UDP, U. Central y UNAB: 51 estudiantes suspendidos y expulsados por movilizarse
Escrito por Edgar Pfennings De la Vega el mayo 5, 2020
Los alumnos y alumnas sancionadas acusan que en los procesos no se presentaron pruebas suficientes y que, en muchos casos, se castigó a los dirigentes políticos.
Manifestación frente a la UDP
Tras las movilizaciones que se vivieron el 2019 en el marco del estallido social y por demandas feministas incumplidas, más de 50 estudiantes de universidades privadas recibieron duras sanciones.
Las casas de estudio involucradas son la Universidad Diego Portales (UDP), Central y Andrés Bello (UNAB), donde se iniciaron sumarios internos contra alumnos y alumnas que participaron de asambleas y tomas.
Los y las involucradas han cuestionado el actuar de sus planteles educativos acusando arbitrariedades en el proceso, la falta de pruebas suficientes sobre los hechos y, en algunos casos, la sanción por ser activistas políticos.
Son 51 estudiantes que no han podido continuar sus estudios por participar en las movilizaciones: 30 están con sus matrículas suspendidas y 21 fueron expulsados definitivamente de sus instituciones.
Universidad Diego Portales
Entre agosto y septiembre del año pasado algunas de las facultades de la Universidad Diego Portales fueron ocupadas por estudiantes organizadas tras votar una “toma feminista” para exigir que se respetaran los acuerdos a los que habían llegado con la casa de estudios luego de movilizaciones del 2018, los que fueron transgredidos cuando se filtraron los datos de una alumna de Derecho que denunció un caso de acoso.
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— Nico “Apruebo” Fernández (@nico_fernandezr) June 16, 2015
Al finalizar la toma, la universidad inició sumarios contra 32 estudiantes de las cuales cuatro concluyeron con expulsiones. Dadas las faltas de pruebas y la inexistencia de sanciones anteriores por parte de la mayoría de las acusadas, algunos procesos fueron desestimados y en otros se rebajó las sanciones a suspensiones por dos semestres, en 13 casos, y un semestre, en un caso.
Las estudiantes sancionadas acusan que las pruebas usadas fueron insuficientes y siguieron lógicas arbitrarias.
Marcelo Medina Calderón, uno de los alumnos suspendidos, explicó que “la única prueba física que tienen es un cuaderno. Cuando uno entraba a la toma para alguna asamblea o alguna cosa resolutiva tenía que hacerlo con el carnet y dar tu RUT porque llevaban un conteo de la gente que llegaba y salía de las facultades. Este cuaderno con toda la información se quedó en la universidad”.
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Una de las estudiantes suspendidas que prefirió que no se publicara su identidad agregó que de las 668 personas que asistieron a esa asamblea no existió un criterio claro para seleccionar solo a 28 sancionadas.“Al preguntar por qué se tomó nuestro nombre nunca se nos supo dar una respuesta bien clara. Dentro de la respuesta estaba que se envió a analizar el cuaderno y (concluyeron) que mi firma con mi RUT y mi nombre eran los que se destacaban o calzaban. Pero nunca nos supieron decir esto se hizo así”.
Estas suspensiones se basaron en personas que asistieron a una actividad política se realizó en la toma de la universidad lo que según las estudiantes organizadas en la plataforma de Instagram Sumariadas UDP “no coinciden con las causas de las alumnas acusadas” que era la obstrucción del libre paso por la universidad.
Algunas de las estudiantes decidieron presentar recursos de protección ante la Justicia acusando los vicios en el proceso para poder continuar sus estudios en la universidad. Tras esto la Corte de Apelaciones emitió una orden de no innovar que implicaría que la universidad les permita retomar sus estudios, pero no ha sucedido.
