El pasado 7 de agosto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio por dos hechos graves contra la Sociedad Minera Pacifico Sur. La empresa es propietaria de la Mina El Toqui, ubicada a 50 km de la localidad Villa Mañihuales, Región de Aysén. 

El primer hecho se vincula con el proyecto «Crecimiento del Tranque de Relaves Confluencia» (TRC). De acuerdo con el SMA, la empresa no habría ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) las obras, a pesar de haber sido requerida expresamente por la entidad. 

El segundo, tiene relación con el incumplimiento de instrucciones dadas por el SMA al relave Doña Rosa en 2022. Se señala que la empresa no ha catastrado la totalidad de los puntos de monitoreo de los componentes “Aguas Superficiales”, “Aguas Subterráneas” y “Fuente/Control», así como tampoco ha remitido la totalidad de la información sobre los parámetros discretos de calidad de las aguas.

Historial de incumplimientos

Pero este no es el primer conflicto entre la autoridad ambiental y la mina. Anteriormente la empresa ya había cursado tres procesos sancionatorios, en los años 2014, 2015 y 2023. En cada uno de estos casos, se investigaron distintas infracciones vinculadas al manejo de residuos, calidad del agua y afectación a la fauna y comunidades cercanas.

A lo anterior se suma la realización de estudios, tales como el  análisis de los investigadores de la Universidad de Aysén “Sustentabilidad bajo el enfoque Una Salud en la Región de Aysén”, donde se estudia la presencia de elementos tóxicos en los ríos de la región. La investigación incluyó 30 muestras a nivel regional y dos muestras en la zona directa de Mina El Toqui, detectó que en el sector del puente Catedral (de Alto Mañihuales) existían altos niveles de arsénico, un elemento tóxico potencialmente dañino para la salud humana. 

Por eso, desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), llevan una década denunciando la situación. De acuerdo al presidente de la organización y oriundo de Villa Mañihuales, Erwin Sandoval, la población local se ha visto altamente afectada.

“Las Vulneraciones de DDHH que esto está generando, son intolerables. Todo esto está generando vulneración de derechos humanos en los habitantes de la zona, entonces debemos poner un freno. Ha existido desidia por parte de todos los sectores políticos, las responsabilidades son transversales a todos los partidos políticos”, afirmó.

Los otros procedimientos

La Sociedad Contractual Minera El Toqui, propiedad de la multinacional belga Nyrstar, se instaló en Alto Mañihuales en 1983 e inició sus operaciones de extracción de zinc y plomo. Las alertas por sus posibles efectos daños medioambientales surgieron en 2014, tras la denuncia de la muerte de peces en el río Toqui, ubicado en las cercanías del centro de operación de la mina. El SMA inició un procedimiento sancionatorio porque la empresa no habría llevado a cabo las acciones necesarias para controlar y mitigar la situación. Sin embargo, este procedimiento acabó sin ninguna sanción. 

Luego, en 2015, la minera fue sometida a un nuevo procedimiento por los efectos del TRC. Una investigación realizada por el SAG detectó valores significativos de arsénico y plomo en animales cercanos a la minera. Asimismo, el Instituto de Salud Pública realizó un análisis de muestra de orinas a 35 pobladores aledaños al TRC. Del total, 7 presentaron niveles de arsénico superiores al umbral definido como riesgoso para la salud (35/ugL). Por esto, el SMA determinó sancionar a la empresa con una multa de 2637 U.T.A, por hechos calificados como graves y gravísimos.

Aunque esta vez se logró una sanción, para muchos habitantes la respuesta fue insuficiente. De acuerdo con Oscar Ainol, habitante de Puerto Aysén y Consultor Local de proyectos en EcoPatagón SpA, la fiscalización no ha sido eficaz.  “El relave ni siquiera se puede contener en periodos de lluvias importantes. De hecho la evidencia y las medidas de control son absolutamente infantiles. La fiscalización para que sea efectiva, debe ser en el momento de la ocurrencia, no cuando los profesionales tengan tiempo”, afirmó. 

Con el tiempo la situación no mejoro: en 2023 la mina El Toqui volvió a sufrir un procedimiento sancionatorio. Esta vez, debido a cuatro hechos, tales como realizar disposición de aguas de contacto y sedimentos de relave en un área no autorizada o no realizar la limpieza de la Piscina de Sedimentación. Este procedimiento se encuentra en curso. 

La continuidad de las operaciones de la mina, pese a los antecedentes ambientales y sanitarios, levanta nuevas preguntas sobre la eficacia de la fiscalización estatal, el acceso a la información ambiental y la responsabilidad del Estado frente a comunidades afectadas por actividades extractivas.

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