Universidades de Chile, La Frontera y de La Serena entregan recomendaciones para mejorar el ecosistema de medios en Chile

Este viernes 20 de enero se entregó el informe de la Mesa “Más amplitud, más voces, más democracia. Aporte para las comunicaciones del Chile que viene”, en el marco de un convenio suscrito con el Ministerio Secretaría General de Gobierno.  Dentro de las principales recomendaciones, el informe plantea la necesidad de transparentar y regular la publicidad estatal estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias; el desarrollo de protocolos que permitan tipificar y prevenir los discursos de odio; y construir un código de ética para la labor periodística con participación de representantes de distintos sectores. 

La profundización de las democracias requiere de procesos de reflexión sobre la comunicación y de modernización de las políticas sobre la materia en pos de mejorar el acceso a la libertad de expresión de las personas y comunidades integrantes de las naciones. Bajo esta premisa las universidades de Chile, de La Frontera y de La Serena hicieron entrega del informe “Más amplitud, más voces, más democracia. Aporte para las comunicaciones del Chile que viene”, al Ministerio Secretaría General de Gobierno en dependencias de la Plataforma Cultural del Campus JGM de la Universidad de Chile ; que se encuentra ya disponible para la ciudadanía para descarga y difusión.

Este informe se plantea como un aporte al diseño de políticas que  fortalezcan la promoción de un ecosistema medial robusto, amplio y diverso, a partir de este diagnóstico colectivo que busca sentar las bases de una ruta hacia más medios locales, regionales, descentralizados y desconcentrados. El trabajo además, entrega recomendaciones sobre dimensiones tales como la interculturalidad, perspectiva de género, educación y medios, derecho y acceso a la información, sistema de medios y democracia, medios públicos, medios comunitarios, ética periodística, democratización digital, entre otras.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de las tres casas de estudio estatales y del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, destacó que “el actual ecosistema mediático, cada vez más complejo y fragmentado, tiene distintas implicancias para la ciudadanía. Por un lado, la información está más disponible y existen mayores fuentes de acceso y producción, pero por otro se genera un creciente ambiente de desinformación, donde las comunicaciones parciales o, derechamente, las noticias falsas proliferan en la esfera pública”. La decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile, Loreto Rebolledo señaló que “para nuestra facultad la libertad de expresión y el acceso a la información son temas centrales en la formación de nuestros estudiantes  y de la investigación que realizamos, pues como universidad pública entendemos que nuestra labor debe orientarse a la promoción de derechos y la formación ciudadana.»

Recomendaciones sobre medios, periodismo y ciudadanía

El informe propone una serie de medidas. En lo que refiere al sistema de medios, señala la necesidad de transparentar y regular la publicidad estatal de modo de que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias. Junto a ello, el documento tambien recomienda la definición de un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación, asociación o empresa que tenga varios medios de comunicación y dividir los gastos del avisaje y las campañas en: medios de comunicación de carácter comunitario;  medios de comunicación que tienen facturación menor a 5 millones mensuales; y medios de comunicación de mayor facturación.

Sobre periodismo y ciudadanía, el informe plantea la necesidad de construir protocolos de trabajo en terreno que resguarden los mínimos necesarios para asegurar la protección de las y los periodistas; implementar un observatorio internacional que vele por el cumplimiento de los estándares de acceso a la información y de libertad de expresión; y construir un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información amplio, instancia que debiese ser integrada por representantes académicos, empresariales, profesionales y gremiales.

A nivel transversal, sugiere incorporar la educación mediática y la interculturalidad en el contenido del sistema escolar. Junto a ello señala la necesidad de promover, con financiamiento estatal, espacios comunicativos mediáticos y no mediáticos que pertenezcan y estén dirigidos a población integrante de los pueblos indígenas, migrantes, comunidades LGTBIQ+ y otros sectores no visibilizados en la opinión pública. A esto se suma la necesidad de prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas y trabajadoras de la comunicación, así como el desarrollo de protocolos que permitan tipificar y prevenir los discursos de odio.

