Violencia política sexual: una deuda de la institucionalidad chilena

Escrito por el junio 8, 2021

La violencia política sexual ha sido un método represivo usado por las fuerzas policiales que no ha sido tipificado como se debe en las leyes chilenas. Sin embargo, actualmente se discute en el senado una iniciativa que busca prohibir este tipo de violencia en procesos policiales.  

El 3 de mayo ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el proyecto de ley que busca prohibir los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y agresiones sexuales en procesos de detención policial. 

La iniciativa fue presentada por los y las senadores de oposición Alejandro Navarro (PRO), Loreto Carvajal (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Álvaro Elizalde (PS). Y busca aumentar las especificaciones legales sobre la violencia política sexual en las leyes chilenas.

En 2016 se tipificó la tortura en Chile, y dentro de su definición, se considera escuetamente como enajenación los «actos por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves sexuales’’. El problema es que la definición no agregar más antecedentes o detalla en qué consiste el «sufrimiento grave sexual». 

Sobre el proyecto de ley, la directora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Danitza Pérez, declaró que «en la forma que se está proponiendo puede generar distintas interpretaciones, como por ejemplo, que es aquello que es forzoso o cuando una tocación es indebida. Creemos que tiene que tipificarse de manera objetiva, prohibiendo absolutamente todo tipo de desnudamiento, sin agregarle el adjetivo ‘forzoso’ para que podamos calificarlo como tal’’.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró un informe sobre el proyecto de ley mencionado anteriormente, donde registraron que hasta la fecha hay 476 víctimas de  violencia sexual que han interpuesto acciones judiciales tras la fuerte represión que surgió a partir del 18 de octubre de 2019.

Esto, sin contar a las personas que no han interpuesto una denuncia o que hayan sido agredidas en otras ocasiones.

Una institucionalidad invisible

De todas maneras, la violencia política sexual no es un problema que haya surgido recientemente. Este tipo de represión, distinto a los métodos convencionales, data desde mucho antes. Por ejemplo, desde la dictadura militar.

La integrante del Colectivo Mujeres Resistentes Siempre Presentes  y de Memorias de Rebeldías Feministas, Beatriz Bataszew, declaró que este tipo de agresiones no han sido recibidas con el peso que merece. «Cuando nosotras levantábamos este tema éramos objeto de misoginia y de maltrato, porque no se consideraba un tema relevante (…) Que hayan actuado sobre tu libertad sexual era, y sigue siendo desde la mirada heteronormada, como un detalle, una cosa poca’’, declaró.

Sobre la institucionalidad chilena, Danitza Pérez afirmó que «tenemos un congreso que no legisla con perspectiva de género, y que lamentablemente tiene que hacerse cargo de las falencias del sistema a través pequeños proyectos de ley, que van tapando con parches los distintos errores que tiene la institucionalidad’’.

Además, Bataszew afirmó que los cambios que ha enfrentado la sociedad respecto al feminismo y la mirada de género han sido por la autogestión, más allá de la institucionalidad. «Las mujeres estamos acostumbradas a tantas cuotas de violencia que normalizamos la situación. Pero eso ya no pasa, y no es por un trabajo que hizo el Estado o las instituciones, es un trabajo que hicimos las feministas’’.

Foto: Beatriz Bataszew, integrante del Colectivo Mujeres Resistentes Siempre Presentes  y de Memorias de Rebeldías Feministas

Foto: Beatriz Bataszew, integrante del Colectivo Mujeres Resistentes Siempre Presentes  y de Memorias de Rebeldías Feministas

La tramitación del proyecto

Actualmente, el proyecto continúa sus trámites legislativos, ya que lleva poco tiempo desde que fue ingresado y solo se ha discutido en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Por lo tanto, no ha terminado su primer trámite legislativo. Dentro de este espacio ha contado con distintas exposiciones al respecto, por parte de organismos como el INDH o la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Por otra parte, aún no es posible saber cuándo podría pasar a otras instancias del congreso ya que no cuenta con ningún tipo de urgencia para acelerar su tramitación. Entonces, debería adecuarse a la apretada agenda legislativa que llevan los parlamentarios, y una vez que continúe su camino podría recibir indicaciones que retrasarían la votación.

A pesar de esto, Danitza Pérez expresó sus proyecciones sobre su trámite legislativo. ‘‘Que se especifique (este tipo de delito) nos parece que podría generar una buena acogida por parte del congreso. Es muy probable que este proyecto se apruebe, esperemos que con amplia mayoría también».

Finalmente, por su relación a los hechos de violencia ocurridos en el estallido social, el proyecto se relaciona con la  ley de indulto general a presos políticos de la revuelta, proyecto que no ha estado exento de debates. 

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