Vivienda en la nueva Constitución: Las puertas que se abren para levantar una ciudad democratizada

Escrito por el abril 13, 2021

Responsabilidades ignoradas por cada gobierno postdictadura, medidas parches como los subsidios y una integración social urbana tramposa: son las problemáticas que los candidatos a la Convención Constitucional pertenecientes a movimientos que históricamente han luchado por la vivienda digna buscan saldar. Todo esto a través de alianzas que permitan generar una conexión que abarque problemáticas presentes de norte a sur y dé espacio a diálogos que intercedan en la recuperación de la idea de la vivienda como un hogar.

Por Constanza Lara Oyarce y J. Sobarzo

En algunos barrios hay pensamientos, ideas compartidas y una lucha, pero hay otros donde no hay nada. Hay barrios cuyo pilar fundamental es la comunidad, pero hay otros donde vecinos y vecinas no conocen caras ni nombres. Hay niños y niñas cuyos barrios les ofrecen espacios recreativos para formarse conociendo el mundo exterior con sus colores reales, hay otros que solo conocen un color que cubre las cuatro paredes de sus casas. Hay casas cuyas puertas están cubiertas de un color rojo carmesí vibrante y llamativo, reflejo de una exhaustiva lucha, como lo es el Barrio Maestranza levantado por Ukamau, organización que lucha por el derecho a la vivienda y la construcción de barrio como unidad social indispensable. Pero, hay otras casas cuyas puertas no simbolizan nada.

Es por este motivo que algunos movimientos sociales como Ukamau y la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), quienes históricamente han luchado en las calles por la democratización de la ciudad, decidieron presentar candidatas y candidatos cuyo perfil evidenciara una fuerte convicción hacia esta lucha, y cuyo liderazgo estuviese dirigido por las propias necesidades de las y los pobladores. Así, Ukamau confió este trabajo a su ex vocera nacional, Doris Gonzáles, para ir por el distrito 8 en la región Metropolitana. Mientras que la Fenapo prestó todo su apoyo al compañero Carlos López en el distrito 20 por la región del Bío-Bío.

La necesidad de más barrios pensados que involucren la participación vecinal en la construcción de los proyectos habitacionales, se hace cada vez más urgente en este contexto social donde la problemática es camuflada con la misma intención que cumple la escenografía en obras de teatro: bonitas fachadas e interiores vacíos. Y aunque existiera la iniciativa de trabajar con las y los pobladores para hacer mejoras en su entorno, esta suele verse afectada por un problema profundo y estructural: el aspecto político.

La puerta que fue cerrada y nunca se abrió

Los espacios solían pensarse antes de que Chile fuera golpeado por la dictadura militar, pues todos los gobiernos antecesores habían entregado al Estado la responsabilidad en la producción de viviendas sociales y había una preocupación por todo lo que componía el entorno de estas.

Un escenario ideal que fue interrumpido en 1979 con la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en donde se impuso que la intervención estatal sería mínima y el crecimiento urbano seguiría las tendencias del mercado.

De esta manera, el rol del Estado pasó a ser secundario y la necesidad de producir viviendas sociales se tapó con medidas parches como los subsidios. Situación que ninguno de los gobiernos posteriores decidió enmendar. Y que concluyó, por ejemplo, en que hoy Chile se encuentre entre los países donde más años toma poder acceder a la casa propia, superando a países como Reino Unido y Estados Unidos. Esto según el estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en 2019, el cual promediaba la cantidad de años que le tomaría a una familia el adquirir una vivienda, si invirtiera el 100% de sus ingresos. Así, Chile alcanza los 7,6 años, mientras que Reino Unido los 4,8 y Estados Unidos 3,5 años.

Otra de las consecuencias que aún persisten en la actualidad, es la segregación social territorial que nació tras el desplazamiento de sectores vulnerables durante la dictadura, y que hoy se refleja en que el promedio de metros cuadrados por persona en Vitacura sea de 30,2 metros; mientras que en Puente Alto solo alcanza los 12,5 metros cuadrados, según un estudio realizado por la Fundación SOL en abril de 2020.

A puertas cerradas se armó una Constitución que arrasó con los derechos que suponen dignificar la vida de los y las ciudadanas. Y dos imposiciones en el Capítulo III bastaron para limitar el derecho a la vivienda a un mero acceso.

