Nueve de catorce detenciones fueron declaradas ilegales tras los allanamientos del 6 de julio en Santiago
Escrito por Joceline Videla el julio 7, 2024
Audiencia de Formalización, allanamientos en Santiago
En colaboración con Natalie Gibert,
Carolina Sandoval, Muros y Resistencia
Javiera Barría, Radio JGM
En una extensa y mediática audiencia de formalización, el 6to Juzgado de Garantía de Santiago declaró ilegales la mayoría de las detenciones efectuadas en distintas comunas la madrugada del sábado 6 de julio, además dicho Tribunal negó aplicar todas las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público, cuyo relato en voz de fiscal Claudio Orellana, no cumplió con el estándar que se requiere para acreditar la mayoría de las acusaciones.
La madrugada del pasado sábado 6 de julio, cuatro comunas de la región metropolitana fueron objeto de una simultánea y vistosa operación policial dirigida por efectivos del OS9 de Carabineros, quienes allanaron distintos inmuebles ubicados en Maipú, Santiago, La Granja y Estación central, entre ellos las dependencias del medio comunitario Radio Villa Francia, en las horas previas a lo que sería la conmemoración de la muerte de Luisa Toledo, emblemática dirigente popular, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura.
Vehículos blindados, carros lanza aguas y lanza gases fueron registrados por vecinos y dirigentes, antes de las 6 am, a las afueras del comedor popular Luisa Toledo en Villa Francia, hasta donde llegaron equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP), por una orden de Fiscalía en contexto de la investigación por 2 delitos de colocación de artefacto explosivo, uno a una automotora, y otra a un vehículo policial, ocurridos en diciembre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente.
De los catorce detenidos que arrojó el operativo, trece fueron formalizados por infracción a la ley de armas, y uno, por infracción a ley de drogas. Según los relatos de los abogados defensores y del fiscal del Ministerio Público, Claudio Orellana, nueve de las personas detenidas, se encontraban durmiendo en las dependencias de la Radio Comunitaria Villa Francia; cuatro fueron detenidas en sus domicilios allanados y una última persona requerida sufrió un accidente de tránsito al enterarse de la noticia del allanamiento al domicilio de sus padres, resultando con una fractura expuesta la que, estaba a punto de ser intervenida al momento de la formalización.
La audiencia de formalización
Jueza Paula Brito, 6to Juzgado de Garantía de Santiago
A pesar de que la audiencia estuvo a punto de ser aplazada para los otros trece formalizados, por petición del fiscal Orellana, quién pidió más tiempo para reunir antecedentes, ésta comenzó en el 6to Juzgado de Garantía de Santiago, cerca de las 18.00 horas del pasado sábado 6 de julio, y se extendió por cuatro horas. En medio de una sala repleta de formalizados, querellantes, defensores, familiares, gendarmes, guardias, prensa y cámaras, la jueza Paula Brito escuchó las acusaciones de la fiscalía, secundadas por el querellante del Ministerio del Interior, Francisco Castro.
De las catorce personas detenidas, en nueve casos la jueza Paula Brito declaró ilegales las detenciones, sin embargo, estas personas no fueron puestas en libertad ya que el Ministerio Público insistió, invocando a la Corte de Apelaciones para que revise la decisión de la jueza Brito, consiguiendo que las personas quedaran recluidas en la zona de Tránsito de cárcel Santiago 1 hasta que la corte se pronuncie. Lo que se estima sucederá durante la próxima semana.
Las nueve personas fueron detenidas ilegalmente en dependencias de Radio Villa Francia, donde se encontraban durmiendo y a quienes el fiscal Orellana atribuyó una lista de armamento encontrado en el espacio, contenidos en un bolso, o más de uno, dato que no fue totalmente aclarado en su exposición.
Las defensas por su parte, repararon en esto último, y en las diferencias en los testimonios que entregaron efectivos a cargo de la incautación, basándose en los antecedentes de la carpeta investigativa que otorgó el propio fiscal.
Contradicciones en el relato del Ministerio Público
La presentación de los antecedentes de detención que dio el Ministerio Público, en voz del fiscal Orellana que hablaba del hallazgo de armamento de diverso calibre, municiones, material para generar explosivos y hasta de la presencia de una granada de mano, se cuestionó en más de una oportunidad por parte de los defensores.
