Ocho claves para entender el proyecto de reforma al Código de Aguas

Pese a la lucha que han dado distintas organizaciones sociales y medioambientales por garantizar el agua para consumo humano y plantear políticas que frenen el acaparamiento y transacción del recurso hídrico, el proyecto aún se encuentra lejos de ser aprobado en términos favorables para la gran mayoría de la población y no sólo de los empresarios.

Presiones empresariales, intereses cruzados en el Congreso y promesas incumplidas del gobierno son sólo algunos de los factores que han dificultado una modificación a la ley vigente. En Radio JGM te damos 8 claves para entender en qué está el proyecto de reforma actualmente, quiénes son los principales actores en pugna y cómo se vislumbra el futuro de la ley.

1. El Código de Aguas vigente desde 1981

 El actual Código de Aguas data de 1981. El 29 de octubre de ese año el Diario Oficial publicó el Decreto con Fuerza de Ley (DLF) 1.122 que establecía un nuevo marco regulatorio para el agua en Chile. Como toda la política económica del momento, importada por el dictador Augusto Pinochet directamente desde Estados Unidos, dicho código se cimentó sobre las bases de un modelo neoliberal enfocado en hacer del agua un negocio.

A juicio del abogado ambientalista y director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, “se incorporó el agua dentro de todo un sistema mercantilista, donde se entregaban al mercado las transacciones y disposiciones de agua. Quien solicitaba agua no tenía necesidad de fundamentar para qué lo quería, ni en cuánta cantidad, o sea se hacía una petición y el único rol de la Dirección General de Aguas (DGA) era decir si había o no caudal disponible”.

El informe “Diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en Chile”, elaborado por el Banco Mundial en 2011, señala que entre 2005 y 2008 hubo más de 20.000 transacciones de compraventa de Derechos de Agua (DAA) por un valor estimado en 4,8 billones de dólares.

Montenegro asegura que en ese entonces el agua quedaba entregada totalmente a la libre petición del interesado, sin tener que justificar para qué la necesitaba ni en qué cantidad, y que tampoco existía una fiscalización para determinar si efectivamente esa persona hacía uso del agua.

“Se dieron muchos casos en que las personas no usaban el agua, o usaban una cantidad menor, y lo demás lo vendían o negociaban, arrendaban, entonces era un sistema obviamente arbitrario y perjudicial en que unos pocos detentaban las aguas en la medida en que todavía podían solicitarlas”.

El abogado ambientalista sentencia que el sistema instalado en dictadura fue tan “arbitrario y perjudicial” que terminó por establecer que unos pocos detentaran las aguas (en la medida en que aún había caudal disponible), además de ser un negocio en el que el agua se iba valorizando y negociando a precios muy altos.

De esta manera, un código que prometía favorecer el acceso al agua por medio de un mecanismo amplio y transparente, terminó siendo un nuevo trampolín para que empresarios de diversos sectores vieran en el agua el futuro de sus caudales.

2. Primer intento de reforma el año 2005

Desde el retorno a la democracia hasta el año 2012 hubo nueve proyectos de reforma al Código de Aguas, y una cantidad mucho mayor de mociones parlamentarias para su modificación. Sin embargo, sólo uno de esos proyectos fue medianamente exitoso en el largo plazo: se trata del proyecto de ley que presentó el presidente Patricio Aylwin en 1992 y que tras 13 años de tramitación se transformó en reforma el año 2005.

Montenegro es tajante en señalar que “la gran reforma que se anunciaba del año 2005 no fue tan gran reforma, porque no modificó los aspectos fundamentales de la legislación vigente. No se modificó el concepto general de aprovechamiento de agua, no se modificaron los derechos consuntivos y no consuntivos, no se establecieron requisitos para hacer uso de las aguas”.

En la misma línea Rodrigo Faúndez, Coordinador Metropolitano del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), considera que se trató de una reforma “cosmética” que más bien vino a “agilizar las transacciones de agua”, disminuyendo el acaparamiento ocioso y la especulación “pero sin tocar la propiedad ni ninguna de las situaciones críticas que se habían vislumbrado ya en ese momento en diversos territorios del país”.

En definitiva, la reforma del 2005 estableció tres cambios relevantes. El más discutido de todos fue la instauración de una patente por no uso del agua, es decir, quienes acapararan derechos de aprovechamiento de agua (DDA) sin utilizar tendrían que comenzar a pagarle un monto a la DGA. También se incluyeron la necesidad de fundamentar las solicitudes de aprovechamiento y el establecimiento de “caudales ecológicos” para proteger las cuencas hídricas con déficit.

