Sobrevivientes de VIF: criminalizadas por las Instituciones que debieron protegerlas

La violencia de género afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la realidad. Pero cuando se ven obligadas a defender sus propias vidas del peligro de sus agresores, el abandono de las Instituciones se hace aún más evidente. Frente a las estructuras patriarcales que condicionan su libertad y bienestar, son las organizaciones, las colectivas y las redes de solidaridad entre mujeres las que construyen nuevas formas de compañerismo y lucha para sobrevivientes de VIF. 

Por Ana Muñoz Herrera

 

Durante la mañana del sábado 30 de abril, la Corte de Concepción anunció la absolución de Cinthya Concha, mujer de Tomé que había sido acusada de parricidio cuando, en un acto de defensa propia, se vio obligada a asesinar a quien fue su agresor por más de 16 años.

Aunque Cinthya fue detenida en 2019, el juicio duró más de dos años. Casi la mitad de ese tiempo estuvo en prisión preventiva, hasta que la Tercera Sala del Tribunal de Concepción rebajó la medida cautelar y decretó su arresto domiciliario total.

A lo largo de todo el proceso judicial, varias colectivas feministas demostraron su apoyo a través de redes sociales y manifestándose a las afueras del Tribunal Oral de Concepción, con la esperanza de que los antecedentes entregados por la defensa, y la presión mediática, sirvieran de apoyo para lograr la libertad de Cinthya.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Libertad Para Cinthya (@libertadparacinthya)

Desde la colectiva autónoma feminista, Libertad para Cinthya, que funcionó como la principal red de apoyo de Cinthya durante el proceso penal, afirman que existía un historial de al menos doce denuncias formales por violencia intrafamiliar (VIF) que no fueron escuchadas. «Ella se vio obligada a esta situación, porque nadie quiere tomar este tipo de acciones. El entorno social y la falta de apoyo institucional presiona a las mujeres en estos casos, de los que también, en términos emocionales y psicológicos, cuesta mucho recuperarse”, señalaron.

La organización, que estuvo en contacto constante con Cinthya, también significó un lugar de contención y amistad para ella, apunta al largo tiempo además que Cinthya y sus hijas estuvieron  expuestas a muchos tipos de violencia de género por parte de Mario Vásquez, quien, en ese período, fue su pareja.

De acuerdo a la colectiva, el agresor de Cinthya ejercía violencia física y psicológica, además de económica, hacia ella, sus hijas y su propia familia, como única red de apoyo a la que Cinthya podía acudir. “Su familia sabía, porque ella iba a la casa de la suegra a buscar ayuda, pero no podían ayudarla porque este hombre también era violento con la familia”, narra la organización. Afirman que de acuerdo a las declaraciones propias de Cinthya, cuando estuvo detenida, recibió mucho apoyo de parte de otras mujeres sobrevivientes de VIF.

Casos como éste generan mucha preocupación y cuestionamientos en las mujeres y organizaciones feministas, por la forma en que se trata a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar en procesos judiciales, donde son revictimizadas y se evidencia que las legislaciones, o la forma en que éstas son aplicadas, no siempre son suficientes para protegerlas.

Sobrevivientes de VIF: sujetas a interpretación

En 2019, año en que Cynthia fue detenida y acusada de parricidio, los registros del SernamEG (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género) indican que ocurrieron 49 femicidios. Estas cifras distan de las registradas por fuentes como la Red Chilena contra la Violencia Hacia la Mujer, que en sus investigaciones contabilizó 64 femicidios. En muchos de los casos, existían antecedentes de denuncias previas por violencia intrafamiliar u otro tipo de crímenes.

En 2020, el Memorial Feminista, organización que se dedica a la investigación de la violencia feminicida en Chile, registró en total 77 femicidios, donde una gran cantidad de los presuntos agresores no fueron o no han sido condenados aún. Por su parte, la Red contra la Violencia hacia la Mujer registra 58 casos de femicidios en el mismo año. Ambas cifras difieren de los 43 femicidios registrados por el SernamEG.

De acuerdo a la académica experta en Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, organizaciones como la Red Chilena o el Memorial Feminista consideran un aspecto más social y cultural de la violencia intrafamiliar y los femicidios. En el que se contemplan razones de género que el aspecto normativo institucional no incluye.

