Sobreprecio, amiguismo e inmuebles en peligro: la trama tras la compra de terreno para un nuevo hospital en Colina

Escrito por el diciembre 30, 2022

A tres años del anuncio de un recinto de alta complejidad para Colina, el sitio donde se construiría el hospital fue desechado por las autoridades sanitarias, que están en búsqueda de un nuevo espacio. Más aún, Contraloría detectó una serie de irregularidades en la compraventa de la propiedad, y la municipalidad se encuentra en la disyuntiva entre terminar de pagar el terreno -contraviniendo los dictámenes del ente fiscalizador- o ser expuesta a la pérdida de trece bienes municipales que hipotecaron ante la vendedora.

Por Julio Olivares, Ignacio Reyes y Joaquín Soto


Lo que en principio era fuente de esperanza para el millón de personas que verían construido, al fin, un hospital para la zona Norte de Santiago, terminó siendo una fuente de problemas que todavía no encuentran solución. El municipio de Colina, que hace tres años anunciaba orgulloso que había sido elegido por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para albergar el recinto de alta complejidad, hoy se encuentra en graves problemas.

Y es que en el intertanto Contraloría descubrió una serie de ilicitudes en el contrato de compraventa del terreno suscrito no por la municipalidad, sino por la Corporación de Desarrollo Social de la comuna: un precio injustificado –que se estima mil millones de pesos más caro que el valor comercial-; la ausencia de un proceso público transparente que explique por qué se le compró a una conocida del exalcalde Mario Olavarría; y la imposibilidad de cambiar el uso de suelo del lugar, lo que hace inútil cualquier intento de construir ahí un centro hospitalario.

La Corporación de Desarrollo Social de Colina se encuentra hoy en un limbo: obligada a pagar las cuotas de la compraventa suscrita con la vendedora, pese a la oposición de Contraloría, o expuesta a perder trece inmuebles municipales que hipotecaron con tal de cerrar el trato. El contrato, por cierto, no contempla la opción de restituir el dinero si el hospital no es construido en el lugar.

La polémica elección del lugar

Chacabuco es la única provincia de la Región Metropolitana que no tiene un centro hospitalario. Según vecinos, se ha postergado por décadas la demanda por un hospital de alta complejidad para más de un millón de personas provenientes de Colina, Lampa y Til Til, además de las comunas aledañas Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba y Quilicura. La lista de espera de pacientes no AUGE tiene una de sus tasas más altas en el Servicio Metropolitano Norte y, pese a que existen centros de salud familiar (Cesfam) en las ocho comunas del sector, ante complicaciones graves de salud los pacientes dependen exclusivamente de un colapsado Hospital San José, el cual no está equipado para atender a una población superior a 500 mil personas.

Es por esto que durante 2018 el gobierno de Sebastián Piñera dio marcha a un proceso técnico con el fin de encontrar un lugar donde emplazar un hospital para la zona. La edificación del recinto implicaría una inversión de 230 millones de dólares y agregaría más de 360 camas al sistema de Salud Pública.

Uno de los requisitos clave para definir el sitio donde se erigiría el centro era que las cinco hectáreas necesarias para su construcción fueran entregadas a título gratuito a los ministerios de Salud (Minsal) y de Obras Públicas (MOP), para que “ni el ministerio ni el gobierno regional gastaran dinero en la compra de este terreno”, según explicó públicamente el exministro de Salud Jaime Mañalich.

En ese contexto, tanto la municipalidad de Colina como la de Lampa presentaron sus candidaturas para acoger el hospital a una comisión técnica especialmente dispuesta para encontrar un terreno apto. En el caso de la primera, se trataba de una parcela de propiedad de una vecina de Chicureo que el exalcalde de Colina Mario Olavarría (UDI) estaba gestionando personalmente para su comuna.

Al revisar las evaluaciones de la comisión en torno a ambas propiedades, se aprecia que el terreno propuesto por Lampa recibió mejor nota en seis de los siete elementos considerados en la valoración, incluyendo los ítems de accesibilidad, condiciones del terreno, mitigaciones/obras complementarias e inversión del terreno. En este último apartado, el terreno de Lampa recibió un 6,33 (siendo 7 la nota máxima), mientras que el terreno de Colina obtuvo un 1,67. El sitio de Colina solo fue mejor evaluado en el factor de urbanización (5,3 a 4,8). Considerando todos los factores evaluados, obtuvo un promedio de 4,23 contra un 5,32 de Lampa.

Sin embargo, pese a la notoria diferencia en la evaluación técnica de ambos terrenos, en agosto de 2019 las autoridades sanitarias decidieron erigir el complejo hospitalario en Colina.

“Hemos sido extraordinariamente formales, los equipos técnicos han trabajado muy en serio, la decisión del Presidente está fundamentada en argumentos estrictamente técnicos y creemos realmente que este es el mejor lugar para el futuro Hospital Metropolitano Norte”, justificó el exministro Mañalich en la instancia.