El artículo 19 N°24 impide el rol social respecto al derecho de propiedad: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social (…)”. Y el N°21 del mismo limita directamente al Estado a cumplir un rol subsidiario.

De esta manera, Chile se encuentra muy lejos de ser un ejemplo respecto a las constituciones de otros países como España, Colombia o Paraguay, quienes consagran la vivienda digna como un derecho. Pues, la vivienda en Chile es un reflejo del precario sistema subsidiario y que, según el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Fernando Campos, “está bastante al debe, porque la mayoría de los indicadores cuantitativos y cualitativos que se tiene para observar a la vivienda son insuficientes”.

El contraste es deprimente, pero la realidad que supone la oportunidad de escribir una Constitución que esta vez sí tenga las puertas abiertas, nos otorga las facilidades para enmendar los problemas e integrar nuevas soluciones. Cuestión en la que diversas agrupaciones y movimientos que se han levantado desde las propias comunidades ya han comenzado a trabajar, pues saben que volver a la democracia no trajo necesariamente consigo la democratización de la ciudad.

La actual vocera y coordinadora de la Juventud Popular de Ukamau, Mical Romero, enfatiza que “este sistema neoliberal no nos va a entregar esta vivienda digna por la que luchamos, y tampoco nos va a dejar participar en el pensamiento ni en la concepción de ciudad”.

Lo necesario para crear una ciudad democratizada

El caminar por un barrio pensado es una experiencia completamente distinta, pero no común en Chile. Desde agrupaciones como Ukamau y la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), nacida de la confluencia de deudores habitacionales y damnificados del terremoto de 2010 y hoy volcados a la salida democrática y participativa ante un ineficiente modelo subsidiario de vivienda, consideran que el excluir a los verdaderos actores, los futuros habitantes, es uno de los fallos más importantes a la hora de levantar proyectos fructíferos e integradores.

Pero, el sociólogo también menciona que es importante “renunciar a la vivienda como objeto de mercado y a la creencia de que la plusvalía es una verdad absoluta”. En Chile, la vivienda percibida como inversión y producto es algo que tenemos sumamente arraigado, y no existen reflexiones en torno a las consecuencias que esto nos ha traído, porque muchas veces no nos afecta directamente a nosotros, sino a terceros.

Según el Índice Real de Precios de Viviendas, presentado por la Cámara Chilena de la Construcción, entre 2010 y 2020, el precio general de las viviendas en la capital subió en un 81,6%. Es bajo esta lógica que la vivienda deja de ser vista como un hogar y se convierte en un producto digno de competir con otros fenómenos especulativos.

Para la vocera juvenil de Ukamau el cambio de perspectiva se consigue “poniendo por sobre el consumo, la vida digna”. Pero, Romero agrega que para ello “es importante hacer que las personas se vean involucradas en el pensar y en el crear ciudad”. Pues así los espacios cobran sentido, tienen un propósito y sirven.

En cambio, los proyectos habitacionales actuales no sirven. No suplen las múltiples necesidades de cada poblador y pobladora. El dirigente de la Fenapo en la región del Bio-Bio, Alexis Parada, señala que plantean la redacción de la nueva Carta Magna de tal manera que luego se traduzca con leyes en “función del trabajo en conjunto con los trabajadores, los pobladores y la empresa privada”, pues reconocen que esta última tendrá que mantenerse por algún tiempo.

Es así como también se vuelve necesario generar un papel más activo de los funcionarios públicos, quienes están encargados de generar un nexo para armar proyectos con las comunidades.

Tal caso es el de Karen Alveal, encargada regional en el Maule de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Hace tres años se acercó a Huilliborgoa, una localidad ubicada a 13 kilómetros de Talca, habitada en su mayoría por adultos mayores, los que deben abastecerse de agua con la recolección de lluvia y un camión aljibe cada dos semanas.

Alveal y la comunidad, armaron un proyecto que pretendía llevarles agua y mejorar su calidad de vida a través del progreso del entorno. Sin embargo, el proyecto aún no recibe respuesta, pues no ha habido los intereses políticos para que pueda prosperar.

