Para el Consejo de la Unión Europea existen un total de once paraísos fiscales, pero los criterios dependen de cada gobierno. En el noticiero internacional Radar: Amplificando ecos de otros mundos, hablamos sobre los paraísos fiscales, su relación con el secreto bancario y la desigualdad en las sociedades.

Gastón Villarroel Godoy

En la década de los cincuenta comienza a acuñarse el termino paraíso fiscal. Pese a eso, no se sabe bien el porque ni el cómo de su origen. Nuria Domínguez en El misterioso origen de la expresión “paraíso fiscal” menciona que el investigador Rafael Sanz le atribuye el origen de este termino en español, a la traducción errónea proveniente del idioma inglés.

Un paraíso fiscal se podría definir como un país o localidad que ofrece condiciones muy ventajosas a fondos extranjeros. El guardar dinero en esos países se vuelve beneficioso, debido a que hay una baja intervención del Estado en cuanto a los impuestos. Operan como un método de evasión por parte de los super ricos en términos fiscales.

Unos ejemplos de paraísos fiscales son: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Bermudas, los Países Bajos, Suiza, Irlanda, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Además, la Unión Europea tiene un conteo de un total de once países no cooperadores a efectos fiscales.

Principales características de los paraísos fiscales

Los paraísos fiscales cuentan con lo que se conoce como el secreto bancario, que en palabras del economista del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, se refiere a que la información requerida a los depósitos y captaciones que reciben los bancos deben ser mantenidas en secreto. “Esa información solo puede ser de conocimiento por parte de los dueños del dinero transferido y a quienes ellos hubiesen autorizado la transferencia», dijo Juan Ortiz.

Otras particularidades son los impuestos mínimos o nulos en algunos casos, la divulgación mínima de información y la falta de obligaciones de transparencia. A esto se le añade la ausencia de presencia local y comercialización de vehículos de paraísos fiscales.

El economista Juan Ortiz destaca además la falta de transparencia en la aplicación de la ley respecto a información referida por autoridades, para tener una obligación por parte de contribuyentes y registros contables. «Otra característica es la existencia de leyes o prácticas administrativas que implican el intercambio de información entre los contribuyentes beneficiaros con nulo o bajo impuesto con respecto a otras naciones. Es decir, que en la práctica exista poca transparencia y capacidad de intercambio de información de este país respecto a otros. Además de la no exigencia de actividad real o particular empresas domiciliaras en la jurisdicción fiscal».

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) considera un total de 105 territorios o jurisdicciones con un régimen fiscal preferente.

Pandora Papers y Panamá Papers

En la última década han habida filtraciones masivas de documentos que dejaban en evidencia cómo súper ricos y políticos de diversos países hacían uso de estos paraísos fiscales. Los casos más conocidos han sido los Pandora Papers (2021) y los Panamá Papers.

Los Pandora Papers fueron resultado de una de las colaboraciones periodísticas más grandes de la historia. De acuerdo a CIPER: “Son 11.903.676 documentos que pesan 2,94 TeraBytes. En su mayoría los archivos fueron creados entre 1996 y 2020, aunque algunos vienen desde 1971”.

Entre las personas que aparecieron en estos documentos, se contabilizan 336 políticos y funcionarios públicos de 90 países y 130 billonarios de 45 países. En Chile, los casos que más se destacaron fueron el de la transa entre las familias Piñera y Délano de la Minera Dominga , donde se estipulaba en el contrato de compraventa de que se haría efectivo el trato siempre y cuando no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.  También se revelaron sociedades offshore de las familias Cueto Plaza (accionistas de Latam), Errázuriz Ovalle (dueños de CIDEF y una decena de otras empresas) y Cortés Solari (accionistas de Falabella).

Por su parte, los Panamá Papers fue la   de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios que fundaban y establecían compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que ocultaran la identidad de los propietarios.

En su capítulo chileno, la firma de abogados habría creado al menos 200 entidades offshore vinculadas a chilenos y chilenas o a extranjeros con inversiones en el país. Allí se encontraron negocios de Alfredo Ovalle Rodríguez (ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA);  Isidoro Quiroga Moreno (quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado); Agustín Edwards Eastman (ex propietario de El Mecurio; Hernán Büchi Buc (ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y ex director de Soquimich); la familia Calderón Volochinsky (controladora de la empresa de retail Ripley), entre otras.

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