Salud mental de presos de la revuelta: ¿Quién repara cuando el Estado persigue?

A propósito del alarmante informe dado a conocer por el Equipo Sanitario Colaborador del Departamento del Colegio Médico acerca de la situación de presos del estallido recluidos en Santiago 1, Radio JGM indagó la situación experimentada por presos en una de las ciudades más movilizadas durante el levantamiento popular: Antofagasta.

Santiago 1, ¿cárcel modelo?

Durante el mes de septiembre, el Equipo Sanitario Colaborador del Departamento del Colegio Médico dio a conocer los resultados de un informe que contiene una serie de evaluaciones médicas aplicadas en el período de un año a 75 presos del estallido social recluidos en el Centro de Detención Penitenciaria Santiago 1.

Según consignó El Desconcierto, la investigación es alarmante y da cuenta que el recinto carcelario de carácter privado, no cumple con los estándares estipulados en la legislación chilena en materia de salud ni se encuentra en línea con lo establecido en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocida como Reglas Nelson Mandela.

El abogado defensor de doce presos que permanecen en el recinto y miembro de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, destacó la emanación del informe y agregó antecedentes sobre el recinto en cuestión: “El Estado chileno paga más de $700 mil por interno y la comida que reciben es incomible, le dicen el pantano. Hay internos que han bajado 15 kilos sin hacer huelga de hambre”, denunció.

Morales, relató que los tratos que han recibido sus defendidos van, “desde amenazas de otros internos, golpes por parte de Gendarmería y hasta ejercicios simulando que los van a cambiar de cárcel. Se ha alertado a los familiares; yo mismo tuve que concurrir a las once de la noche un día sábado y resulta que no, que era una equivocación”, recordó el defensor.

A los hostigamientos mencionados por el defensor, se suma lo declarado públicamente hace unas semanas por tres madres de presos de la revuelta quienes, visiblemente afectadas, denunciaron que Gendarmería de forma recurrente viene realizando allanamientos que dejan a sus hijos desprovistos de las encomiendas semanales que con esfuerzo logran reunir.

Antofagasta, una experiencia similar

Lo relatado por el abogado da cuenta la experiencia del CDP de Santiago 1, pero ¿cuál es la situación de las personas privadas de libertad por los mismos motivos lejos de la capital? Una de las ciudades que más casos ingresó al sistema judicial a nivel nacional entre octubre de 2019 y fines de 2020, según cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública a principio de este año, fue la ciudad de Antofagasta.

Lo anterior provocó que agrupaciones históricamente relacionadas a la lucha por los Derechos Humanos volcaran sus esfuerzos a auxiliar y a orientar a los presos y a sus familiares tras las numerosas detenciones. Fue el caso de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta que antes del estallido se encontraba trabajando por la recuperación de un espacio de memoria en el centro de la ciudad.

Su vicepresidente Héctor Maturana señaló que el primer maltrato sufrido por las y los presos fue el enfrentamiento con la cárcel sin contar con un módulo especial: “Los destinaban a distintos módulos y la mayoría eran primerizos. Hubo varios chicos que fueron apuñalados en la cárcel modelo Nudo Uribe, un chico que intentó suicidarse, otros tuvieron problemas psicológicos, depresiones”, informó.

Según constató Maturana, en Antofagasta, al igual que en Santiago 1, la atención de salud ha sido deficiente y culpa al sistema burocrático de Gendarmería quienes, “se jactan que ellos tienen los elementos para atender a un preso, pero eso es hacia afuera, porque hacia adentro un detenido que tiene un dolor de muela debe pasar por toda una cadena de trámites y puede estar hasta cinco días con el dolor. No es una atención inmediata”, denunció.

Ante la situación el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Antofagasta no permaneció indiferente. Su presidente José Torres conversó con Radio JGM y reflexionó sobre las condiciones que repercutieron en la salud, sobre todo mental, de las personas privadas de libertad que participaron de las manifestaciones sociales iniciada en octubre de 2019.

Si bien en Antofagasta no se ha llevado a cabo un informe como el realizado por el Colmed de Santiago, han permanecido alertas ante las denuncias de familiares y han tomado medidas: “Oficiamos a la Seremi de Justicia respecto a dos temas: al tiempo excesivo de prisión preventiva que tenían los presos políticos, que parecía ser una condición punitiva más que una medida cautelar, y lo segundo respecto de algunas condiciones que pude evidenciar en los recintos penitenciarios principalmente respecto a aislamiento excesivo”, detalló.

La prisión preventiva prolongada, aplicada como castigo político, según ha constatado Torres, ha sido la principal causa de deterioro de la salud de los detenidos en el marco de las manifestaciones sociales: “En Antofagasta hubo casos que se postergaban por falta de audiencia, incluso en algunos casos porque no llegaban los imputados que estaban en prisión preventiva, a los juicios que eran online. O sea, incluso por eso hubo suspensión de algunos juicios”, agregó el médico.

Desde el Departamento coordinaron además un trabajo con las familias por el agotamiento y angustia que genera la situación de su familiar encarcelado, pero no solo por este motivo, señaló el médico, también, “porque muchos de ellos sufren de acoso, amedrentamiento, visitas a sus domicilios alrededor de sus domicilios por parte de las fuerzas del estado”, aseguró.

Junto con atender a uno de los casos más severos en la ciudad, un prisionero que salía de una huelga de hambre cuyo estado de salud se veía profundamente deteriorado, Torres, también tomó conocimiento de jóvenes que atentaron contra su vida por el acoso carcelario asociados en algunas ocasiones a abusos sexuales y a golpizas por parte de internos o de Gendarmería.

¿Quién responde?

Respecto a lo oficiado a la Seremi de Justicia, el médico comentó que solo recibieron respuesta en lo referente al protocolo Covid-19 sin hacer mención a lo señalado por el organismo médico en relación al exceso de prisión preventiva y al aislamiento, también excesivo, al interior del recinto. Tras declararse inconforme se mantuvieron presionando haciendo uso de los mecanismos de transparencia y solo consiguieron una reunión con el Seremi cuando este hubo cambiado.

Si bien en Antofagasta las personas encarceladas en las manifestaciones sociales han disminuido considerablemente, José Torres, hizo hincapié en las políticas de reparación que debiese ejecutar el Estado: “No hay un programa de intervención en aquellos presos políticos que estuvieron en preventiva y que quedaron absueltos porque no había pruebas. ¿Quién recupera o devuelve esos seis meses o ese año que estuvieron en prisión preventiva de forma totalmente injustas?”, finalizó Torres.

Por su parte, en Santiago, el abogado Lorenzo Morales sostiene que los tratos recibidos por los presos del estallido responderían a intereses políticos y realizó un especial llamado de atención por el poder que hoy recae en Gendarmería: “En términos de organigrama depende del Ministerio de Justicia y el poder político ha accedido a entregarle a Gendarmería su Dirección General, lo que me parece un retroceso. El Director de Gendarmería debería responder políticamente”, sentenció.

Con todo, la situación evidencia una parte de la población que se ha visto profundamente afectada tras las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019. En medio de la negativa del Gobierno por reconocer la prisión política y sus detalles, no son pocos los esfuerzos que organizaciones sociales, abogados y trabajadores de la salud de todo tipo han desplegado con tal de exponer una realidad que por como sociedad no se puede olvidar.