La encargada considera que “cada vez cuesta más explicar a la gente en chileno lo que se va a hacer y por qué se va a hacer”, pues no hay equipos profesionalizados que sepan llegar a la comunidad. El nexo no se da, pues existe la sensación de estar trabajando con un usuario interno y externo.

Pero cuando el nexo sí se genera, importantes proyectos salen adelante. Como es el caso del programa “Quiero mi barrio”, un proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que busca “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social”.

Sin embargo, el proyecto va más allá y entrega esperanzas a los vecinos para reconstruir su historia. Uno de sus trabajos fue la reconstrucción en 2017 del Barrio Santa Raquel Poniente en La Florida. Un entorno que en sus inicios no estaba pensado. Eran solo blocks color rojo ladrillo, un desierto al pie del cerro lleno de cemento con departamento de 36 metros cuadrados, mientras que en comunas como en Lo Barnechea las viviendas alcanzan en promedio los 112 metros cuadrados.

Con este proyecto, los vecinos de Santa Raquel pudieron participar de la recuperación de los espacios públicos. Ahora el entorno había sido pensado para las familias del sector, había áreas verdes, las veredas eran mejores, las canchas eran una realidad y la junta de vecinos era una instancia para compartir con el resto de la comunidad, entregando la oportunidad de una mejor calidad de vida en el espacio original. Sin tener que desplazar a nadie a la periferia. Es así, a través de la incidencia de las personas, como se convirtió en un barrio pensado.

“Si el arquitecto o paisajista no es del lugar, no sabe cómo se cruza la calle, cómo se usa el espacio y no sabe hacer diseños más integrales, entonces no se puede avanzar”, señala el sociólogo.

“Donde estén conspirando contra nuestro pueblo, nosotros estaremos presente”

Desde la Fenapo, Parada mencionó que están “por construir una alianza desde el punto de vista político para elegir a los convencionales constituyentes. Esta va desde Frente Amplio y pasa por todos los movimientos sociales antineoliberales y que estén en contra del modelo”. Y para ello han decidido trabajar con el Partido Igualdad, presentando candidatos que van por la región Metropolitana y del Bío-Bío. Natalie Arriagada del distrito 8, dirigenta del Movimiento de Pobladoras/es Vivienda Digna, lista YU-37. Natalia Garrido perteneciente al distrito 11, dirigenta y referente del Movimiento de Pobladoras/es en Lucha (MPL), lista YQ-39. Y Carlos López por el distrito 20, militante por el derecho al agua y la vivienda desde Modatima y el Movimiento Territorio y Vivienda, lista YQ-34.

En el caso de Ukamau, Romero señaló que van a ir a través del Partido Comunes para sus candidaturas a la Convención. Siendo su objetivo fundamental el generar alianzas con personas que provengan de la vía popular y con trayectoria en democratizar la ciudad y dignificar la vida. Motivo por el cual consideran que Doris Gonzáles es la persona indicada para llevar a la Convención. La ex vocera nacional de Ukamau va por el distrito 8 en la lista YQ-25.

Sin embargo, Romero dice que existe preocupación por los candidatos que no tienen alianzas y que podrían suponer un riesgo: la “élite disfrazada de independientes”. Por eso hacen especial énfasis en las alianzas. Organizaciones sociales como Ukamau han tenido estrechas relaciones con varios movimientos sociales como lo son No+AFP, Modatima, sindicatos y el Colegio de Profesores. Y consideran que es importante que los temas sociales que se vean en la Convención provengan de las personas que tengan una amplia trayectoria de presencia en las calles. “Estará nuestro apoyo para quienes vengan con estas características”, señaló la vocera y coordinadora juvenil.

Pese al gran proceso que se avecina, los movimientos sociales no creen que es el mejor escenario de desarrollo, pero se sienten preparados para enfrentar este desafío, pues les da la oportunidad de incidir con soluciones a los problemas habitacionales existentes en Chile y asegurar un desarrollo que permita la participación de todos y todas. Por esto, para disputar un puesto en la Convención Constituyente están firmes ante el escenario que tienen: “El clivaje y la dicotomía es quienes estamos en contra del modelo y quienes están a favor de defender el modelo capitalista. Esa es la diferencia”, expresó el dirigente de la Fenapo.

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