Las denuncias por violencia escolar siguen en alza en las escuelas de Chile, las que alcanzaron la cifra de 8.509 en 2024. Durante este año, distintos hechos, como balaceras o amenazas de tiroteos, han encendido las alarmas en la comunidad educativa. Mientras las autoridades discuten iniciativas para mejorar la convivencia escolar, profesores, apoderados y estudiantes mantienen sus demandas para solucionar esta crisis que desborda los protocolos existentes.

–Camila Vidal y Nicolás Pradenas

Los hechos de violencia escolar en Chile han aumentado significativamente durante los últimos años, lo que genera preocupación en la seguridad de los estudiantes y los trabajadores de la educación. Recientemente, se han constatado varios casos de riñas violentas entre estudiantes, amenazas de tiroteo en escuelas de las regiones del Biobío y la Araucanía. Uno de los hechos más graves fue la balacera en el Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de la Paz el pasado 29 de mayo, donde tres jóvenes resultaron lesionados.

Aumento de denuncias

Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2024 se denunciaron 8.509 casos de maltrato escolar, lo que representa un alza de 10% con respecto al año anterior, cuando se reportaron 7.755 denuncias. Además, solo en el primer trimestre de este año ya se han contabilizado 840 hechos de esta índole, lo que refleja la urgencia de este problema.

Junto con esto, un estudio de la Defensoría de la Niñez de 2024 reflejó que un 13,8% de niños, niñas y adolescentes (NNA) colocó al acoso escolar entre compañeros como una de sus principales preocupaciones, lo que se ha mantenido desde la aplicación de esta encuesta en 2019.

La preocupación no se limita únicamente a los hechos de violencia como tal, sino que apunta a causas estructurales que los generan. Es por estos motivos que la comunidad escolar demanda soluciones efectivas de las autoridades que, más que ser exclusivamente reactivas, puedan prevenir estos conflictos en el aula.

Perspectivas desde la comunidad escolar

Los efectos de la violencia escolar no solo repercuten en estudiantes, pues también afectan a profesores y apoderados, puesto que dan cuenta de las consecuencias emocionales y la sensación de desprotección ante situaciones graves, como lo han sido últimamente las amenazas de tiroteos a estos establecimientos.

Marta Corssie, apoderada del Colegio Santa Bernardita de Talcahuano, relata que su hijo de 14 años fue uno de los estudiantes afectados por una amenaza de tiroteo ocurrida en su establecimiento. Tras lo sucedido, el estudiante estuvo varios días sin querer asistir a clases, lo que generó preocupación en su familia. “Me enteré de lo que pasó por mi hijo, llegó asustado, diciendo que a algunos compañeros les habían llegado mensajes invitándolos a participar en un atentado”, menciona.

Aunque el colegio activó protocolos internos, como apoyo psicológico y jornadas de conversación, la apoderada considera que estas medidas no son suficientes para enfrentar situaciones de alta gravedad. “Los cambios que me harían sentir más segura, son que se creen protocolos para distintas situaciones de violencia graves, que puedan identificar a los niños y niñas que realizan estas amenazas antes de que la situación escale y se converse con el estudiante y su familia”, refuerza la apoderada.

La profesora Victoria Gómez, con 18 años de experiencia en un colegio particular subvencionado, también cuestiona las respuestas institucionales frente a estos escenarios. Si bien reconoce que en su establecimiento los hechos de violencia han sido aislados, comenta que “los profesores se sienten vulnerados, no sienten apoyo desde el cuerpo directivo ni tampoco de los apoderados”.

Ley Aula Segura

También afirma que, pese a que tienen conocimiento de la ley Aula Segura, nunca se les ha capacitado para enfrentarse a situaciones complejas de violencia escolar, ya sea entre los propios estudiantes o hacia profesores. “Nunca hemos recibido capacitación para manejar estas situaciones, solo nos socializan el reglamento de convivencia, pese a que nuestro sindicato le ha pedido tres veces al colegio capacitación en estos temas”, señala.

Posteriormente, la docente explica que muchas veces no se ha podido aplicar aquella ley debido a la cantidad de evidencias requeridas. “Tenemos salas con hasta 45 estudiantes, muchos de ellos con necesidades educativas especiales. El tiempo no alcanza para cumplir con todo lo que se exige: protocolos, entrevistas, seguimiento y registro de evidencias”, asevera.

Salud mental de NNA

Uno de los elementos más relevantes al analizar la violencia escolar es el estado de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Según la psicóloga Yanessy Vallejos, el bullying sigue siendo la práctica más común para ejercer violencia, pues es la manera más fácil de excluir a una persona. Sin embargo, remarca la peligrosidad de esto en la adolescencia, debido a que “suele terminar en una sintomatología depresiva e intentos de suicidio por parte de la víctima al no sentirse parte de un grupo y no tener una identidad desarrollada lo suficientemente fuerte para poder enfrentar todo este daño”.

