que el gobierno dio sus declaraciones, incluso antes de ser revisadas la legalidad de la detenciones por parte de un juez de un tribunal de garantía.
«Fue evidente la presión política»
A esto se refirió la abogada de uno de los detenidos en la Radio Villa Francia, María Rivera, tras recibir el revés de la revocación: «Lo lamentamos porque fue evidente la presión política, que cuando a nosotros nos dicen que aquí hay separación de poderes, no es cierto. Necesitamos urgente exigir la separación de los poderes», declaró.
Por su parte, Nicolás Toro, defensor de otro de los allanados, se refirió al carácter político del procedimiento: «Ahora aumenta lamentablemente el número de presos políticos en nuestro país», aseguró.
Además, cabe destacar que, previo a conocerse el fallo, mientras esperaba la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, la abogada María Rivera, tuvo un tiempo para conversar con los medios de comunicación y referirse a la sorpresiva presentación de nuevos antecedentes por parte del Ministerio Público, respaldado por el Ministerio del Interior:
«Nos encontramos con sorpresas, el Ministerio Público apareció con muchos detalles que no existieron al momento del control de la detención. Personalmente, planteé que lamentaba que el Ministerio Público en el siglo XXI, con la tecnología existente no haya contado, habiendo iniciado esta investigación en diciembre del 2023, con una mínima cámara que grabara y dejara evidencia de lo que, suponen ellos, habrían encontrado», señaló Rivera.
Finalmente, tras el fallo, los defensores de los imputados no adelantaron sus próximas acciones legales, pero sí, señalaron que es probable que se amplíe el plazo de investigación, y que sus objetivos se centrarán en tener un buen desempeño en el juicio. Razón por la cual hicieron un llamado a mantener la atención y la organización ante el largo y difícil panorama judicial tras los allanamientos.
Revisa las declaraciones de María Rivera durante la tensa jornada en la Corte de Apelaciones.
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Formalización lunes 8 de julio
Respecto a las formalizaciones aplazadas para el lunes 8, a eso del mediodía de ayer, el juez del 6to Tribunal de Garantía, Juan Pablo Contreras, decretó prisión preventiva para el detenido que se hallaba en el hospital, por una fractura expuesta, tras la presentación de antecedentes del fiscal del Ministerio Público, Claudio Orellana, secundado por Francisco Castro, abogado querellante del Ministerio del Interior.
Además, el juez Contreras, ordenó un plazo de investigación de noventa días para esclarecer la participación de este detenido en el delito de colocación de artefacto explosivo, en diciembre de 2023.
El mismo plazo para investigar se ordenó para la segunda persona formalizada, cuya medida cautelar decretada, vía pago de una caución de 1 millón de pesos, se volvía a discutir esta mañana, junto con las nueve apelaciones pendientes.
Revisa los antecedentes de esta información en el reporte: NUEVE DE CATORCE DETENCIONES FUERON DECLARADAS ILEGALES TRAS LOS ALLANAMIENTOS DEL 6 DE JULIO EN SANTIAGO, que preparamos sobre la audiencia de detención y formalización de cargos tras el operativo.
Una granada de mano devenida en bomba lacrimógena, un registro GoPro desaparecido y nueve detenciones declaradas ilegales. Estas son las contradicciones del relato del Ministerio Público y del Interior que los defensores de los detenidos en los allanamientos expusieron durante la audiencia de formalización.
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