Los nexos del alcalde y la vendedora

Oficializada la elección del terreno donde se construiría el centro hospitalario, el entonces alcalde Olavarría afinó los detalles para comprar el terreno que ya había sido aceptado por el Minsal. De acuerdo con el sitio web de la municipalidad, la búsqueda del espacio para emplazar el hospital era una de las prioridades del edil.

El 24 de noviembre de 2020 se firmó el contrato de compraventa entre la vendedora del inmueble, Carmen García Reus, y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, a la cual el municipio había traspasado los fondos públicos necesarios para que comprara la propiedad.

A la fecha la municipalidad no ha justificado por qué decidió proceder a través de la Corporación y no efectuar la compra directamente, aunque argumentó ante Contraloría que era “más conveniente”.

El terreno en cuestión está ubicado en la calle Coquimbo, al costado poniente de la autopista Radial Nororiente. Tiene 50 mil metros cuadrados de superficie y se ubica a 15 kilómetros de la zona urbana de Colina, en un sector industrial, rodeado de una serie de fábricas, y al cual no llega el sistema de transporte público, por lo que solo se puede acceder en vehículo.

El contrato de compraventa fija la venta del sitio a la Corporación por “la suma equivalente en moneda nacional a 100 mil unidades de fomento (UF)” -alrededor de $2.900 millones al momento de la venta- y establece, además, la forma en la que se pagaría la suma: primero, a través de una cuota de 20 mil UF que fue solventada en el acto y, luego, mediante ocho cuotas iguales de 10 mil UF cada una, a pagarse cada 30 de mayo y 31 de octubre hasta 2024.

Por lo demás, el contrato explicita que “la Corporación adquirió el inmueble con la finalidad de destinarlo a la ejecución del megaproyecto denominado hospital Zona Norte de la Región Metropolitana” y establece que el inmueble “queda sujeto a la prohibición de cambiar su destino, que actualmente es agrícola”.

La vendedora, Carmen García Reus (69), adquirió el inmueble en cuestión por adjudicación en la liquidación de la sociedad conyugal que tenía hasta 1997 con Eduardo Abuhadba. Nieta del fundador de la Viña Santa Catalina, García Reus es accionista del Estadio Español, parte del directorio de la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda., y vive en Chicureo, el sector más acomodado de Colina.

Mientras Olavarría era alcalde, tanto García como una de sus hijas fueron socias y directoras de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina entre 2011 y 2014 (su hija Carmen Abuhadba continuó hasta 2018), período en que García ocupó el cargo de secretaria de la institución. Su hija continuó en el directorio hasta 2018. La vendedora del sitio, además, fue parte del directorio de la Corporación de Educación y Salud de la comuna, también con Olavarría a la cabeza.

En un sitio web que recopila información sobre eventos sociales de Chicureo se puede encontrar una fotografía de noviembre de 2002 en la que tanto ella como Olavarría aparecen en la celebración del cumpleaños de García.

hospital colina

Carmen García (segunda de izquierda a derecha) y el exalcalde Mario Olavarría (a la derecha) compartiendo en el cumpleaños de la vendedora del terreno cuestionado.

Consultado por su vínculo con García, el ex edil de Colina descartó que fueran cercanos, aunque indicó que ella “es una persona muy conocida en la comuna, así que obviamente la conocí”.

“A ella, como a otros vecinos destacados de Colina, les pedí que fueran parte del directorio de la Corporación de Educación y Salud de la comuna”, puntualizó.

Carmen García, en tanto, no respondió solicitudes para una entrevista.

Una serie de ilicitudes

Debido a la necesidad crítica de producción alimentaria en la Región Metropolitana, los terrenos de uso agrícola están protegidos por el Plan Regulador Metropolitano. Este es el caso del terreno adquirido por la Corporación de Desarrollo Social en noviembre de 2020.

Por su naturaleza legal, el espacio no era apto para la construcción del hospital. El inmueble solo permitía construcciones que alberguen un máximo de mil personas, cifra insuficiente para las necesidades del “Megaproyecto Hospital Zona Norte”. La única opción para construir el recinto en el terreno era modificar esta legislación regional.

Producto de la solicitud de la administración de Olavarría, el 30 de noviembre de 2021, en una sesión plenaria extraordinaria, el Consejo Regional (CORE) aprobó el cambio de uso de suelo que permitiría la construcción del centro de alta complejidad en Colina. La iniciativa obtuvo 23 votos a favor y 5 en contra.

Los consejeros que votaron negativamente acusaron la falta de garantías gubernamentales respecto a la efectiva construcción del recinto en la comuna. Por su parte, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (ex DC), votó a favor, recalcando su compromiso con la aprobación de esta modificación para acelerar la construcción del hospital.

Pese a la autorización del CORE, la instalación del recinto hospitalario en esa zona no estuvo exenta de polémicas. En junio de este año, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, junto a otras dos personas que decidieron mantener el anonimato, realizaron una denuncia ante la Contraloría General de la República por una serie de ilicitudes en la compraventa del terreno. Esto fue analizado por el organismo, que emitió un primer dictamen el 11 de agosto de 2022.

A través del oficio N° E245110, la CGR concluyó que no es factible la construcción del hospital en el inmueble de Colina, pues confirmó una serie de irregularidades en la compraventa convenida entre García y la Corporación de Desarrollo Social.

Para la Contraloría, el proceso no se ajustó a derecho desde su génesis. Según señala el organismo fiscalizador, ni el precio pagado por el inmueble ni la modalidad de compra del terreno vía trato directo fueron justificados debidamente por la Municipalidad de Colina. De esta forma, la compraventa violó la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en tanto indica que las contrataciones directas deben efectuarse (en caso de ser necesarias) “mediante un acto administrativo debidamente fundado”.

Por lo demás, no existen “antecedentes que sustentaran que el precio pactado se haya correspondido al justo valor comercial a pagar”. De acuerdo con Herman y concejales de Colina consultados, el sobreprecio pagado por el municipio habría sido de casi mil millones de pesos.

Asimismo, Contraloría estableció que la transferencia de recursos públicos del municipio a la Corporación para adquirir el inmueble, resulta ajena a los fines de esta última. Es decir, no se ajustó a derecho que se utilizara a una corporación privada para la adquisición del terreno.

Además, el ente fiscalizador resolvió que la causal de trato directo para la contratación de la firma de arquitectos Urbe Diseño y Gestión Urbana Ltda. -a quienes se les encargó una asesoría técnica para realizar el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica- tampoco estaba correctamente justificada.

Finalmente, el organismo liderado por Jorge Bermúdez no tomó razón de la modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitía un cambio de uso de suelo. El uso agrícola con factibilidad de explotación del terreno en cuestión debe ser preservado para respetar la Estrategia Regional de Desarrollo vigente y, por tanto, la decisión del CORE tampoco se ajustó a derecho.

Consultados sobre el frustrado cambio de uso de suelo, el equipo de prensa de la Gobernación Regional señaló por escrito: “El gobernador no se está refiriendo al tema porque administrativamente él hizo todo lo que le solicitaron para que el hospital se concretara”.

De todas formas, en febrero de este año, Orrego afirmó que el cambio solo tenía por objeto viabilizar la construcción del recinto, y que “si por distintas razones este no se realizara, vamos a revocar la medida”.

Por su parte, al recibir el dictamen, el municipio de Colina solicitó al ente fiscalizador reconsiderar su valoración de los hechos, en base a la presentación de “nuevos antecedentes”. En su escrito, la municipalidad ahora liderada por Isabel Valenzuela (también UDI) alegó que “se consideró que era más conveniente que dicha entidad (la Corporación) gestionara la compra y posterior donación del inmueble”, lo cual habría contado con acuerdo del concejo municipal.

Además, indicó que “no habrían podido adquirirlo a través de licitación pública, por haber sido escogido por el entonces Jefe de Gobierno (Sebastián Piñera)” y que, en cuanto al precio del inmueble, “su monto habría sido fijado por la propia vendedora, informándose de aquel a las autoridades involucradas”.

Pese a la solicitud de reconsideración, Contraloría ratificó su posición en el dictamen N° E268229 emitido en octubre de 2022.

“Tratándose de adquisiciones de inmuebles por parte de un organismo de la Administración del Estado, a fin de determinar el precio que se pagará, es necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán requerirse las valoraciones comerciales externas practicadas por profesionales especializados en la materia, o por entidades financieras”, apuntó el oficio.

Más aún, debido a la compra irregular del terreno y la contratación injustificada de la empresa arquitectónica mencionada, la I° Contraloría Regional Metropolitana de Santiago dispuso la instrucción de un  procedimiento disciplinario sobre la materia.

En busca de un nuevo terreno

Pero la situación no se acaba en las múltiples irregularidades descritas este año por la Contraloría. Ya en noviembre de 2021 se había dado a conocer que el Minsal y el MOP presentaron una serie de reparos técnicos respecto del inmueble comprado por la Corporación de Colina, y que el Ministerio de Desarrollo Social no aprobó la construcción del recinto en Colina “porque faltaba información”.

De esta forma la administración anterior instruyó al director del Servicio de Salud Metropolitano Norte para que hiciera una nueva comisión de búsqueda de un terreno para el hospital, comisión que fue formada a mediados de este año por el actual subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

Al nuevo proceso de búsqueda se presentaron ocho terrenos ubicados en seis comunas: Lampa (con tres localidades), Conchalí, Quilicura, Huechuraba, Til Til y el terreno desechado de Colina, que fue repostulado por la municipalidad para albergar el centro asistencial.

Los criterios de selección para el sitio definitivo fueron acordados en una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados que se desarrolló en Colina el 13 de junio de este año, y en la que participaron, además de los parlamentarios que conforman permanentemente la instancia, diputados de la provincia de Chacabuco, los alcaldes de Colina, Lampa y Til Til, y el subsecretario Araos. Los criterios son al menos dos: que esté ubicado en la provincia de Chacabuco y que se encuentre por fuera del anillo de Vespucio Norte.

Además, varios de los intervinientes plantearon que el terreno debe permitir balancear los criterios de inversión para construir obras complementarias en materia de vialidad y saneamiento, y que debe estar disponible a la brevedad posible, aunque en estos dos puntos no hubo unanimidad.

De acuerdo a información obtenida a través del diputado Tomás Lagomarsino (independiente pro-Partido Radical), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el informe “ya ha sido emitido, pero no ha sido publicado, pues antes de publicarlo, (la Subsecretaría de Redes Asistenciales) desea tener algunas claridades respecto del terreno que habría obtenido la mayor puntuación”.

Aunque el diputado Lagomarsino no precisó si el cuestionado inmueble en Colina fue nuevamente electo por la instancia técnica, afirmó que está “dentro de los tres o cuatro terrenos” que pasaron a la evaluación final de la comisión.

Trece inmuebles en peligro y una devolución incierta

Durante la sesión del concejo municipal de Colina de abril de 2020, por decisión unánime del concejo aún liderado por el exalcalde Olavarría, la Municipalidad decidió traspasar nueve inmuebles de equipamiento municipal ubicados en distintos sectores de la comuna a la Corporación de Desarrollo Social, para que a su vez la Corporación garantizara las obligaciones derivadas de la compra del inmueble ante Carmen García Reus.

Luego, durante la sesión correspondiente a julio de 2020, el concejo municipal aprobó hipotecar otros cuatros inmuebles municipales pues, de acuerdo a la información presentada por Olavarría a los concejales, la hipoteca de las primeras nueve propiedades “resultó insuficiente para la vendedora, toda vez que los inmuebles de tutela municipal no serían garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la compra en cuestión”.

Así las cosas, durante 2020 la Municipalidad de Colina, a través de un traspaso gratuito a la Corporación de Desarrollo Social, puso trece inmuebles públicos en garantía de pago ante la vendedora del terreno de calle Coquimbo, la mayoría de ellos ubicados principalmente en las zonas de Chicureo, La Cantera y Filomena.

Según indicó el concejal de Colina Víctor Flores (PS), las obligaciones derivadas de la compraventa no han sufrido cambios, pese a que el terreno no fuera oficializado para recibir la construcción del hospital en la primera instancia, lo que preocupa al concejo actual.

Hasta la fecha, la Corporación ha pagado 50 mil UF. Sin embargo, la quinta cuota de las nueve pactadas como forma de pago venció el 31 de octubre recién pasado y la organización no ha abonado las 10 mil UF correspondientes al período, debido a los dictámenes de la Contraloría que declararon ilegal la compraventa.

Este incumplimiento de contrato expone a la Corporación a una eventual demanda civil por parte de García, y deja a la vendedora con la posibilidad de hacer cumplir la hipoteca señalada, pagándose con los inmuebles municipales puestos en garantía.

Para la concejala de Colina Catalina Vergara (independiente pro-Frente Amplio), la situación es especialmente preocupante porque uno de los espacios hipotecados corresponde al liceo público Bicentenario Santa Marta de Liray.

Por otro lado, Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, declaró que la gestión de la compraventa del terreno podría conllevar consecuencias legales para los involucrados en la operación comercial.

“Dentro de la lista de distribución de los dictámenes de Contraloría está el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ellos, dentro de sus funciones, tienen que cuidar que los fondos públicos sean bien utilizados. Aquí hay un daño fiscal. Por lo tanto, el CDE va a tener que decidir. Si yo fuera presidente de esa institución, iniciaría el tema judicial”, aseveró.

Consultados por la posibilidad de dejar sin efecto el contrato y que García devuelva el dinero recibido por el terreno en caso de no ser utilizado para el hospital, el encargado de prensa de la alcaldesa Isabel Valenzuela manifestó que la edil no prestaría declaraciones, argumentando que “la última vez que hablamos en Mega tuvimos una mala experiencia”.

En el reportaje aludido, emitido en septiembre de 2022, Valenzuela señaló que confía en que el dinero se pueda reincorporar al municipio, aunque el contrato no lo exija.

“Yo no cuestiono la buena voluntad de la dueña del terreno. Ella es una vecina y siempre piensa en el bien de la comuna, en no afectar a la comuna”, apuntó.

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