Además, según ella, en la definición de Violencia Intrafamiliar (VIF), no sólo se incluyen casos de mujeres, sino también cualquier agresión ocurrida en un contexto de parentesco o lazo familiar. Lo que dificulta el registro que se tiene de los crímenes que podrían estar motivados por el género de la persona.

Lorena Astudillo, abogada feminista y vocera de la Red Chilena contra la Violencia Hacia la Mujer, afirma que esto se asocia con la tipificación del concepto de violencia intrafamiliar en la Ley 20.066, que requiere que las personas involucradas sean convivientes, entre otras cosas.  Incluso, explica que esta definición, y la forma en que se ha tratado judicialmente, ha sido insuficiente.

“En Chile ni siquiera existe el concepto de violencia hacia la mujer, existe el concepto de violencia intrafamiliar, pero no dimensiona que la mujer se ponga a salvo, que se suicide a causa de la violencia, o que el tipo mate a los hijos para hacerle daño a la mujer”, expone.

Si bien Myrna Villegas afirma que esto debería cambiar con la promulgación de la Ley Gabriela en 2020, considera que sigue existiendo una falta de perspectiva de género en las legislaciones, puesto que, según la académica, “los recursos legales existen, pero todo pasa más bien por una interpretación de los jueces. Hay que probar los requisitos. El problema está en cómo se interpreta cada categoría con perspectiva de género”.

Las normas que eximen a las personas de criminalidad cuando actúan en defensa propia son las que se encuentran en el artículo 10 del Código Penal. En el artículo 10.4 se especifican tres requisitos: que la agresión sea ilegítima, que el medio que se use para defenderse sea racional o proporcional al medio del agresor y, finalmente, que no exista provocación por parte de quien se defiende.

Junto a eso, el artículo 10.11, que también se usa en este tipo de casos, exige que se prueben: la actualidad o inminencia del mal que se trata de evitar, que no existió otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo y, por último, que el mal causado no fue sustancialmente superior al que se evita, entre otras cosas.

En una investigación realizada por el Centro de Documentación Defensoría Penal de Chile, en el año 2011, se analizó cómo se utilizaba este y otros recursos legales en casos de mujeres imputadas por parricidio y los factores que entran en juego al momento de analizar las estructuras de violencia de género que afectan a las sobrevivientes de VIF en los procesos legales.

Si viviste violencia machista y producto de ello has tenido ideación, intento o planeación suicida o conoces a alguien que haya estado en esa situación, te invitamos a participar de la investigación “Violencia machista y suicidio en Chile” 🧵👇🏽 pic.twitter.com/pRAl3wh6qK

— Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) May 4, 2022

José Olavarría, miembro del equipo que realizó el estudio, en una entrevista para el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos, argumentó que el desafío legal consiste en mostrar la existencia de “violencia habitual”. Figura jurídica introducida por la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar. “Esta ley permite conectar el asesinato del agresor con una relación de poder y maltrato anterior”, aclaró.

Myrna Villegas afirma que “esto no se puede aplicar como molde y decir que todas las mujeres que matan a sus maridos actúan en legítima defensa, porque hay que probar en juicio cada requisito, por eso insisto en que el tema son los criterios de género con que se interpreta la norma”.

Por otro lado, Lorena Astudillo explica que los resultados de un juicio dependen de la habilidad del defensor para probar esos requisitos, del empeño que ponga el fiscal en condenar a una mujer y, últimamente, de la decisión del juez. “Acá hay interpretaciones de la letra de la ley, pero no se ve justicia, no se ve la historia de vida de esa mujer, no se ve lo que terminó pasándole a esa mujer”, afirma la abogada feminista.

El derecho a no ser violentadas

La cantidad de denuncias comparada con la de detenciones por violencia intrafamiliar registradas en 2019 por el Centro de Estudio y Análisis del Delito, podría ser un indicio de la falta de apoyo institucional que existen en estos casos. Donde muchas mujeres víctimas y sobrevivientes a VIF se ven obligadas a defenderse ya que su vida o la vida de sus hijos o hijas están en peligro.

