INDH denuncia prácticas de tortura al interior de la cárcel de mujeres de Valdivia

por Javiera Barría

El Instituto de Derechos Humanos denunció prácticas de tortura hacia mujeres de la cárcel de Valdivia, luego de que Gendarmería violara los derechos humanos de las reclusas al haber lanzado gas pimienta en los genitales de una interna.

La acusación pone en evidencia la realidad de cientos de mujeres privadas de libertad en Chile, donde el sistema carcelario ha demostrado ser inhumano por las deplorables condiciones en que están los presos y presas. Ejemplo de ello fue el incendio del año 2010 ocurrido en la cárcel de San Miguel que culminó con la muerte de 81 reclusos.

Desde la Comisión Ética Contra La Tortura, Nelson Aramburu explicó el colapso y la corrupción que existen hoy en los centros carcelarios  del país.

Además, Aramburu señaló que las familias de los presos también sufren agresiones al momento de entrar a los centros penitenciarios. No obstante, en el caso de las mujeres la situación es diferente puesto que, de toda la población de mujeres presas, un 80% de ellas son madres solteras, por lo que al momento de estar en  la cárcel no hay quien las visite.

Si toda esta realidad ya resulta compleja, la etnia supone una nueva carga para las reclusas; tal fue el caso de Lorenza Cayuhan, quien fue obligada a parir engrillada en octubre del año pasado. Mientras que la Defensoría Popular calificó esta situación como un acto de tortura, distintas organizaciones sociales acusaron doble discriminación sólo por el hecho de ser mujer y mapuche.

El abogado de Cayuhán, Guillermo Rioseco, comentó que lo grave de esta situación ha sido la revictimización que se ha hecho, pues tras el martirio que le hicieron pasar hoy debe permanecer en el penal de Arauco junto a su hija Sayen. Esta, según las palabras del abogado, sería una muestra más de la falta en el marco jurídico del Estado chileno.

El caso de Lorenza y su hija Sayen ha generado reacciones por parte de la institucionalidad y de la sociedad civil. Por lo mismo, se ha impulsado la «Ley Sayen» que establece que aquellas mujeres que deben cumplir condenas con sus hijos pequeños, las realicen en sus domicilios en pos de proteger los derechos de los niños y niñas.