Según relató a Radio JGM una de las estudiantes sancionadas, que pidió que su identidad no fuera publicada, la UDP dijo al tribunal que no se hiciera efectiva la orden de reincorporar a los estudiantes porque “no hubo una intención de volver a clases” en el momento oportuno y que algunas estudiantes no estaban matriculadas. Ante esto, Medina Calderón explica que no se pudo matricular porque tuvo que suspender el beneficio de gratuidad que le permitía estudiar ante la intransigencia de la universidad.
Universidad Central
El estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019 provocó la suspensión de las clases en la mayoría de los centros de educación del país.
Durante noviembre algunas instituciones intentaron reanudar sus actividades, pero el contexto de masivas manifestaciones y violaciones a los derechos humanos fue motivo para que muchas sedes universitarias fueran tomadas por sus estudiantes, entre ellas la Universidad Central.
Edificio de la Universidad Central
Cuando finalizó la toma a finales de diciembre siete estudiantes de derecho y uno de periodismo fueron sumariados y se les aplicó una suspensión por doce meses desde el primer semestre de este año, pero a uno no se le pudo aplicar la sanción porque ya había egresado.
En el proceso, impulsado por siete profesores de derecho, se acusó a los estudiantes de haber golpeado a un trabajador, lo que fue desestimado por el tribunal interno, y por haber impedido el trabajo de los miembros de la universidad, que fue la causa acogida que se tradujo en las suspensiones.
Kevin Norambuena, uno de los estudiantes suspendidos, afirma que de todas las personas que participaron de las movilizaciones seleccionaron a siete de los que eran más activos políticamente: “Eso ni ellos lo pudieron explicar. Pero es un tema de que justamente los siete fuimos los que dirigimos la toma y participamos en distintas organizaciones casi sociales: trabajamos con la CAT (Coordinadora de Asambleas Territoriales), las juntas de vecinos, teníamos una labor dentro de la toma. Ellos nos vieron como una cara visible”.
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“En la resolución que da el Tribunal de Convivencia no se explica dónde nos vieron, qué día nos vieron. Además, usan un procedimiento que se llama procedimiento de flagrancia, que es ilegal y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que es anticonstitucional”, agrega respecto a la falta de pruebas en el sumario.
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Este grupo de estudiantes también decidió presentar recursos de protección para poder volver a estudiar, pero afirman que por las complicaciones que ha generado la crisis sanitaria del coronavirus en el Poder Judicial han visto retrasada su causa.
Universidad Andrés Bello
Una situación similar se vivió en la Universidad Andrés Bello (UNAB), donde 17 estudiantes fueron expulsados y diez suspendidos tras las movilizaciones que se vivieron durante el estallido social entre el 13 de noviembre y el 14 de diciembre bajo el argumento de que la ocupación se dio de manera violenta.
Los estudiantes afirman que la toma se hizo de manera totalmente pacífica, lo que contrasta con la agresividad con que fueron desalojados por guardias privados externos que llegaron con bastones retráctiles y amenazas al echarlos.
Matones a contrata y por órdenes de autoridades de la Universidad Andrés Bello, desalojan a alumnos que mantenían tomada su casa de estudios. Estudiantes acusan golpes e incluso retener a sus dirigentes.
Video: @JorgeLopez2409 pic.twitter.com/HgrQANG4Wx— PIENSAPRENSA 209,2 mil seguidores (@PiensaPrensa) January 23, 2020
Además los alumnos acusan que los guardias emitieron dichos homofóbicos mientras realizaban el desalojo amenazándolos diciendo que si no existiera la Ley Zamudio los habrían golpeado.
Según informó Radio Universidad de Chile, Jorge Rivas, estudiante de Historia de la Universidad Andrés Bello que realizó un show drag queen ante sus compañeros y fue sumariado, afirmó: “No podemos tolerar que a la comunidad LGTBI la sigan discriminando así (…) Esto es una discriminación sin duda alguna contra mí”.
En este caso, al igual que en la UDP y la Universidad Central, también los estudiantes afectados iniciaron acciones judiciales que fueron acogidas por la Corte de Apelaciones de Santiago acusando la imparcialidad en el proceso sancionatorio.
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