Misión Canadiense de Observación de DDHH señala que en Chile la represión es sistemática y masiva

La mañana de este lunes los observadores entregaron en el ex Congreso Nacional los resultados de su investigación en terreno, que contempló un total de 99 personas y 51 organizaciones entrevistadas entre el 18 y el 26 de enero. En el documento manifiestan una clara preocupación, ya que «las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social». 

Foto: Rodrigo Gálvez

Sesenta y cinco horas de entrevistas realizó la Misión Canadiense de Observación de DDHH en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero, para dar cuenta de la situación actual que se vive en Chile en el contexto de protesta social.

Una muestra que engloba a 99 personas de 51 organizaciones, entre las que se consideran la sociedad civil, centrales sindicales, federaciones estudiantiles (secundarias y universitarias), centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo; colegios profesionales (periodistas y médicos), parlamentarios y personeros de gobierno, e instituciones estatales especializadas en Derechos Humanos.

Los resultados preliminares fueron considerados particularmente importantes y preocupantes, ya que «después de tres meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social», señala el documento.

Asimismo, se enfatiza que, pese a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que revelan una disminución en la violación a los ddhh desde el Estado de Emergencia hasta ahora, se advierte que «esta situación continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país. Los datos y testimonios que hemos recogido indican que si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de ésta se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo y aun no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad». 

La misión coincide con los informes anteriores emitidos por  Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH); que la mayor cantidad de violaciones por agentes del Estado son debido a heridas por perdigones y bombas lacrimógenas; violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.); detenciones sin registro (a veces efectuadas por policías de civil); golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; utilización masiva de gases lacrimógenos, que regularmente sofocan a barrios enteros afectando la salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas.

También se constata que estas prácticas son regularmente utilizadas en poblaciones periféricas y experimentadas por los residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación. Asimismo se indica que son un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales. Que se registran agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, quienes son a menudo víctimas de agresiones, malos tratos, amenazas, insultos e incluso, blanco de los tiros de Carabineros; y ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de carabineros. 

A estas violaciones se suman las agresiones en contra de periodistas y profesionales de medios de comunicación. Por ejemplo, se señala que el Colegio de periodistas identifica 48 casos de periodistas agredidos por Carabineros, incluyendo 9 mujeres: 23 de estos periodistas acusaron lesiones por perdigones o lacrimógenas dirigidos directamente hacia ellos. De la misma manera, el Observatorio de derechos humanos y libertad de expresión reporta 160 casos, incluyendo 96 lesionados com armas disuasorias y 27 detenciones. Además, estas violaciones constituyen un grave menoscabo del derecho a la información de la población chilena.

El documento es claro en señalar que «las violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente hasta el día de hoy». Prueba de ello son los casos de Matías Orellana, joven profesor de educación física que perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;  Nicolás Ríos Verdugo (20 años) detenido en el centro de Santiago, por policías de civil; según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado, golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60 días; 4 nuevas víctimas de trauma ocular; y Matías Yáñez, de 16 años, quien fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en el vehículo de Carabineros y negada por muchas horas la detención a su madre».

Represión para criminalizar

«Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva». Así de claro lo expresa el informe emitido, en el cual se distingue que el nivel de «sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común».

Al respecto, los expertos plantearon que «los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones». Sin embargo, «la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de desmovilizar la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses».

Respecto del momento actual, los integrantes de la misión enfatizaron que «el proceso constituyente abre horizontes nuevos para Chile. Pese a la necesidad de precisiones sobre la conducción de éste y a las diversas críticas, constatamos que este debate traduce una aspiración profunda de democracia y de justicia».