¿Y el pago del CAE? Cuando la deuda educativa no es prioridad

El ministro de Educación, Raúl Figueroa indicó que el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE), no se suspenderá. La medida no fue bien recibida por diferentes sectores de la educación, quienes denunciaron que se está privilegiando a la banca por sobre el bienestar de las y los ciudadanos. 

“Los pagos se pueden hacer de forma online, por lo tanto no hay suspensión”, remarcó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en la visita que realizó el pasado 24 de marzo al programa Mucho Gusto del canal Mega. La determinación llegó después de preguntar cómo se resolvería dicha materia en tiempos de cuarentena y aislamiento por coronavirus.

Una vez dicho esto, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, cientos de mujeres y hombres indicaron que sin trabajo, sin sueldo, sin facilidades y sin suspensión era imposible hacerse cargo de la deuda. Así quedó al descubierto que la situación no  es fácil para muchos, y si bien se puede acordar con el empleador mantener los contratos, el pago mensual no será el mismo, por las condiciones que impone el Fondo de Cesantía, ha dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El Plan Económico de Gobierno contemplan ir en ayuda de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y de los clientes de los bancos, mediante la liquides que le otorga a la banca, el Banco Central. Mientras que las condiciones de postergación del pago de créditos hipotecarios, de consumo y extraordinarios, estarán supeditadas por las instituciones bancarias. Pero surge nuevamente la pregunta por el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) ¿qué pasará? ¿no es acaso un crédito más?

Pagar lo básico v/s pagar la cuota

Según el estudio de Fundación Sol, «Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE», existen, a diciembre de 2018, 466.793 personas pagando el CAE, ya sea en su calidad de desertores o egresados. De ellos, un 41,1 % son morosos, lo que representa a 191.998 deudores.

Para el vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, el gobierno está privilegiando a la banca, quienes siguen ganando pese a las condiciones sanitarias actuales y las dificultades que presentan los morosos.

«Esto se resume netamente a la falta de criterio social que tiene este gobierno, que lo caracteriza desde el día uno, cuando (el presidente) Sebastián Piñera vuelve a La Moneda. Aquí no se está considerando que la gente está perdiendo sus trabajos, y no tienen cómo pagar las cuotas del Crédito con Aval del Estado», expresó.
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«La deuda educacional se transformó en un lastre social, en un tremendo problema humano, social y económico para las familias. Pero el gobierno de Piñera nunca le ha puesto el ojo», sentenció.

Juan Pablo Rojas es claro en precisar que hay muchos que no pueden pagar porque las cuotas son altas, porque están cesantes, o porque los campos laborales están copados. De hecho, la organización que lidera recibe diariamente casos dramáticos, por ejemplo, un padre que deben decidir entre pagar la cuota del CAE o darle de comer a sus dos hijos, o una madre aterrada vendiendo empanadas los fines de semana porque su hijo está cesante.

El también fundador, asegura que el pago se puede aplazar bajo la modalidad de Suspensión por cesantía o desempleo que ofrece la Comisión Ingresa, órgano encargado de definir y evaluar políticas de financiamiento para la educación superior; que contempla congelar las cuotas por seis meses.

«Deberían obligar a la banca a que esto se realice, pero hoy hay cero conexión social y eso nos preocupa. Esto pasa por la nula voluntad política que tiene Sebastián Piñera y su ministro de Educación», denunció.

Estas palabras fueron apoyadas por la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Emilia Schneider, quien indicó que «hay un montón de otras medidas que el ministerio de Educación no está tomando».