Mientras que la primera cifra corresponde a 97.165 denuncias en ese año, solo ocurrieron 25.956 detenciones, un equivalente al 26,71% del total de denuncias. Pese a que ambas cifras disminuyeron en el año 2020, el número de detenciones siguió siendo menor al de denuncias.

Myrna Villegas afirma que el problema no solo está en el análisis de los datos. Para ella, las medidas cautelares y la fiscalización pueden resultar ineficientes.

Por su parte, Lorena Astudillo sostiene que “nadie puede decir que no es violento para una mujer tener que matar porque no la pusieron a salvo y luego ser tratada como una criminal, cuando fue la misma institucionalidad que no la salvó”.

En un estudio publicado en 2020 por la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, nombrado Denuncié violencia y #CarabinerosMeDijo, se expone la situación de 205 mujeres, de las cuales más del 80% tiene una percepción negativa de su intento o denuncia efectiva. Este estudio evidenció lo común que es para las mujeres recibir cuestionamientos, burlas y risas e incluso minimización de sus relatos por parte de los carabineros, al momento de denunciar.

Para combatir esto, la Red Chilena se esfuerza por difundir información que oriente a las mujeres al momento de denunciar, como su Guía para la denuncia, publicada en el sitio web de la organización. En ella se indica que también pueden efectuarse denuncias en los Juzgados de Familia, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público, siendo necesario sólo el testimonio de la persona afectada.

Lorena Astudillo pone énfasis en que, si bien la perspectiva de género en la legislación es necesaria para proteger a mujeres en estos casos, hace falta un cambio estructural en muchos aspectos, puesto que “la violencia hacia la mujer está bastante naturalizada en este país”.

Algo similar afirma la colectiva Libertad para Cinthya “creemos que incorporar perspectiva de género es poner un parche, pero que no modifica ninguna medida. Tenemos claro que el camino no es incorporar perspectivas de género, sino transformar las realidades materiales estructurales de la sociedad que nos someten en estas dinámicas de violencia”.

Lorena Astudillo relata que la mayoría de las mujeres con las que la Red Chilena ha podido conversar, soportan relaciones violentas porque “cargan con un peso cultural importante, piensan que los hijos tienen que criarse con papá y mamá, piensan si estamos solas quedamos desoladas, si en la casa no falta nada, entonces no es tan malo”.

Lorena también menciona que, además del peso cultural, las razones ligadas a la religión también presionan a las mujeres a quedarse en relaciones o matrimonios en los que son violentadas. “Piensan que cuando se casan, es para toda la vida, pero una vez que ven que sus hijos e hijas corren peligro, muchas veces toman decisiones más drásticas como irse de la casa o derechamente defender su propia vida y la de sus hijos y las hijas, matando al agresor”, detalla sobre las sobrevivientes a VIF.

En cuanto al rol que cumple la Red Contra la Violencia hacia la Mujer en la lucha frente a este tipo de problemas, Lorena cuenta que están «visibilizando aquellas manifestaciones que eran naturales para los hombres y que a nosotras nos generaban daño, las estamos denunciando, visibilizando y les estamos dando nombre, pero nosotras vamos bastante más rápido que la institucionalidad”.

Según la vocera de la organización, quienes pueden elaborar proyectos y leyes, mayoritariamente son hombres y mujeres de sectores acomodados. “Yo diría que no ha habido una voluntad política para mirar la realidad que vivimos las mujeres en este país, no toman medidas efectivas y sobre todo preventivas y promocionales de una vida libre de violencia”, cuenta.

“A lo que nosotros apuntamos es a que no ocurra y para eso, se debe promocionar que las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida sin violencia”, exige Lorena. También aclara que, para el punto de vista de la Red Chilena, eso significa integrar una educación no sexista, intervenir los medios de comunicación e intervenir la publicidad y los estereotipos que promueven.

“Hay una serie de medidas que podrían tomarse para promocionar una vida libre de violencia, que no se aplican en ninguna parte. No vemos campañas que sensibilicen y ayuden a convencer a toda la gente de -mira lo ridículo que puede sonar- pero de convencer a la gente de que las mujeres no tenemos que ser violentadas”, lamenta.