En primer lugar, con respecto al hallazgo del armamento en la radio, un parte policial reprodujo los testimonios de dos efectivos que vieron un bolso cerrado, del cual, uno de ellos habría inferido que tenía armas. Más tarde el fiscal Barros agregó el testimonio de otra efectivo que, a diferencia de los anteriores, señaló que las armas estaban a la vista. Durante la audiencia no se presentaron imágenes del armamento, ni del bolso o los bolsos, en cuestión.
Para estos casos, el principal argumento que usaron los defensores fue el de insistir en que las personas no vivían ahí, que estaban haciendo uso del espacio comunitario para reunirse en una fecha que, además, es significativa para el barrio, y que por lo mismo no se les podía acreditar la propiedad de lo incautado.
Por no contar con el estándar mínimo que exige la ley, esto es, que se clarifique la propiedad de las armas, la jueza decretó ilegales las nueve detenciones y rechazó el ingreso a la cárcel de los detenidos, quienes sí quedaron privados de libertad en Santiago 1 a la espera de que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía, apenas fueron refutadas las detenciones.
De granada de mano a bomba lacrimógena y otras detenciones
Otro punto que llamó la atención durante la audiencia fue la supuesta presencia de una granada de mano, mencionada al comienzo de la intervención del fiscal Orellana, y que, según declaró del general Jaime Velasco Bahamondes, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, que han circulado por distintos medios de comunicación, se trataría de una “granada artesanal, pero que contiene efectivamente pólvora negra y tenía su respectivo detonador. Por lo tanto, lo hace un explosivo altamente peligroso capaz de matar a alguna persona”, no era más que una bomba lacrimógena, hallada sobre un refrigerador en el domicilio de una detenida. Si bien está prohibida su posesión, por ser un artefacto de Carabineros, reviste sólo una infracción menor, por lo que la jueza Brito decretó arresto nocturno y arraigo nacional.
Otra de las personas que recibió las mismas medidas cautelares, pertenece a la comuna de Maipú y fue acusada por tenencia de municiones balísticas en un calcetín. Imputación que fue cuestionada por su abogado defensor, Lorenzo Morales, quien alegó que el registro audiovisual del ingreso a ese inmueble, en particular, no figura en la carpeta investigativa.
Ello, luego de que una de las efectivos policiales presentes en el allanamiento fuese consultada por un familiar del detenido, acerca de la cámara GoPro que grababa el procedimiento, a lo que la funcionaria policial entregó el N° del dispositivo. Sin embargo, este registro de ingreso no figuraba en la carpeta investigativa al momento de la formalización. Ante lo cual, se le pidió cuentas al fiscal, quien respondió que no sabía de su existencia.
La misma suerte no corrió un tercer detenido al que se le encontraron 250 gramos de marihuana en su domicilio y municiones, por lo que se formalizó por infracción a ambas leyes, de drogas y de armas, decretándose prisión preventiva y un plazo de noventa días para investigar.
Para el lunes 8 de julio, a las 11 de la mañana quedaron aplazadas las cuarta y quinta audiencias de formalización: una por el detenido en el hospital y otra por una detenida en el barrio Yungay, acogiéndose la petición para aportar más antecedentes, realizada para el último caso.
«Una investigación policial con bastante aspavientos»
Luego que se decretó el arresto nocturno y el arraigo nacional de su defendido, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales se refirió a los allanamientos en general, señalando que todo se trató de, “una investigación policial con bastante aspavientos”.
Además, el defensor atribuyó los allanamientos a una maniobra de este gobierno, señalando que se trataría de su primer montaje político dirigido en contra de luchadores sociales: “Los hechos son sorprendentes por la poca prolijidad del Ministerio Público y aparte por la falta de investigación previa. Son imputaciones al voleo. Yo lo lamento porque este es el primer montaje político social del gobierno de Boric. Lo digo con bastante responsabilidad. Ellos se ufanaron toda la tarde de esta investigación. Esta no es una investigación, esta es una pseudo investigación que finalmente quería atrapar a jóvenes que luchan”.
Un operativo, cuyos resultados hasta ahora han sido, justamente, aplaudidos por parte de La Moneda, en voz de la ministra del Interior Carolina Tohá y de la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo.
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