Para la dirigenta, «todo el costo de la vida en esta crisis la vamos a tener que cargar nosotras y nosotros. Se exige un Estado para la gente, para nuestras necesidades, y que ponga como prioridad el bienestar, y hasta el momento no hemos visto eso.  Es sumamente preocupante el tema de los créditos por estudiar, que el año pasado fueron sumamente cuestionados, que se ha exigido la condonación de la deuda, porque es una política que fracasó (…) que terminó precarizando a estudiantes.  Es preocupante e indolente, como ha sido la línea de este gobierno», reflexionó.
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Dos paradigmas, un camino

El rol de la banca es una arista determinante en la educación, son quienes están al «servicio» y otorgan las «facilidades» para estudiar, sin embargo, según el estudio de Fundación Sol, el total de recursos entregados por los bancos entre 2006 y 2018, a las instituciones de educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de $5,3 billones (millones de millones), y sólo tres bancos se han adjudicado el 90 % de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca. Lo que deja en evidencia quiénes son los mayores beneficiarios del sistema.

Para el investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Universidad de Chile, Mario Sobarzo, con esto «se amplía la relación de nuestro Estado como una especie de caja pagadora a los fondos que la banca finalmente obtiene en ganancias. El Estado financia en más del 50% lo que es el CAE, entonces que no nos queramos hacer cargo, que sigamos dándole plata a la banca pero no pensemos en el tema humano, en los y las deudoras, la verdad es que es desgarradora la situación«, planteó.

De acuerdo a las investigaciones del también académico de la Universidad de Santiago (Usach), esto se resume en algo que «podríamos llamar el pecado original». De acuerdo al proyecto del 2005, el objetivo era ampliar la matrícula y abrir espacios para nuevas y nuevos estudiantes en las universidades, pero el gobierno «no tuvo como prioridad pensar en una carga tan pesada como es la deuda», señaló.

Por el año 2018, el ex ministro de Educación del presidente Ricardo Lagos e impulsor del CAE, Sergio Bitar, afirmó en el diario El Mercurio que «me lo he preguntado mil veces. Si tuviera que tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo. La prioridad uno era darles acceso a los jóvenes de menos ingresos».

Y si bien el número de matrículas aumentó, de 663.679 alumnos en 2005 a 1.262.771 en 2018, fue a costa de los estudiantes y su endeudamiento. Para evaluar mejor el panorama, basta con consignar que un 71 % de este aumento se concentra en 20 instituciones, dentro de las cuales encuentran universidades que han sido investigadas por lucro, y que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: Laureate International; Santo Tomás; INACAP y Pontificia Universidad Católica (ver estudio de Fundación Sol).

Es por esto que desde Deuda Educativa han fomentado el no pago, ya que como señala su vocero «el llamado es que la gente se defienda judicialmente, porque le va a salir mucho más barato y mucho más efectivo que seguir pagando durante 20 años de su vida. Tenemos 100 sentencias que lo demuestran, que liberan a las personas del crédito, de todos los bancos», indicó Rojas.

El dilema está instalado y tiene su explicación en las innumerables demandas que se vociferaron durante los meses del estallido social, que partió el 18 de octubre de 2019. Al respecto, Sobarzo comenta que  sociólogos y teóricos han planteado formas de cómo los Estados ha desplegado sus políticas, y en donde Chile destaca por ser responsable de un modelo de mercantilización de los derechos sociales, que hoy lo vemos con énfasis por la pandemia del coronavirus.

«Hay dos actitudes en estos momentos a nivel mundial, una que es asumir sus roles de Estado de ir avanzando justamente hacia una especie de protección social, de Estado de bienestar o de garantías sociales. Y la otra que son las perspectivas de los países más neoliberales, como justamente a ocurrido con Brasil que es el ícono mundial, una vergüenza para todos los países del mundo , y nosotros que se le da más engancha al sistema de mercado. Hasta ahora no hay ninguna propuesta de subsidio reales. Si el 18 de octubre teníamos rabia, ahora estamos indignados con la situación que está ocurriendo en nuestro país», finaliza.

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Finalmente, diputados del Frente Amplio, liderados por la presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas, presentaron un Proyecto de Ley para suspender cobro de servicios básicos y créditos universitarios durante la Pandemia. Este fue enviado a la Comisión de Economía donde se espera sea discutido con sentido de urgencia.