Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular: «La mantención de la prisión política en Chile es una inmoralidad»

En la transmisión de nuestro noticiero semanal «Vista Panorámica» del pasado viernes 15 de octubre, conversamos con Rodrigo Román, abogado e integrante de la Defensoría Popular. Hablamos del 18 de Octubre y la perspectiva de deuda con varios de sus actores, entre ellos los presos políticos de la revuelta. 

La Defensoría Popular fue fundada el año 2016 y es, en su esencia, una organización que mantiene un fuerte compromiso político en la defensa jurídica de la clase trabajadora. En palabras de Román, «La Defensoría además es una institución sin fines de lucro, absolutamente independiente, únicamente dedicada a defender trabajadores, trabajadoras, sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones». El financiamiento viene de donaciones, fondos y aportes sindicales o de los mismos trabajadores a quienes prestan servicio.

Se vuelve contingente oír una voz de la Defensoría en el contexto del segundo aniversario del 18 de Octubre. Además de los últimos acontecimientos nacionales como el comienzo de la redacción de la nueva constitución.

A continuación nuestra conversación con el abogado y activo miembro de la Defensoría, Rodrigo Román.

Antes del 18 de octubre de 2019, ¿en qué estaba la Defensoría? ¿En qué procesos trabajaban? Sabemos que en el caso de los secundarios, habían manifestaciones por el tema de aula segura.

Claro, bueno, hace un par de meses vi con un poco de emoción las imágenes de la revolución pingüina del 2006. Eso nos remonta al comienzo de nuestra historia, que también coincide con la lucha que dio el pueblo pobre organizado por los deudores habitacionales. (…) En la previa hasta el 18 de octubre de 2019, ocurrieron muchas cosas. También hemos estado los últimos años, acompañando a los peñis en el Wallmapu, en algunas causas. Mientras, ahora con la revuelta, aquí en Santiago a los compañeros que están en el equipo de la Defensoría Popular les ha correspondido un papel más protagónico o activo.

“Hemos estado con compañeros en varios juicios de presos políticos, los muchachos a quienes reivindico desde luego. Ellos son uno de los grandes ausentes de este momento político. Si no fuera por los familiares con la fuerza, convicción y valentía que tienen, estando permanentemente en la calle, el tema estaría totalmente olvidado. (…) Los compañeros muertos son aún más ausentes, nadie dice ni una sola palabra. (…) Yo creo que lo que ocurre en la institucionalidad es bastante distinto al Chile real, en el Chile real tenemos a los cabros presos”. 

Entonces, ¿Cómo siente que actualmente prevalecen los problemas que se denunciaban en 2019?

-Yo escuchaba con atención al profesor Carlos Perez Soto y él hacía una bajada muy interesante, hace unos días hablando en un foro con el abogado Claudio Nash. Decían que claro, el esfuerzo que se está haciendo aquí aparentemente es: establecer un catálogo tanto o más bonito que la carta al viejo pascuero, pero que no tiene la bajada necesaria. Me refiero al proceso constituyente. Hace un rato, me encontré con el debate presidencial y desde el “niño árbol” (Gabriel Boric) hasta Artés, todos, no plantean ni una palabra de la derogación de toda la “truchería” que se ha hecho en el contexto de la política extractivista. (…) No hay una intención de ponerle el punto a la íes y a este ritmo, pasan los años. Sin querer ser autorreferente, yo tengo 50 años y hace 35 me inicié en la militancia con la misma cantinera: votar para que no gane la derecha. El mismo libreto, los mismos autores ideológicos. Esa situación no es menor.

“Yo creo que no hay un proyecto político que dé cuenta de las transformaciones por las cuales se volcó la mayoría de la población a la calle el 18 de octubre. Se montarán escenarios para celebrar el 18 de octubre, por el tema festivo que tienen las luchas, pero no se va al fondo del asunto. Se está al debe con los muertos, con los presos, con los mutilados y se está al debe también sobre todo con el pueblo pobre. (…) Faltan escrúpulos en el contexto electoral”.

Ahora que hablamos de los presos políticos, ¿Qué rol cumple la Defensoría popular frente a la prisión política? y ¿Qué piensa de las figuras públicas que actualmente afirman que no existe prisión política en Chile?

-Nosotros hemos estado como Defensoría en la defensa de los muchachos y muchachas, hemos estado en los casos del metro Pedreros, del Hotel Principado, de la Universidad Pedro de Valdivia, entre varios otros. Pero al fin y al cabo todos los muchachos están presos en el contexto de la revuelta, la gran mayoría de ellos por imputaciones de Ley de control de armas. (…) Hay un problema porque en su momento toda la clase política se puso de pie el 15 de noviembre por la nueva constitución y le llamaron «Acuerdo por la paz”,  y eso llevó inmediatamente después al endurecimiento de las leyes. Por ejemplo, la Ley anti barricadas, que cuando se aprobó, la clase política salió aplaudiendo porque tenían más leyes criminalizadoras.

“Hay todo un problema de legalidad. La clase política es la misma y todos esos temas no han sido referidos. Veo con mucha preocupación el que los candidatos que se suponen que corren por el lado de la izquierda, los fascistas los empiezan a apurar un poco y ellos empiezan a regular al tiro. Eso significa entonces, que muy probablemente el tema de la prisión política no se va a resolver. La mantención de la prisión política hoy día en Chile es una inmoralidad”, señaló el abogado.

 

¿Cree que la nueva constitución logre resolver conflictos que actualmente enfrenta la Defensoría mediante nuevas políticas?

-La verdad es que conociendo a algunos constituyentes y sabiendo los buenos propósitos de la gran mayoría de ellos, el tema es que aquí el proceso es mediante  «la institucionalidad» porque es la clase política la que le dio una respuesta política a la crisis que venía desde los últimos 30 años. Entonces por ese cauce está todo en debate, recordemos los dos tercios, los tres quintos y todo ese “chamullo” de la política. Porque al final del día, te empiezan a hablar de la inflación o de la tasa que aplica el Banco Central y empiezan con tecnicismos que son propios de la política y se van perdiendo. 

Para finalizar, Rodrigo Román enfatizó en su visión de que la Convención puede sacar un buen “catálogo” pero que no tendrían un sustento ya que no cuenta con las acciones políticas directas. Poniendo el ejemplo de Petorca, se contrapone la problemática inmediata de los habitantes con consignas como “cuidaremos el agua, cuidaremos los ríos”. Finalmente detrás de esas consignas no habría una participación de los movimientos sociales ni los territorios organizados, porque ese es el diseño institucional: “No confío mucho en el diseño institucional. Hay buenas intenciones y probablemente de aquello va a salir un bonito pergamino, pero hasta aquí no se ve por donde es la bajada”.

Quedaremos a la espera de avances en las resoluciones para los presos políticos de la revuelta, habiendo pasado ya dos años. Además del desarrollo de la nueva Constitución, en esta vorágine de nuevos procesos históricos nacionales, amparados también por organizaciones como la Defensoría Popular.

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