3. La gota que rebalsó el vaso: robo de agua en Petorca

El año 2011 en la provincia de Petorca estalló el primer conflicto por el agua que trajo consecuencias parlamentarias. El 23 de febrero de ese año la DGA sentenció en el Informe Preliminar Nro. 48 que grandes empresas agrícolas drenaban y desviaban ríos para literalmente “robar agua”.

El informe, firmado por la analista fiscalizadora de la DGA, María Inés Cartes, señala que en el estero donde se ubica el predio El Cóndor, de propiedad del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, “se pudo constatar la modificación del cauce de dicho estero con motivos de la plantación de árboles frutales”.

A partir de esa grave acusación, sumado a las movilizaciones que levantaron los vecinos de Petorca junto con el movimiento Modatima, la Cámara sesionó el 20 de abril para discutir acerca de la crisis hídrica que azotaba la zona. “Como Modatima empezamos a ir al Parlamento a emplazar y plantear esta situación, algunos parlamentarios hicieron eco y finalmente se creó una comisión investigadora”, cuenta Faúndez.

En noviembre del mismo año un grupo de diputados anunció la conformación de una “Bancada Transversal por el Agua”, cuya primera tarea fue presentar una moción parlamentaria para la creación de la Comisión Permanente de Recursos Hídricos y Desertificación, la que se hizo cargo de continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Especial de Sequía y la Comisión Investigadora de Extracción Ilegal de Áridos y Aguas.

4. La promesa incumplida de Bachelet

Corría mayo del 2014 y la presidenta Bachelet se aprestaba a dar su primera cuenta pública del segundo mandato. Inesperadamente, la presidenta anunció lo que organizaciones medioambientales y comunidades esperaban de hace un tiempo:

«No se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua. Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas», señaló Bachelet en ese momento.

Sin embargo, el gobierno demoró mucho más de lo previsto en enviar el proyecto al Congreso: estaba comprometido para el 4 de agosto de 2014, pero recién el 8 de octubre se dieron a conocer las modificaciones. Lo anterior generó molestia y especulaciones desde el mismo gobierno y organizaciones medioambientales que llevaban años esperando la modificación.

Rodrigo Faúndez comenta que el 2014 el gobierno “si bien anuncia (el proyecto de reforma al Código de Aguas) grandilocuentemente, en la práctica eso no es tal, porque meses más tarde ingresa una indicación sustitutiva que lo que hace es tirar por la borda todo el debate de 4 años anteriores y plantear una nueva discusión”.

Así las cosas, el proyecto de Reforma al Código de Aguas se rediscutió durante casi exactos dos años más, en medio de críticas de sectores conservadores, indefiniciones del gobierno e intervenciones de organizaciones ambientales para lograr cambios estructurales.

5. Conflictos de interés en el Parlamento

La discusión en la Cámara del 22 de noviembre de 2016 fue álgida. Parlamentarios de todos los sectores políticos debatieron una a una las indicaciones del proyecto, que en definitiva se aprobó con 63 votos a favor y 32 en contra. Adicionalmente, 10 diputados decidieron inhabilitarse por intereses personales cruzados con la legislación.

Uno de ellos fue el diputado Ramón Barros Montero (UDI). Pese a que el parlamentario no votó el proyecto en sala, sí tuvo participación en la discusión que se dio al interior de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara Baja, de la cual es miembro permanente pese a contar con dos empresas agrícolas dentro de su patrimonio: Agrícola y Ganadera Todos los Santos Sociedad Anónima y Agrícola Barros Montero Limitada, además de las inmobiliarias Malbec Limitada e Inmobiliaria Viloalle Limitada.

Mientras se discutía el proyecto de reforma al Código de Aguas en esta comisión, Barros Montero declaró al medio El Dínamo que este proyecto “obedece más bien a una cuestión ideológica de que el Estado haga uso de los recursos que son constitucionalmente de los agricultores”.