La psicóloga explica que, tras la pandemia, se ha observado un deterioro generalizado de la integración social dentro del aula, así como un aumento de la ansiedad, especialmente entre adolescentes. Lo que se puede complementar con un estudio publicado el 2024 en la revista Frontiers in Education, donde se encuestó a 1.174 estudiantes chilenos entre 10 a 18 años y reveló que el 63,3% de los encuestados manifestó signos de ansiedad, así como también que un 60,2% mostró signos de depresión.

Una crisis estructural

Desde una mirada estructural, Javier Pascual, investigador de la Universidad Diego Portales y director de educación de la organización Momento Ciudadano, añade que estos factores no se limitan exclusivamente al aula, sino también al aumento de la violencia en el entorno global. “No podemos pretender que las escuelas son impermeables a lo que está sucediendo afuera y cuando uno ve que se normaliza la violencia, no es raro que los niños se comporten de la misma manera”, destaca.

Ambos especialistas coinciden en que las respuestas institucionales siguen estando centradas en el castigo, en lugar de medidas sostenidas de prevención. En ese sentido, Vallejos es clara al proponer un cambio de enfoque y comenta que “debería haber más instancias de prevención en los colegios, no solo las intervenciones en crisis que deben tratar los psicólogos educacionales cuando ya haya ocurrido una situación. No basta con calmar a NNA en el momento si no se toman medidas a largo plazo”.

Políticas para la convivencia

Desde el alza de casos de violencia en escuelas posterior a la pandemia, el Ministerio de Educación ha impulsado distintas políticas para fomentar la convivencia. Entre ellas se encuentra la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa en 2024, la creación del programa A Convivir se Aprende, que busca fortalecer las competencias de los equipos de gestión y convivencia escolar en comunas específicas, entre otras.

En ese mismo año, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, iniciativa que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Esta ley busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en el aula, mediante la actualización de reglamentos internos y el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa, incluyendo capacitaciones de la Superintendencia de Educación y la creación del puesto de Coordinador de Convivencia Educativa, el que deberá tener un perfil idóneo para el cargo.

Sin recursos no hay ley

La diputada Mónica Arce (independiente-DC), quien preside la comisión de Educación en la cámara baja, comenta que la ley es un paso necesario para mejorar la convivencia escolar, pero que no podría ser suficiente por sí sola. “Esta ley avanza en definir protocolos y marcos de acción, pero si no va acompañada de recursos, además de la formación docente correspondiente y equipos de apoyo, corre el riesgo de quedarse solo en el papel”, recalca.

La tramitación de la ley ha enfrentado problemas al incluir medidas antidiscriminación. Este aspecto es importante dentro de la propuesta, considerando su antecedente en la ley José Matías, que busca sancionar hechos de discriminación hacia diversidades sexuales y de género en las escuelas. “Hemos tenido que escuchar posturas que no enfatizan en la importancia de hablar de discriminación por orientación sexual, clase social o nacionalidad. Para mí es intransable que la convivencia escolar se construya desde el respeto a la diversidad”, asegura Arce.

Detectores de metales

En paralelo a dicha propuesta, se empezó a discutir en el Congreso un proyecto de ley impulsado por la diputada Marlene Pérez (UDI) que busca autorizar la instalación de detectores de metales en las escuelas, esto ha generado polémica por las consecuencias que podría traer en el ambiente escolar.

Arce se posiciona en contra de la iniciativa y considera que el uso de esta tecnología “transforma los espacios educativos en lugares de vigilancia y estigmatización, como si fueran una ‘cárcel’». Posteriormente, agrega que “necesitamos escuelas seguras desde el enfoque socioeducativo, no desde la lógica carcelaria”.

Javier Pascual, en tanto, plantea que este proyecto no resolvería el problema de fondo de la violencia escolar y que este asunto se debe abordar desde una perspectiva propositiva. “Lo que hay que indagar es si, además de los detectores de metales, se están haciendo cuestiones más sistémicas, si se está abordando este tema con los estudiantes y con los apoderados. Además, genera un clima de inseguridad, genera esta cosa como de que ya no se puede estar seguro ni siquiera en la propia escuela”, afirma.

Tal vez te puede interesar: La radio también es escuela: estudiantes visitan la JGM para aprender sobre lenguaje sonoro

Sigue leyendo en Radio JGM

Postnatal masculino: Una oportunidad para transformarnos desde los cuidados – Radio JGM