#VotoPreso: El Estado debe garantizar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad

Debido a que no existen las condiciones necesarias para que puedan participar y porque el Estado no ha implementado ningún mecanismo para que puedan hacer efectivos sus derechos, miles de personas privadas de libertad no pudieron participar del plebiscito y nunca lo han hecho de ninguna votación.

El pasado 25 de octubre 13.500 personas privadas de libertad no pudieron ejercer su derecho a voto en el plebiscito que definió el reemplazo de la Constitución de 1980. Esto, debido a que el Estado no implementó ningún mecanismo ni medidas para que puedan hacer efectivos sus derechos políticos. 

En nuestro país las personas condenadas a menos de 3 años y 1 día y aquellas que no han sido acusadas en sus procesos pero que por alguna razón están privadas de libertad tienen sus derechos políticos vigentes, sin embargo, las autoridades nunca han garantizado su ejercicio. 

Al respecto, el director de Leasur, Pablo Pinochet, explicó que uno de los argumentos más utilizados por el Servicio Electoral (Servel) es que las personas privadas de libertad no están inscritas en una circunscripción específica, lo que implica un problema logístico no resuelto. 

“Esto se refiere al artículo 51 de la Ley 18.556 sobre el sistema de circunscripciones y en él se establecen las causales por las cuales el Servel puede hacer una circunscripción nueva. El problema es la interpretación que se le está haciendo a este artículo diciendo que debe ser taxativo, entonces, como no explícita a la personas privadas de libertad u otras personas, no tiene porqué hacerlas. Por tanto, se tiene que hacer un cambio de ley, lo que requiere voluntad política”, añadió.
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Asimismo, la abogada del equipo de la Red Acción Carcelaria, Antonella Oberti, aseguró que el Servel se ha rehusado a implementar el voto al interior de los centros penitenciarios argumentando que es necesario un cambio legislativo. 

Y agregó que “sin embargo nosotros desde la organización de la sociedad civil no compartimos esta postura porque actualmente la Ley Orgánica Constitucional del Servel lo habilita para, en primer lugar, actualizar los padrones, es decir, modificar el domicilio electoral de quienes estén privados de libertad al de la cárcel y, además, para crear una circunscripción electoral en el territorio donde se encuentra la cárcel, fijar el complejo penitenciario como un local  de votación y, luego, dentro de ese local, fijar la cantidad de mesas receptoras de sufragio dependiendo de cuántas personas privadas de libertad estén habilitadas para sufragar dentro de ese complejo”.
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Un problema que desde el Observatorio Social Penitenciario califican como histórico. “Era tan fácil como convertir la cárcel en un colegio, las cárceles tienen esa infraestructura. Podían haber llevado las urnas, a las personas y los presos hubiesen votado (…) Acá ocurrió la flojera típica del Estado de hacer algo que no les conviene, que es que los presos tengan voz y voto. Inclusive, los presos condenados también deberían votar”, afirmó César Pizarro integrante del observatorio.
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Elecciones en abril

La próxima etapa del proceso constituyente que vive nuestro país son las elecciones de las y los integrantes de la Convención Constitucional, las que se realizarán el 11 de abril de 2021. 

Instancia en la cual las organizaciones de la sociedad civil esperan que puedan participar efectivamente todas las personas privadas de libertad. Para Antonella Oberti de la Red Acción Carcelaria “siempre es grave que se excluya parte de la ciudadanía y, en este caso, a los privados de libertad de participar de procesos electorales, pero es quizás particularmente grave que se les excluya de la participación en un proceso constituyente como el que estamos viviendo”. 

“Porque la Constitución que tenemos actualmente vigente en Chile no reconoce a las personas privadas de libertad como sujetos de derecho, es decir, no se refiere a ellas como individuos que tienen sus propios derechos, que pueden reclamar sus propias garantías que el Estado le reconoce”, añadió.
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Por su parte, el director de Leasur, enfatizó en que estamos contra el tiempo para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto en abril, pues el padrón electoral debe estar listo 90 días antes de la elección, entonces, dependerá de la voluntad política para que se fije esto rápidamente.  

“Afortunadamente son cinco los proyectos de ley en los cuales podría facilitarse de alguna forma que las personas privadas de libertad voten y en las cuales como organización estamos intentando participar lo más que podemos, ya sea voto por correo, telemático, etc.”, agregó.
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Igualmente, el integrante del Observatorio Social Penitenciario, Cesar Pizarro señaló que “para abril deberíamos solucionar el problema y que los presos puedan votar, porque tenemos personas que van a ser constituyentes por el tema cárcel y reinserción».

«Debería el Congreso darse un tiempo, así como lo está haciendo con el 10% y por soluciones populistas, para que cambien la ley y que los presos condenados o imputados puedan votar por los constituyentes porque esto es un problema país, un problema en el que toda la gente debería opinar”.
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