Ignacio Urrutia Bonilla, diputado UDI por las comunas de Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Pelluhue y Retiro, de la Región del Maule, es otro de los parlamentarios que se ha opuesto a algunas de las transformaciones del nuevo proyecto. Durante la sesión del 22 de noviembre el parlamentario declaró que el fin de los derechos a perpetuidad frenará las inversiones en el sector agrícola. “¿Qué seguridad tiene un agricultor con una concesión? ¡Cero! Por lo tanto, se acaba la seguridad jurídica”, sentenciaba el diputado.

Urrutia Bonilla, de familia de agricultores, posee siete empresas pertenecientes al rubro: Sociedad Agrícola y Ganadera Villa Rosa Limitada; Sociedad Ganadera y Comercial Parral Sociedad Anónima; Agrícola y Ganadera El Ciprés Limitada; Agrícola Palomar Limitada; Agrícola Mira Ríos; y Agrícola Cuñao, sociedad a través de la cual el parlamentario recibió 1650,84 UF ($41,2 millones) gracias a la bonificación de la Ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, según consigna un reportaje de Ciper.

Al igual que Barros Montero, el diputado Urrutia es miembro de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, donde ha participado en la discusión de múltiples proyectos de ley relacionados con su rubro empresarial. Durante la votación en sala, el diputado Urrutia no se inhabilitó de votar y junto con la bancada de su sector rechazó parte de las indicaciones del proyecto.

Consultado por Radio JGM acerca de su participación en empresas del rubro agrícola mientras desempeña labores parlamentarias, Urrutia descartó conflictos de interés en este proyecto en particular en tanto “no toca a los antiguos (derechos), por lo tanto, a mí no me afecta en nada”. Sobre la posibilidad de que el proyecto afecte futuros negocios en el rubro, el diputado se limitó a reiterar que “no puedo inhabilitarme de algo que no me afecta ni directa ni indirectamente”.

6. Lobby y presiones empresariales

Uno de los principales frenos que ha tenido el proyecto durante toda su tramitación es la férrea oposición de ciertos sectores empresariales, fundamentalmente del agrícola. Por lo mismo, el gobierno y organizaciones sociales han denunciado una verdadera “campaña del terror” desde el sector agrícola del país.

Dentro de los grandes actores que han estado en contra del actual proyecto de reforma al Código de Aguas se encuentra la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), con una arremetida digna de una entidad que nació sólo cuatro años más tarde que la República.

En declaraciones a La Tercera el 3 de agosto de 2016, Patricio Crespo, expresidente de la institución, lo comparó con la Reforma Agraria del ex presidente Eduardo Frei Montalva, acusando que se trata de un proyecto ideologizado que genera incertidumbre en el sector. Medio siglo después, Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA, defiende los derechos de propiedad que tienen los agricultores sobre el agua tal y como si se tratara de un departamento:

“Esto es lo mismo que si usted es dueña de un departamento y yo le digo ‘no se preocupe, el departamento va a ser suyo, va a ser una concesión, pero usted lo va a poder ocupar, así que viva tranquila. Pero dos cosas: a los 30 años eventualmente se lo voy a quitar, porque la concesión se termina y, segundo, en el intertanto de estos 30 años yo funcionario voy a poder ir a revisar si usted está usando bien o mal el departamento’”.

Sin embargo, la campaña mediática de la SNA está lejos de ser el único obstáculo para aprobar el proyecto. Rodrigo Faúndez explica que la misma composición del Parlamento es hoy un impedimento para hacer transformaciones: “más allá de las presiones empresariales son los mismos diputados, y los senadores más aún, quienes tienen intereses de por medio”, señala el sociólogo.

En referencia a la misma situación la senadora Muñoz dijo entender “que habrá sectores que intentarán dilatarlo (el proyecto) con hartas ganas de que llegue un gobierno de derecha nuevamente y que lo metan en el cajón del olvido, pero eso va a ser una pelea que hay que dar”.

Junto a la SNA, otra de las organizaciones que encabezó el lobby en la Cámara de Diputados fue la Confederación de Canalistas de Chile (Conca); entidad que representa a las 4 mil organizaciones de usuarios de agua privadas que existen actualmente en el país. De las 16 audiencias concretadas con parlamentarios, nueve corresponden a la Conca, una a la Junta de Vigilancia del Río Ñuble y las otras seis se reparten entre el sector minero y energético.

Fernando Peralta Toro es presidente de la CONCA y Director de Alhsud Chile, organismo dedicado a la difusión y debate en torno a la gestión de recursos hídricos. Peralta sostiene que la actual modificación en trámite del artículo 19º numeral 23 de la Constitución que declara todas las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público, “implica una intención del legislador de allanar el camino efectivamente para expropiar los derechos, puesto que si son declarados de utilidad pública se sigue de ahí que pueden ser expropiados”.

