La trastienda de los alegatos por la nulidad del juicio del caso Hotel Principado

Esta semana terminó la ronda de alegatos en la Corte Suprema por juicio de nulidad del caso Hotel Principado. Juicio que mantiene en la cárcel desde hace casi dos años a Jesús Zenteno (23), Matías Rojas (20) y Benjamín Espinoza (20).  La defensa señaló que los alegatos comenzaron en un mal momento político para los imputados. Sin embargo, un par de hechos complementan la tesis de los abogados defensores sobre la ilegalidad con la que habrían actuado policías «intra-marcha». 

El lunes 25 de octubre terminaron los alegatos en la Corte Suprema por la nulidad del juicio que mantiene en la cárcel desde hace casi dos años, a Jesús Zenteno, Matías Rojas y Benjamín Espinoza. Los jóvenes fueron condenados a más de 5 años de pena efectiva, sin beneficios, por fabricación y lanzamiento de bomba molotov.

El caso se hizo mediáticamente conocido con el nombre de  Hotel Principado, esto, porque inicialmente fueron acusados de ocasionar el incendio de tres instalaciones: una dependencia de la Universidad de Chile, la estación de Metro Baquedano y el hotel Principado de Asturias.

Durante el juicio,  las pruebas de ADN e hidrocarburo descartaron la participación de los imputados en los incendios por lo que el martes 20 de abril de este año, el Tercer Tribunal Oral en lo penal de Santiago los absolvió de la quema de los incendios.

Sin embargo, el mismo día los condenó a más de cinco años de cárcel por fabricación de artefacto incendiario. Las pruebas en su contra fueron imágenes de encapuchados y el testimonio de carabineros infiltrados, conocidos como operativos intra-marcha.

Debido a una serie de irregularidades la defensa solicitó a la Corte Suprema la nulidad del juicio. Tras cinco meses de presentada la solicitud, el martes 19 de octubre comenzaron los alegatos por la nulidad del juicio del Hotel Principado. Las exposiciones se dieron en un contexto complejo debido a la cobertura mediática mayoritariamente criminalizadora que se le dio a las conmemoraciones del 18 de octubre que se llevaron a cabo el día anterior.

La madre de Jesús Zenteno, Jovita Guiñez, comentó el nerviosismo que generó esto en las familias señalando que, «cada vez, hay algo que les juega en contra a los chiquillos. Los jueces se dejan llevar por lo que sale en la televisión y entonces nosotros estábamos asustados. Siempre queda la duda de si eso se arregló”, declaró.

Yo siento que cada vez hay algo que les juega en contra a los chiquillos. Los jueces se dejan llevar por lo que sale en la televisión. Nosotros estábamos asustados. Siempre queda la duda de si eso se arregló

Hotel Principado: el ambiente tras los alegatos de nulidad

A pesar de lo anterior, un par de hechos acompañaron el ambiente de las exposiciones: En primer lugar, un reportaje del medio La Otra Diaria que vincula al ex-fiscal de la zona oriente Manuel Guerra con este, y con otros casos de los presos de la Revuelta Popular iniciada el 18 de octubre de 2019.

El reportaje señala que Guerra, el mismo fiscal que no investigó a Piñera por Dominga , que absolvió a Délano y Lavín en el caso Penta y que, ahora último, se negó a acudir a la comisión que revisa la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, exigió entre 24 y 29 años de cárcel para Matías, Benjamín y Jesús.

Sumado a lo anterior, durante la misma semana que se llevaron a cabo los alegatos, se dio a conocer una sorpresiva entrevista en el medio El Ciudadano al capitán del OS9 y jefe policías infiltrados, Pablo Cabezas, quien aseguró que renunció a Carabineros. Además Cabezas, aprovechó la oportunidad para pedir perdón por “los daños colaterales causados”. Esto protegiendo a sus superiores y sin reconocer la ilegalidad del actuar de esta policía.

Para la  madre de Matías Rojas, Elsa Marambio, el perdón resulta insustancial, «porque él fue a declarar y por la declaraciones como la de él, los chiquillos quedaron presos», enfatizó.

Intra-marchas fuera de ley

En la ilegalidad con la que actuó la policía infiltrada se afirma la principal tesis jurídica de la defensa que expuso los días 19 y  20 de octubre. El abogado defensor de Jesús Zenteno y miembro de la Defensoría Popular, Rodrigo Román  señaló «que la policía actuó fuera del marco de la ley, esto es sin la autorización del Ministerio Público ni de un tribunal para actuar de la forma que lo hicieron», declaró el abogado.

 

Un proceso penalmente tramitado requiere que los organismos del Estado actúen conforme a las facultades que la ley otorga. No es este el caso, ya que la policía actuó de forma autónoma sin orden y sin intervención del tribunal

El abogado de la Defensoría Popular agregó que una muestra de esa ilegalidad fue la conformación de la patrulla cazadores, «constituida para salir a cazar jóvenes en el contexto de la revuelta». Y agregó que esto atenta contra el debido proceso ya que, «un proceso penalmente tramitado requiere que los organismos del Estado actúen conforme a las facultades que la ley otorga. Este no es el caso, ya que la policía actuó de forma autónoma sin orden y sin intervención del tribunal«, denunció.

El abogado de la Defensoría Popular se refirió a la actuación de los querellantes durante los alegatos, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, entidades a las que acusó de avalar el actuar de la policía. «Esto es peligroso porque si el encargado de la persecución penal cree que es posible llevar adelante ésta bajo la lógica del todo vale, pasando por sobre el derecho de las personas, eso se parece más a un Estado policial».

La Defensoría Popular difundió video, presentado como evidencia en el juicio por el incendio en la UPV. En el registro de un carabinero infiltrado, #intramarcha, se escucha como incita a los manifestantes a prender fuego a la casona.#nomasmontajes #LibertadALxsPresxsPolíticxs pic.twitter.com/WGzUQzY1tH

— El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 21, 2021

¿Cuándo responderá la Corte Suprema?

La Corte Suprema agendó la lectura del fallo para el 12 de noviembre a la 13.00 horas. Jovita espera que sea un fallo justo que se haga cargo de las irregularidades del caso.  «Yo tengo a mi hijo enfermo, con un tratamiento psiquiátrico; se está viendo la posibilidad de cambiarlo al hospital siquiátrico porque está muy mal», señaló la madre de Jesús.

Por su parte, Elsa Marambio consideró contundentes los alegatos de la defensa en comparación con las exposiciones de los abogados querellantes que representaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Y agregó: «A mí parecer debiéramos ganar con los alegatos que vi. Los otros abogados se dedicaron a mentir a mí modo de ver. El Fiscal no agregó nada nuevo», señaló la madre de Matías Rojas.

Por último Rodrigo Román se refirió a la situación desfavorable para las personas que están siendo juzgadas por temas relativos a la Revuelta Social, Ley de Control de Armas y la protesta social en general. «Esperamos que la Corte ponga las cosas en su lugar, que atienda el vicio denunciado, la actuación autónoma de la policía. Esperamos que se acoja el juicio de nulidad y se ordene la realización de un nuevo juicio», finalizó el defensor.