Reos movilizados: «Pierden la libertad de desplazamiento, no sus otros derechos esenciales»
Escrito por Noemí Nilo Soto el mayo 22, 2019
La ONG Leasur analizó las movilizaciones que mantienen las personas privadas de libertad desde el 6 de mayo, quienes iniciaron huelgas y protestas en diversos recintos del país para exigir condiciones básicas de dignidad y rechazar las nuevas reglas de acceso al beneficio de libertad condicional.
La modificación del Decreto de Ley 321 establece nuevos requisitos para que reos y reas accedan a la libertad condicional, normas que rigen para todas las personas privadas en libertad que soliciten aquel beneficio a partir de enero del 2019.
Tras esta modificación, el descontento por lo que denominan un «cambio de las reglas del juego» impulsó a reos de diversos centros penitenciarios del país a movilizarse para expresar su rechazo, además de entregar petitorios que exigen condiciones carcelarias dignas.
Sthefania Walser, Directora Ejecutiva Leasur.
Según la ONG Leasur, Ligitación estructural para América del Sur, ya son cerca de 15mil reos en huelga o movilizaciones por estas razones, las que iniciaron en Colina I y II y a la cual se sumó la cárcel de Valdivia, de Temuco, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío, y los centros femeninos de San Joaquin y La Serena, entre otras.
La Radio JGM conversó con la Directora Ejecutiva de Leasur, Sthefania Walser, para comprender las razones de esta crisis carcelaria y posibles soluciones a la misma.
¿Por qué los reos rechazan el nuevo Decreto 321 y de qué manera los afecta?
En primer lugar, el petitorio de los internos tiene distintas aristas. Apunta a mejorar el proceso de reinserción que fue una promesa realizada por el gobierno con el proyecto +R sobre dar más posibilidades de trabajo y oficio dentro de los recintos, limitar los trato vejatorio a las visitas dentro de los mismos, modificar las horas de encierro y desencierro, que como se vio en el informe de condiciones carcelarias del INDH superan las 17 hrs de encierro.
Junto a eso, se solicita que no se aplique retroactivamente el Decreto de Ley 321. Precisamente la libertad condicional se solicita por personas que se han reinsertado en los recintos penitenciarios, han accedido a talleres, oficios, han estudiado, y con la modificación se les cambian las reglas del juego. Lo que están peleando es que el Decreto se aplique a la gente que es condenada en enero del 2019 y quienes han optado a las instancias mencionadas se le apliquen las reglas establecidas antes de esta modificación.
¿Cuáles son los requisitos que se suman para acceder a este beneficio penitenciario?
Hay varios puntos, pero en general, hay delitos más graves a los que se aumentan los requisitos para acceder a este beneficio, como el infanticidio, el homicidio o el robo con violencia calificado. A esto se suma 2/3 de la pena para optar a la libertad condicional, es decir, aumentar el tiempo de cumplimiento de condena.
El petitorio de reos exige condiciones dignas a la interna de las cárceles, ¿cuáles son las principales condiciones que como organización identifican que se deben cambiar?
Un punto importante es el hacinamiento, la sobrepoblación, también la carencia de infraestructura que tienen los centros, el déficit de atención de salud, peticiones que efectivamente son mínimas para vivir en condiciones de dignidad.
Lo que se ha obviado y olvidado en Chile es que el único derecho que se le quita a las personas privadas de libertad es precisamente su libertad de desplazamiento, pero no pierden sus otros derechos. Hoy vemos que pierden completamente su derecho a la salud, a su integridad física y psíquica, a derechos esenciales.
El llamado desde ONG Leasur y de otras organizaciones, es que la privación de libertad por sí misma no es una fórmula de seguridad pública, en Chile tenemos altas tasas de encarcelamiento pero tampoco es una medida efectiva para reducir los niveles de delincuencia. Un déficit existente es no trabajar en reinserción social, es incompatible hacerlo en estas condiciones con las altas horas de encierro y pocas opciones de trabajo, se hace imposible pero es lo mismo que pide este gobierno. ¿Qué medios y herramientas les brindamos -a reos- para hacerlo? Es el mismo cuestionamiento que están haciendo los internos.
Como respuesta a la crisis carcelaria Leasur propone una Ley de Ejecución penal ¿en qué consiste dicha propuesta y cómo podría solucionar la demanda ciudadana de mayor seguridad pública?
La propuesta es que hay que apuntar a la reinserción social, más proyectos dentro de los recintos. Pero además una Ley de ejecución penitenciaria, ya que no podemos regular la vida dentro de la cárcel con un reglamento de establecimientos penitenciarios que está a discrecionalidad de Gendarmería. Esto constituye un abierta vulneración al derecho humano de acceso a la justicia.
Proponemos una posición efectiva sobre darle rango legal a la regulación de la cárcel y con ello permitiremos que los jueces cuenten con una base normativa legal para determinar las sanciones dentro de los recintos, pero también para vincular esto con la reinserción de la que tanto hablamos.
Puedes escuchar la entrevista completa realizada en el Noticiero Ciudadano a continuación:
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