Tomas bajo asedio: la compleja actualidad del movimiento de pobladores
Escrito por Rafael González el julio 15, 2024
A principios de junio, en su visita a la región del Biobío, el ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes señaló que a nivel nacional son 49 los campamentos con riesgo de desalojo. Los asentamientos de Dignidad en La Florida, cerro La Virgen en San Antonio y más recientemente Cerro 18 en Lo Barnechea, se suman a otras decenas que podrían sufrir un destino similar al de la toma 17 de Mayo en Cerro Navia. Hoy, el movimiento de pobladores enfrenta dificultades para arrendar, dificultades en el diálogo con las autoridades y a la nueva Ley 21633, también conocida como “Ley Anti-Tomas”.
Por Rafael González
Tener donde vivir se ha vuelto un desafío, y que fuerzas policiales te quiten lo poco que tienes es la nueva normalidad. Vivir en una toma es una opción desesperada frente al déficit de vivienda que asola el país, y la profundización de esta crisis ha provocado que cientos de familias se encuentren a la espera de ser desplazadas de, los que a duras penas, son sus hogares. En este reporte informativo, abordamos las principales causas que intensifican la crisis de la vivienda.
ARRIENDOS
Para paliar las consecuencias del desalojo de la toma 17 de Mayo, el MINVU ofreció un bono de Gastos de Traslado Transitorio (GTT) de $336.000 pesos mensuales por un año, subsidio solo disponible gracias a que el campamento se encontraba registrado en el programa de Asentamientos Precarios. Al ser consultados por la medida, pobladores señalaron que no era una solución satisfactoria, ya que muchos de ellos trabajan en la informalidad y al no tener contrato, se ven imposibilitados a la hora de buscar arriendo.
Otro aspecto que ha generado insatisfacción, han sido los montos ofrecidos en estos subsidios. Pobladores de la toma de Cerro 18, han hecho hincapié en que reubicarlos de comuna con un GTT de $250.000 pesos (2020) es un despropósito, ya que muchos claman ser oriundos de Lo Barnechea y no podrían encontrar arriendo con ese monto en la exclusiva zona. A esto se le suma que integrantes de la toma hacen su vida en la comuna y de ser desplazados, tendrían que perder fuentes de trabajo junto a otros beneficios.
Los altos precios de compra y arriendo son atribuidos a la especulación con el suelo, encarecimiento de los materiales de construcción o al aumento de la tasa de interés, pero otro factor empieza a asomar; la entrada del sector financiero al negocio inmobiliario. En el reportaje “Superdueños del Gran Santiago” de Marcela Ramos, se describe como multi-adquisidores han ido sostenidamente comprando propiedades para arrendar, llegando a que en 2018 un 50% de los departamentos en la capital fuera adquirido con este fin.
El reportaje cita una serie de estudios realizados en Santiago, donde se exhibe como la transformación de la vivienda en negocio ha significado un aumento en los precios y una disminución del tamaño de las propiedades que se venden y se arriendan. Una de las comunas más afectadas por esta “financiarización” de la vivienda es Estación Central, en donde el hacinamiento y los altos precios han terminado por vaciar cerca del 40% de los departamentos de la comuna, acorde a corredores de propiedades.
En 2022, el “catastro nacional de campamentos” realizado por el MINVU identificó en tercer lugar “el alto costo de los arriendos” como principal razón para residir en una toma. En segundo lugar se encuentra la cercanía a oportunidades de trabajo y en primero, falta de empleo/cesantía.
Quizás te interese: «Si no se regula el mercado inmobiliario, es muy difícil poder solucionar la crisis habitacional» Pablo Pizarro del Movimiento Vida Digna
EL DIÁLOGO: CHOQUE DE INTERESES
Los subsidios de arriendo han sido criticados por algunos movimientos de pobladores, dado que consideran la expropiación y regularización de los terrenos ocupados como el camino a seguir. Aquí entra a la conversación quitar obstáculos que surgen de preceptos como la Ley 20.234, la cual regula el saneamiento y regularización de loteos, y que en algunos casos ha permitido que tomas como la Felipe Camiroaga de Viña del Mar pueda estar avanzando en su proceso de urbanización, el cual no ha estado exento de demoras y manifestaciones.
Otro hecho que dificulta la discusión es que, tomas como La Cruz en Quinta Normal o Los Arenales en Antofagasta, han logrado desarrollar tejido social e infraestructura, construyendo juntas directivas, pavimentación, medidas de seguridad y hasta escuelitas populares. Es por esto que se le exige al Estado reconocer que se está supliendo temporalmente su ausencia mediante la construcción de viviendas que frenan el hacinamiento, entregan lugares comunitarios y brindan refugio transitorio.
En la otra cara de la moneda, se encuentra la urgencia de remover campamentos que por su ubicación presentan un alto riesgo socioambiental. En el megaincendio de Valparaíso ocurrido en febrero, el 70% de las viviendas afectadas corresponden a ocupaciones irregulares y campamentos, esto se debe a una serie de factores que favorecen la propagación del fuego en laderas de cerros o entre quebradas. También existe el peligro que representan asentamientos cerca de cauces de ríos, los cuales se arriesgan a inundaciones como la ocurrida en la toma de Curanilahue.
Un aspecto que cabe destacar es que el gobierno no ordena los desalojos, sino que se decretan a través de fallos de la Corte Suprema. Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, declaró que el Estado debe llegar antes y no desalojar cuando las familias ya están instaladas. Es por esto que se está buscando el desalojo de campamentos en donde existan vicios como la estafa de loteos «brujos», la venta falsa de terrenos o la exposición al crimen organizado.
Surge la pregunta ¿Es justo que un grupo “se salte la fila” presionando con el levantamiento de tomas, habiendo otros que han esperado por más de 10 años una vivienda? El ministro Montes opina que habitar un campamento no pone a unos por delante de otros, sino que la postulación regular tiene que ser la total prioridad.
Tal vez también te interese: Minga Sin Fronteras: primer podcast sobre migración con foco en derechos humanos, niñez y voces migrantes.
LEY ANTI-TOMAS
Tras 2 años, 9 meses y 24 días en el congreso, la Ley 21633 entró en vigencia el 24 de noviembre de 2023. Esta modifica el Código Penal para castigar con penas hasta de cárcel el delito de usurpación, anteriormente sancionado con multas, y facilitará la detención de personas que residan en asentamientos irregulares. Durante la aplicación de esta ley, hemos tenido el desalojo de la toma 17 de mayo en Cerro Navia, Mauricio Fredes en Quilicura o Los Álamos en Arauco, en mayo, junio y julio respectivamente.
Una de las partes más afectadas por esta ley han sido las infancias, estando expuestas a la violencia que conlleva un desalojo. Es imposible no recordar lo ocurrido aquel 9 de marzo de 1969, cuando en el sector de Pampa Irigoin en Puerto Montt, fuerzas policiales asesinaron a 10 pobladores e hirieron a 52 en un intento de desalojo. El pequeño Robinson Montiel Santana, de solo tres meses de edad, abandonaba este mundo a consecuencia de los gases lacrimógenos.
Quedan muchos desalojos programados para este 2024, incluyendo el de la toma cerro La Virgen de San Antonio y Dignidad en La Florida, donde se contabilizan alrededor de 3900 y 700 familias, respectivamente. Los ojos de Chile están puestos en la administración de Gabriel Boric, cuyo lema en campaña fue “no desalojar sin solución habitacional”.
Para saber más de la Ley Anti-Toma: Chile. Ley anti tomas viola DDHH y sólo beneficia a dueños del suelo
Comentarios