Reacciones de la sociedad civil

La recientemente electa presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda,  agradeció la invitación a ser parte de estas recomendaciones, y reforzó el valor del documento: «Es un insumo muy relevante para pensar políticas públicas y cambios legislativos que en Chile deben realizarse en materia de comunicación, nosotros como Colegio participamos de esta instancia y entregamos nuestras visiones frente a los temas consultados. Las recomendaciones entregadas hoy van en la línea de lo que hemos señalado diversas organizaciones desde hace bastante tiempo y es una síntesis muy importante respecto de planteamientos y propuestas que el sector de las comunicaciones historicamente ha levantado.»

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación,  organización que ha denunciado anteriormente la falta de pluralismo en los medios en Chile, así como las dificultades que existen para fundar nuevos espacios de comunicación y que participó de los grupos de discusión del estudio,  valoraron el informe en el contexto actual. Javier García, coordinador del espacio señaló : «el texto que presentan las tres universidades es un ejercicio necesario para enfrentar desafíos del ecosistema mediático y construir agendas comunes ante el nuevo escenario digital, que tiene un potencial muy grande pero que también hemos visto el riesgo que existe en temas como desinformación , el acoso online en el debate público, etc.»

La Red de Periodistas Feministas de Chile valoraron en especial la dimensión de género del texto y recalcó el trabajo mancomunado de las tres universidades en este tema fundamental para la democracia: Fabiola Gutierrez, integrante de esta articulación señaló: «Este trabajo permitió que distintos actores y espacios de las comunicaciones y el periodismo, pudiesemos entregar reflexiones, diagnósticos y aportes a las comunicaciones de Chile, en tiempos donde tenemos una avanzada convervadora importante y donde prima la desinformación, mirando los contextos de América Latina y el Mundo. Nos parece de suma relevancia, que este documento sea un aporte para una mirada crítica acerca de las comunicaciones en este momento actual y al mismo tiempo apuntar a mejorar el ecosistema mediático. Esperamos que quienes hemos sido ´parte de esta iniciativa nos mantengamos vigilantes ante los cambios que pueden salir de estas recomendaciones, sabemos que no son cambios inmediatos pero que deben ser acompañados y exigidos desde la ciudadanía».

Desde el sector de medios comunitarios también reaccionaron al lanzamiento del informe, celebrando el trabajo colaborativo. Paulina Acevedo, presidenta e integrante del directorio de la Asociación Gremial Nacional de Medios Independientes y Comunitarios  de Chile ANAMIC declaró: «…creemos que las recomendaciones establecidas para nuestro campo reflejan los principales problemas de nuestro sector, que se desarrolla entre restricciones y desigualdades. Celebramos que se recomiende la eliminación del articulo 36B de la LGT que tanta persecución ha traído a nuestros medios, también valoramos que se llame a adecuar las legislaciones a los estándares internacionales, también que se llame a incorporar parametros sociales a la hora de la entrega de concesiones y a repensar la democratización del espectro radioeléctrico, para hacer un buen uso de este bien público debemos pensar como sociedad la correcta distribución del aire.»

Académicos autores del informe

El trabajo de levantamiento de información consideró revisión de informes, jurisprudencia internacional y la experiencia y propuestas de sectores nacionales involucrados en el debate mediante 13 entrevistas grupales, además de cinco grupos de discusión, dos en la Región Metropolitana, uno en la Región de La Araucanía y dos en la Región de Coquimbo. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de la Universidad de Chile y el equipo de esa casa de estudios, estuvo conformado por las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen: Dino Pancani, Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega y Carolina Muñoz Castillo. Para el caso de la Universidad de La Frontera, el trabajo se realizó desde el Doctorado en Comunicación, con la participación de los académicos Bárbara Eytel y Carlos del Valle. En tanto, desde la Universidad de La Serena, el equipo estuvo conformado por académicos de la Escuela de Periodismo: Pablo Andrada Sola, Carolina Rodríguez Malebrán y Cristian Muñoz Catalán.

La ceremonia de entrega puede ser revisada en el siguiente enlace: