Sindicatos califican de «antisindical» reforma laboral y Gobierno aún evalúa veto

Escrito por el mayo 5, 2016

Después de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, y solo días de que se conozca el fallo completo del Tribunal Constitucional contra parte de la Reforma Laboral, trabajadores y trabajadoras chilenas rechazan el proyecto del gobierno y exigen mejoras laborales reales.  

Por Yoselin Fernández y Bárbara Barrera

1 de mayo de 1886, Estados Unidos. Doscientos mil trabajadores inician una huelga exigiendo jornadas laborales que no excedan las ocho horas diarias en todo el país. Tres días más tarde en el Haymarket Square, Chicago, una bomba estalla durante una protesta, se trató de un atentado contra la policía que reprimía la manifestación. Un policía muerto y varios heridos desencadenaron el ataque a quemarropa contra los obreros que se manifestaban.

Los días venideros estuvieron marcados por la persecución y represalia hacia los trabajadores supuestamente implicados. El 21 de junio del mismo año se inició un juicio contra treinta y un responsables, de los que finalmente ocho fueron declarados culpables. Tres fueron a la cárcel y los cinco restantes condenados a la horca.

Esto marcó un hito: se obtuvo jornadas laborales de ocho horas diarias y “Los mártires de Chicago”, quienes inspiraron a todo el movimiento obrero alrededor del mundo, dan vida al Día del Trabajador.

130 años después, el 1 de mayo de 2016, en Santiago, miles de trabajadores se congregan en avenida Brasil con la Alameda para iniciar la ya tradicional marcha por el Día del Trabajador. Una masa encabezada por dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) enfila en dirección al oriente, mientras que el grupo disidente convocado por la Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) avanza hacia el poniente.

Distintas direcciones de un mismo movimiento que, a pesar de sus diferencias, concuerda en una cosa: el rechazo a la Reforma Laboral propuesta por el gobierno.

“Un paso hacia delante y dos hacia atrás”

Para Karina Narbona, antropóloga social e investigadora de la Fundación Sol, esta Reforma representa en muchos sentidos derechamente un retroceso, y los que podrían considerarse avances quedan muy reducidos, en un contexto general que no supone cambios sustanciales.

A juicio de Narbona, este proyecto “tiene que ver con ponerse al día con lo mínimo a nivel de los estándares internacionales, pero sigue existiendo una dimensión de la Reforma que es muy negativa y que termina opacando los aspectos que podrían considerarse rescatables”.

La investigadora indica que la Reforma Laboral es conflictiva tanto por aspectos que incluye, y que no benefician a las y los trabajadores, como también por materias esenciales que esta no considera. “La Reforma desde un principio desestimó la posibilidad de habilitar la negociación colectiva por sector económico y para nosotros esa es la principal herencia de la dictadura que luego en democracia se mantuvo, e incluso se consolidó”, aseguró.

Narbona explica que este tema es fundamental “porque si entendemos las relaciones laborales como relaciones de poder, si se quiere en alguna medida reequilibrar la balanza – que está muy a favor del empresario- se debería tender a darle fuerza a la acción organizada de los trabajadores entendidos como colectivo”.

El principal conflicto que implica la ausencia de una negociación sectorial es que con esta “los trabajadores pueden convenir situaciones de trabajo, de vida, condiciones incluso que tienen que ver con derechos sociales generales, y bajo una articulación y solidaridad de clase. En el caso de una negociación enfocada solamente en la empresa, la fuerza que pueden tener en ese sentido es mucho menor”, indica Narbona.

Por otra parte, la Fundación Sol señala también que la Reforma incluye, entre otros, dos aspectos muy cuestionados: resguarda el funcionamiento de las empresas durante huelgas y, además, incluye una “reivindicación histórica del empresariado”: la flexibilización y desregulación de la jornada laboral.

Si bien la Reforma elimina formalmente el reemplazo en huelga, utiliza ciertos canales que obligan al mismo sindicato a garantizar el funcionamiento de la empresa. Uno de ellos tiene relación con los servicios esenciales que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera que aquellas actividades productivas que tengan relación con la salud y seguridad de la población deben ser garantizados.

“Esta Reforma establece de una manera muy mañosa la doctrina de la OIT pensando que todos los sectores de actividad, incluso los que no ponen en riesgo la salud o la seguridad de la población, tienen que establecer turnos mínimos que son para cuidar justamente el funcionamiento de la empresa, es decir, es un contrasentido. Y le pide al mismo sindicato que entregue el reemplazo de sus compañeros en huelga”, explica Narbona.

Por último, la adaptabilidad pactada de las jornadas laborales implica la posibilidad de negociar turnos que podrían llegar incluso a las doce horas diarias. El problema es que esta negociación puede ser llevada a cabo por sindicatos que representen en total el 30% de sindicalización de la empresa; es decir, un nivel muy mínimo que los pone en una posición de fuerza menor a la de los empresarios y que podría terminar mermando las condiciones laborales de los trabajadores.

“Ni la CUT ni el gobierno”

Alejados de la CUT y agrupados en diferentes frentes sindicales, trabajadores de diversos sectores productivos del país se manifestaron el pasado 1 de mayo. A su juicio, ellos tienen una manera distinta de ejercer el sindicalismo, sus reivindicaciones apuntan a cambios mucho más radicales y denuncian que la CUT es funcional a los intereses del gobierno.

Juan Álvarez, secretario general de la Federación de Trabajadores Wallmart, señala que ellos practican un sindicalismo “mucho más activo” y critica también que la CUT tenga injerencia y negocie temáticas referentes al sector privado, cuando ellos mayoritariamente no se sienten representados.

“Ellos (la CUT) se jactan de ser una gran organización formada por los sindicatos del sector público pero tienen la patudez de definir temas del sector privado a puerta cerrada con el gobierno, con los empresarios, y eso nosotros no lo aceptamos, por eso estamos fuera de la CUT. Hemos decidido dar la lucha desde afuera, y estamos pronto a formar nuestra propia central, que va a ser la central del comercio y del retail”.

En la misma línea de Álvarez, Luis Mardones, presidente del sindicato del call center de Entel, es categórico en afirmar que esta reforma es “totalmente antisindical y contra los trabajadores, no admite otra lectura”. Para Mardones, aspectos como la titularidad sindical, la extensión de beneficios y la existencia de grupos negociadores, entre otros, son claras señales del retroceso que implica la Reforma.

“Yo pertenezco a un grupo de dirigentes sindicales que hemos estado en contra de la Reforma Laboral desde un principio. Creo que la CUT y el gobierno les vendieron una pomada a todos los trabajadores de este país de una Reforma que no es tal. De hecho este proceso es peor que el código del trabajo”, agrega el dirigente.

A juicio de un sector de trabajadores, agrupados en organizaciones como la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y el mismo CIUS que convocó a la marcha disidente del 1 de mayo, la CUT perdió legitimidad porque el Partido Comunista (PC) la comanda actualmente y, al mismo tiempo, porque forma parte de la Nueva Mayoría. De esta forma se convierte, a juicio de Mardones, en un “brazo político del PC que no representa los intereses sindicales”.

“Esta Reforma no le sirve a nuestra gente”

Por otra parte, trabajadores de otros sectores como la salud y la pesca también manifestaron su rechazo hacia la Reforma Laboral. Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), enfatizó en que una verdadera Reforma debe hacerse cargo del problema salarial que enfrentan los trabajadores.

“La Reforma tiene que ser una que le sirva a nuestra gente, que entregue sueldos dignos y no de miseria. A mi no me cuadra que unos ganen nueve, diez o quince millones de pesos y a otros ni siquiera les quieran entregar 400 mil pesos. Yo creo que si hay una Reforma Laboral real, tienen que ser con sueldos que le sirvan a nuestra gente, que ayuden a descomprimir los problemas que hoy día tenemos”, señaló Bustamante.

En tanto, Carolina Espinoza, dirigenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), afirmó que junto a los trabajadores de su sector “esperábamos de verdad que esta Reforma permitiera fortalecer el mundo sindical y la verdad es que ya era deficiente. Ahora con el fallo del TC lo poco bueno que estaba teniendo este proyecto de ley se fue al tacho de la basura”.

Espinoza además puso nota de alerta en cuanto a la regulación que rige para las y los trabajadores del sector municipalizado y explicó que “este país está dividido en el mundo de los trabajadores privados y trabajadores públicos. Entonces tenemos una normativa específica y de hecho tenemos constitucionalmente prohibido el derecho a huelga y negociación colectiva”.

El complicado escenario de la Reforma Laboral

El cuestionado Plan Laboral del año 1979, diseñado por José Piñera, representa una de las herencias más palpables de la dictadura militar. Es por eso que una Reforma Laboral que diera fin al Plan Laboral y equilibrara la balanza de alguna manera, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Tras 465 días de trámite, el 6 de abril de este año la Reforma finalmente fue aprobada en el Senado y despachada del Congreso. Sin embargo, su promulgación está en suspenso luego de que el referente de oposición “Chile Vamos” presentara un requerimiento al TC por cuatro materias.

Finalmente, dicho requerimiento fue aceptado parcial o totalmente por dicha entidad, dejando en jaque al gobierno en tanto desecha la posibilidad de obtener titularidad sindical; una de las únicas medidas celebrada por los trabajadores. De esta manera, la Reforma pierde todo piso posible y su tramitación se avizora mucho más compleja.

Sumado al revés que vivió el gobierno frente al fallo del TC, se suman las crecientes voces de rechazo hacia la Reforma. La misma Bárbara Figueroa, militante del PC – miembro de la Nueva Mayoría- y presidenta de la CUT, hizo un llamado al gobierno a «enviar una reforma al artículo 19 que señale que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores representado por los sindicatos”.

“Necesitamos una reforma ahora para enfrentar al Tribunal Constitucional”, enfatizó Figueroa, quien además aprovechó la instancia para hacer un llamado a un nuevo paro nacional para el 31 de mayo».

Por su parte el gobierno aún evalúa el veto presidencial, pese a que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, confirmó que utilizará esta alternativa. De esta manera, se espera que los artículos declarados inconstitucionales sean eliminados, sustituidos o que se agreguen más elementos en concordancia con el fallo. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios, la actual Reforma se queda sin apoyo de los empresarios y de los trabajadores, además de ciertas modificaciones a cuesta que no logran mejorar el actual escenario en el que se encuentra.

Imágenes/Brigada Informativa Desborde

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