Fobia a decir patriarcado

Para casos como el de Cinthya, aspectos como la difusión mediática y la presión que esto genera han sido de gran importancia, como afirma Esperanza, de Libertad para Cinthya. Sin embargo, cuando el proceso seguía en transcurso, ella y sus compañeras notaron que los medios tradicionales cubrían muy poco esta noticia, sumado a que muchas veces lo hacían con tratamientos poco éticos.

La Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (PerioFem), organización que se dedica a denunciar periódicamente las coberturas sexistas presentes en los medios locales, están de acuerdo en que la difusión de este tipo de información, con una cobertura adecuada, podría ser de mucha ayuda para quiénes están en etapas tempranas de violencia.

Sin embargo, aseguran que, para esto, es necesario que se sitúe a la violencia desde sus etapas tempranas. Es decir, no esperar que se cometa el femicidio para informarlo.

Magdalena Escobar explica que “el círculo de la violencia es uno de los más complejos de romper y escapar. Pero puede que una información bien entregada, con enfoque de género, te del impulso que necesitas para denunciar”. Además, afirma que puede ser de ayuda para concientizar y comprender mejor situaciones propias, “a lo mejor tú hace años viviste una situación similar y no lo sabías. Darte cuenta tiene una consecuencia desde sanar heridas contigo misma, hasta los procesos judiciales y penales que correspondan”, menciona.

La periodista también afirma que hay una serie de puntos que los medios repiten y que hacen que sus coberturas sean muy alejadas de la perspectiva de género y el respeto hacia las familias y mujeres sobrevivientes o que hayan muerto por femicidio:

• Hablar positivamente del agresor: Ocurre cuando se retrata al agresor, o se habla de él, en términos de bondad y positividad. En otras palabras, es caracterizar al agresor mediante la asignación de cualidades positivas como persona. Según Magdalena Escobar, esto no tiene ningún aporte en el análisis de los casos y la violencia de género, sino que “lo que queda para la gente es una pseudo justificación de lo que este agresor hizo o una incomprensión, como: no puedo entender por qué este hombre es tan agresivo, si es que es tan inteligente, tan buen hijo, tan buen alumno».
• Hablar de los agresores como enfermos o psicópatas: “En Perú se hizo un estudio donde se analizaron en los casos de una cárcel donde los hombres estaban cumpliendo pena por algún caso de violencia de género. Ninguno de ellos tenía una patología mental”, expone Magdalena. Y añade “quizás tenían rasgos de personalidad específicos, pero eso no hace a un hombre más o menos propenso a ser un agresor. No es un hombre enfermo, es un hijo sano del patriarcado”.

• Romantización de la violencia: “Quizás recordarás que en los diarios de repente vemos cosas como el trágico fin de la relación o el desenlace trágico… esto hace ver al femicidio y a la violencia de género como un destino ineludible para las mujeres”, explica Magdalena. La comunicadora además afirma que este tipo de lenguaje, las palabras que se utilizan, muestran a las mujeres “como si estuviéramos destinadas a ser violentadas o asesinadas por un varón. Los medios, en todo su arco iris de expresiones, desde la publicidad hasta el cine, han aportado a ese imaginario de quien te quiere te aporrea”, denuncia.

• La forma en que se trata a las fuentes: Desde la forma en que se busca a las fuentes hasta lo que se dice de ellas, “por ejemplo, en el caso de Fernanda Maciel fue muy bullado el hecho de que crearan un perfil psicológico, en TVN. Se dijo que era una persona emocionalmente compleja, cambiante ¡Incluso se habló que ella tenía vínculos con el narcotráfico!”, exclama Magdalena. Bajo su punto de vista, todas esas situaciones conducen a lo mismo, justificar a las personas para que critiquen el actuar y la forma de ser de las mujeres afectadas, sin entregar información útil.

• Fetichización de las víctimas: Magdalena indica que los medios suelen tratar a las mujeres como otro bien de consumo y clasifican a las mujeres entre buenas víctimas, ángeles o malas víctimas, vampiresas. Esta clasificación de sobrevivientes de VIF se realiza según la edad, el aspecto, lo que estuvieran realizando en el momento de los hechos, el lugar y la ropa estaban usando. “Es como si los medios tuvieran propiedad de todo lo que te ocurre y todas tus características personales para ventilarlo. Si eres de una clase social más alta o incluso, si eres una mujer de belleza hegemónica, la cobertura es completamente distinta”, aclara.

