Represión policial y limitación a derecho de reunión: El sello de Guevara frente a la protesta

Escrito por el enero 2, 2020

El Intendente de la Región Metropolitana ha sido apuntado como uno de los principales responsables de la violenta represión que cobró la vida de dos personas por acción directa o indirecta de Carabineros, en el marco de las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad. «Coopamiento preventivo» y prohibición de reunirse en el lugar son parte de las cuestionadas estrategias que hoy tienen a Guevara con una acusación constitucional a cuestas.

FOTO: RODRIGO GALVEZ

Abel Acuña y Mauricio Fredes son los nombres de los dos fallecidos que registra la Plaza de la Dignidad desde que Felipe Guevara fue nombrado como Intendente de la región Metropolitana el pasado 30 de octubre, en el marco de las masivas protestas que se desarrollan en el país. A esto se suman diversas querellas y denuncias contra efectivos policiales por uso desmedido de la fuerza, disparo de lacrimógenas al cuerpo y traumas oculares.

Durante la jornada de este jueves 02 de enero, un grupo de parlamentarios presentó una acusación constitucional en contra del Intendente, quien será notificado en un plazo máximo de tres días. La comisión encargada de revisar el texto acusatorio está conformada por José Miguel Castro (RN), Pablo Lorenzini (DC), José Miguel Ortiz (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Diego Ibáñez (CS).

Violenta última semana de 2019

El inicio de la décima semana de protestas en Santiago que terminó con un transeúnte fallecido tras intentar escapar de un carro lanza aguas y el incendio del Cine Arte Alameda, resultan ser solo un antecedente más de la política represiva guiada por el intendente de la región Metropolitana, quien desde su día uno en el cargo se ha caracterizado por su violación al derecho dumano a la libre reunión y manifestación.

La jornada del día viernes 27 de diciembre en Plaza Dignidad, el epicentro de las manifestaciones sociales en la región, se vio afectado una vez más por la gran violencia y represión de Carabineros quienes desde las 17:30 horas comenzaron a dispersar a los primeros grupos de ciudadanos que se concentraban en este lugar símbolo del levantamiento social iniciado el 18 de octubre.

Carabineros inició la dispersión con el carro lanza aguas cuando los manifestantes comenzaron a cortar avenida Alamed,a haciendo una barrera humana sin violencia y llamando a más personas a movilizarse. Cerca de las 19 horas, en medio del enfrentamiento entre Carabineros y manifestantes, la fuerza policial lanzó una bomba lacrimógena al edificio donde se encuentra el Cine Arte Alameda, centro cultural que ha funcionado como centro médico de voluntarios de SAMU. Minutos después inició un incendio en este edificio, donde los testigos acusan que la responsabilidad de este hecho recae en Carabineros.

Posterior a esta tensa jornada, las conclusiones, una vez más son claras: La violencia y represión policial está cada día más desmedida, violando una vez más los Derechos Humanos de los ciudadanos y su derecho a la reunión y la manifestación.

No solo eso, estos derechos están sujetos dentro de las especificaciones de nuestra Constitución política, la cual asegura a todas las personas: “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía.”

«Doctrina Guevara»

A pesar que estos derechos están asegurados en nuestro estado democrático, varias figuras políticas locales han permitido abiertamente estas malas prácticas restrictivas en el contexto de levantamiento social iniciado en octubre de 2019. Uno de los principales acusados dentro de las esferas políticas en el caso de Santiago es el Intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara, quien desde asumir su cargo el 30 de octubre del mismo año ha concurrido a estas prácticas que autorizan una desmedida violencia policial.

Guevara antes de ser Intendente, figuraba como alcalde de Lo Barnechea además de ser presidente de AMSZO , organización que coordina la Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura y de la Asociación de Municipios con Centro de Montaña. Este cargo es un antecedente ilustrativo en el rol que Guevara ha tenido en el movimiento social desde noviembre. Con su especialización en el tratamiento del área de seguridad en las comunas más acomodadas de Santiago, era una buena elección para el gobierno posicionarlo en este cargo.

En el primer momento en el que el intendente asumió su cargo, su estrategia era evidente: aumentar el contingente policial en Plaza Dignidad y aplicar medidas preventivas que no permiten la libre reunión en la llamada zona cero. Una de las medidas que han generado más revuelo en relación a esta represión es el discutible coopamiento de mil funcionarios policiales en el centro de la protesta.

La libertad de reunión y protesta ha sido solo uno de los aspectos en los que la ciudadanía se ha visto afectada en sus derechos fundamentales, ya que producto de estas permisiones que han dado las autoridades a las fuerzas policiales para reprimir en los últimos meses han producido cientos de mutilaciones oculares; decenas de daños irreparables a la integridad física y psicológica y vidas perdidas en este contexto de protestas.

A parte de el incendio del Cine Arte Alameda del día viernes 27 de diciembre, se confirmó por parte de bomberos la muerte de Mauricio Fredes, quien cayó a una fosa con agua en la intersección de Irene Morales y Alameda, mientras corría del carro lanza aguas.

Durante la jornada y el siguiente fin de semana, los manifestantes rindieron homenaje al hombre fallecido, mientras que Carabineros se dedicó a dispersar al grupo de personas, ignorando a los voluntarios presentes. Durante la mañana del día lunes, representantes de Unidad Social en un punto de prensa y conmemoración por las víctimas de la represión policial, presentaron una carta en denuncia a estos hechos.

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Exponen la responsabilidad de la intendencia de la RM sobre los abusos a la ciudadanía en las protestas «respondiendo con mayor represión, vulnerando nuestros derechos. Lo que hace que que solo nos siga frustrando y cerrando las puertas a un camino de diálogo. En ese sentido como Unidad Social, nos vemos en la obligación de insistir, y por eso hemos desarrollado homenajes el día sábado y el día domingo en el lugar donde el compañero murió escapando de Carabineros.»

La política de represión sistemática y las prácticas como la coopamiento en lugares de reunión pública, acordadas por el intendente de la Región Metropolitana y por el ejecutivo no solo resultan ser prácticas abusivas, si no que letales, poniendo la búsqueda desesperada por instaurar orden,  por sobre los Derechos Humanos, apelando a la violencia de los manifestantes y criminalizando el movimiento social, con el fin de que este pierda fuerza y adhesión por parte de toda la ciudadanía.

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