Matte y Peralta concuerdan en que hay que modificar el Código de Aguas y ambos muestran interés en revisar ciertos puntos del proyecto referentes al reconocimiento del derecho humano al agua y a las prioridades en el uso. Sin embargo, para ambos es innecesario “atentar” contra el derecho de propiedad y aprovechamiento del agua.

7. El proyecto en la actualidad

Recién el 22 de noviembre del año pasado el proyecto de reforma al Código de Aguas fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados. En conversación con Radio JGM, Tatiana Celume, asesora legislativa de la DGA, cuenta que una vez aprobado el proyecto el espíritu del gobierno apuntaba precisamente a abrir el recurso hídrico hacia nuevos usos, no necesariamente comerciales.

Para la abogada ambientalista esta reforma va muy en la línea de lo que se hizo el año 2005, y responde también a la necesidad de terminar con el acaparamiento ocioso del agua, dinamizar y modernizar el mercado. “La obligación para utilizar las aguas está bajo la figura de una patente por no uso a partir del año 2005, lo único que nosotros hacemos es generar una sanción para eso, y esa sanción tiene la lógica de que se extinga para que vuelva a integrar parte de la disponibilidad”, explica.

Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, el tramitado proyecto ingresó a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado; instancia donde se realizaron audiencias públicas para que agricultores, mineros y también empresarios dieran a conocer sus puntos de vistas, favorables o no, al proyecto.

Posteriormente se abrió un período de indicaciones al proyecto de reforma al Código de Aguas que fueron ingresadas tanto por el gobierno como por senadores. Para Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, la mayoría de las indicaciones del ejecutivo dieron “un pie atrás en relación a lo que había sido aprobado en la Cámara”, mientras que algunas de las que presentaron senadores y senadoras “tenían por objeto mejorar el proyecto que venía en la Cámara y, por lo tanto, profundizar los avances”.

Una de las indicaciones más polémicas es la ingresada por el senador DC Jorge Pizarro, que solicita eliminar el uso del agua para usos domésticos y de subsistencia como una prioridad. Para Larraín, esto es “tremendamente complejo en la medida en que uno de los aportes de esta reforma al Código de Aguas es justamente que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento, y establece que el Estado debe garantizar el agua para los usos esenciales”.

Dentro de estos usos también se encuentran los de subsistencia para campesinos, comunidades indígenas y agua potable rural, además del “uso prioritario para la protección de las fuentes de agua con el objeto de que puedan seguir ofreciendo justamente los recursos hídricos para las necesidades humanas”.

Otro de los cambios que preocupan es el que permite que las empresas que tienen agua y no la estén utilizando, puedan mantener de igual forma sus derechos por un período de cinco a diez años.

El programa Chile Sustentable elaboró un video que explica en detalle las 7 indicaciones ingresadas a última hora que harían retroceder el proyecto.

Durante la sesión del martes 2 de mayo la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación comenzó a discutir las indicaciones y se aprobó en general la idea de legislar. En la jornada de este martes 9 de mayo serán votadas las indicaciones en particular.

8. Las proyecciones de la reforma

De acuerdo a la estimación de la propia Sara Larraín y las experiencias anteriores al proyecto, le restan un par de meses para terminar de ser discutido en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

Una vez aprobado en esa instancia debe ser nuevamente revisado por la Comisión de Agricultura del Senado, donde se augura un escenario complejo por las presiones del sector y los intereses de los mismos parlamentarios que integran la comisión.

“Los parlamentarios, principalmente de Chile Vamos, van a tratar de boicotear el proyecto de ley. No nos olvidemos que ya la UDI votó en contra de la idea de legislar, entonces va haber un período de audiencias públicas de la gente que está a favor y en contra, y después se va a empezar a votar de nuevo la reforma y por lo tanto puede ser varios meses más”, explica Larraín.

Una vez sorteado su obstáculo más difícil, la Reforma deberá discutirse en la Comisión de Hacienda y luego probablemente en la de Constitución, por lo que la tramitación no se aspecta ni fácil ni rápida. A juicio de Larraín, “este proyecto de ley tiene por lo menos para un año más” – y con un cambio de gobierno de por medio.