Para Magdalena Escobar y todo el equipo de la Red PerioFem, lo que los medios tradicionales hacen es aportar cero valoraciones en la discusión pública sobre estos temas. “En lugar de tomar un rol informativo, preventivo, o explicativo, terminan solamente haciendo un festín con estos términos y la forma morbosa en que los usan”, reclama.

“Cuando se informa de manera tendenciosa en temas como el quinto retiro, por ejemplo, no se considera falta de objetividad. Pero si hablamos de género, se nos trata de activistas y militantes periodistas… y por supuesto que lo somos”, declara la vocera de la Red PerioFem.

La periodista además explica que, ya que las mujeres y las disidencias sexuales y de género están constantemente expuestos a violencia. «Necesitamos informar y concientizar, especialmente a los segmentos más abandonados y a los que no siempre llega esta información. Los medios tienen un rol social y humano en la construcción de imaginarios y patrones en los que permea a la sociedad”, asegura.

Además, expone que, en los medios, siempre se muestran estos casos como puntuales, aislados, con características muy específicas. «Pero nunca sitúan la violencia de género como el problema estructural que es, tienen una fobia a decir patriarcado”, reflexiona. También agrega que “mientras las mujeres sigamos siendo vulneradas y mientras el patriarcado exista, como tal, el feminismo va a tener que estar en los medios. Es parte del proceso de romper el pacto patriarcal, yo creo que este periodismo situado, feminista, no neutral, es necesario para que las personas conciban el mundo de una manera más amplia y más justa”, asegura la periodista respecto al foco al informar sobre sobrevivientes de VIF.

Más allá de la propaganda

Casos como el de Cinthya hay muchos. Basta con explorar las redes sociales de las organizaciones feministas mencionadas en este reportaje para comprobarlo. En Instagram y Twitter, constantemente se realizan campañas de apoyo a casos en los que las mujeres se han defendido de sus agresores.

Sin embargo, no existe un registro que pueda entregar claridad respecto al número actual de mujeres imputadas por parricidio. Myrna Villegas afirma que es complejo saber por qué en algunos casos las mujeres son absueltas y otros no, ya que cada caso es particular y “hay elementos en el contexto que hacen que las circunstancias sean diferentes, aunque se pueda ver un patrón más o menos similar en la conducta de las personas involucradas”, explica, y, por tanto, se analizan de manera distinta en los juicios.

Por su lado, Lorena Astudillo, afirma que desde la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer “pensamos que todas las mujeres que vivieron violencia porque la institucionalidad no las puso a salvo, que corrieron nuevamente peligro con el agresor y lo mataron, deben ser absueltas o deben tener un indulto”.

Desde Libertad para Cinthya, afirman que es importante no ver el caso de Cinthya sólo como un triunfo del enfoque de género frente a la justicia patriarcal, para no invisibilizar la red de solidaridad, apoyo humano y la organización de presión que hubo detrás y que respaldó a Cinthya en todo momento, al igual que en otros casos. “No es solo propaganda, es un acompañamiento de vida personal a las compañeras. Es el visitarnos, el tomar oncesita, el apañe afectivo también”, reflexionan.

“Pensamos que no puede ser una victoria que una mujer deba esperar tantos años, una vida entera de violencia y tortura, para tener lo mínimo de justicia que merecen mujeres como Cinthya, aunque esa justicia no borrará de la memoria la violencia vivida, el estrés y la descompensación de todas estas semanas en que estuvo en peligro de quedar presa”, afirman desde la colectiva.

Finalmente, puntualizan en que no pueden dejar de lado lo alegre de la noticia, y la esperanza que puede brindar a otras mujeres condenadas por autodefenderse, esperando que este caso motive al mundo de las leyes para que comiencen a revisar sus casos. La colectiva insiste en que esto no es un problema individual, sino que estructural y sostiene que “cualquiera puede ser Cinthya”.

Tal vez también te interese: LEY ANTONIA: PROYECTO AVANZA Y DEJA ATRÁS LA TIPIFICACIÓN DEL SUICIDIO FEMICIDA

Sigue leyendo en Radio JGM

La realidad del autismo femenino en Chile: En primera persona (Parte I)