Presidenta de la CONFUSAM: «El gobierno nuevamente posterga la atención primaria con esta famosa vacuna que ha sido un show mediático»

En entrevista con Radio JGM, la dirigenta de la salud municipal lamentó que las autoridades respondieran solo cuando el gremio presionó. Asimismo, exigió medidas más rigurosas para resguardar a las y los trabajadores de la atención primaria este 2021. 

Con la llegada de la crisis sanitaria por el Covid-19, el 2020 se ha convertido en uno de los años más duros para quienes trabajan en la salud pública. Sobre todo en los sectores de atención primaria.

A ello se sumaron largos meses marcados por la movilización del gremio. Con exigencias tan básicas como ampliar los recursos para enfrentar la pandemia y el cese a la precarización del sector. Esto último, con el fin de resguardar a quienes están en la primera línea la atención.

Al respecto, Radio JGM conversó con la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores. En un escenario donde las respuestas del gobierno no han logrado proteger del todo a los funcionarios de salud, lo que deja varios desafíos para este 2021.

Atención primaria olvidada

Hasta fines de 2020, la Confusam sostuvo distintas paralizaciones ante la falta de ofertas del gobierno sobre los recursos públicos para el sector salud en 2021. El que hasta ahora logró llegar a un monto de $8 mil pesos per cápita, pero que para la dirigenta no es suficiente en un año que se avecina incierto respecto a la pandemia.

Asimismo, los ingresos de fin de año vía bonos de los trabajadores se vieron recortados a la mitad, y en su reemplazo se ofreció un Bono Covid.

¿Quiénes fueron los más afectados con este recorte en los bonos?

«Perjudica a todos los funcionarios públicos. Una pérdida a lo que tuvimos durante el 2020 y un retroceso para las demandas salariales que tienen estos funcionarios. Un golpe a las y los trabajadores que hemos estado en la primera línea en las diferentes unidades o servicios.

Además, como Confusam no estamos conformes con el reajuste aprobado. Primero porque nosotros somos una organización pluriestamental, donde están desde los compañeros médicos, hasta los auxiliares. Y este 2,7 por ciento fue recuperar el poder adquisitivo para una parte de los trabajadores. Pero castiga a una gran cantidad de trabajadores públicos, en especial a nosotros en la atención primaria, porque tenemos una carrera funcionaria que establece sueldos por años de servicio y aquí se está castigando la antigüedad laboral y el solo hecho de tener un título profesional universitario o técnico».

Han señalado que el Ministerio de Salud ha incumplido acuerdos con trabajadores de la salud ¿Con esto se refieren únicamente al tema bono o a otros también?

«Durante todo el año hemos reclamado varios temas que tienen que ver con la situación del país en pandemia: la falta de elementos de protección para todos los funcionarios, que solamente han llegado a los equipos clínicos que tienen directamente a los pacientes, y hemos reclamado el testeo para los funcionarios, que nunca se ha dado.

Una manera de proteger a los funcionarios que están en la primera línea es atendiendo a las necesidades que hoy en día los chilenos y chilenas tienen, que sienten síntomas, con el tema de la trazabilidad. Nosotros consideramos que hubo un error desde el principio con respecto al Covid. Deberíamos haber partido con cuarentena general y no parcializada como partió el ministro (Jaime) Mañalich y que la verdad ha seguido así.

Otro tema que reclamamos fue cuando Mañalich era ministro. Él postergó la atención primaria, dando prioridad a todo lo que tiene que ver con lo hospitalario. Grave error, porque quienes llegan a los hospitales son los pacientes que ya están críticos, y quienes somos la primera línea que damos la atención en lo que tiene que ver con el seguimiento, la trazabilidad, la toma de exámenes, es la atención primaria de salud«.

Medidas insuficientes

En este escenario de demandas incumplidas, para funcionaria pública ha sido clave la presión ejercida por el gremio. Ya que, de no ser por ella, estarían en un peor escenario, asegura.

¿Cuál fue la postura del gobierno en las negociaciones y qué importancia tuvo su postura de movilización?

«El discurso que tenían era que estaban trabajando proyectos de ley que nunca fueron. Eso lo descubrimos ya casi al final del noviembre y nos pareció grave. Estuvimos en un paro de 24 hrs, después 48, 72 y al final un paro prolongado por todos estos temas y por lo que tenía que ver con el famoso reajuste del sector público.

Hemos tenido que estar en el parlamento, primero luchando por un per cápita de $8 mil, que es lo mínimo -porque el ideal está por sobre los 10 mil-, y logramos concientizar a los parlamentarios el valor que significa la atención primaria, que sin recursos no se puede trabajar. Nos apoyaron transversalmente, pero tuvimos que hacer paro para presionar. Logramos que se volviera a colocar el tema de los bonos de vocación y término de negociación a la mitad. Que eran derechos que teníamos.

Hoy día tenemos un bono para todos los funcionarios de la salud pública. Y además logramos instalarlo para los honorarios con más de 7 meses trabajando en la salud pública. Esperamos que ese último ofrecimiento que hizo el ministro de Hacienda lo cumpla. Porque es un compromiso público, no quedó registrado en la ley. Pero creo que quedamos al debe con el reajuste».

¿Cree que la falta de políticas de confinamiento rigurosas pueda afectar en especial a los trabajadores de la salud?

«Sí, mira. Esta marcha blanda al no haber decretado cuarentena en los lugares donde hay un aumento en los contagios nos provoca estar en estado de alerta. Porque, en primer lugar, somos la primera línea. Estamos en los territorios, las poblaciones y sectores más apartados. Y no tenemos el resguardo y la protección que se requiere, que es lo que más ha reclamado el Confusam, con los elementos de protección para todos y todas, el testeo a los funcionarios para evitar contagiar a su familia una vez que terminan turnos tan extensos, eso no se ha dado.

Lo otro que nos preocupa ahora es la discriminación que ha hecho el gobierno nuevamente con la atención primaria dejándonos en la séptima prioridad para las vacunas. Me parece bien que dejen a los funcionarios de los hospitales UCI o de unidades críticas. Pero en la atención primaria también tenemos unidades de urgencia, como los SAPU y los SAR. Ellos no han sido considerados.

El gobierno nuevamente posterga la atención primaria con esta famosa vacuna que ha sido un show mediático. Porque, la verdad, yo creo que cuando uno le quiere hacer bien a Chile y a los chilenos no necesita tanta parafernalia».

En estado de alerta

Según la presidenta del Confusam, hoy el sector de la atención primaria cuenta con cerca de 4.400 contagiados. Es decir, casi mil casos más que en noviembre. Si se considera al sistema de salud pública completo, la cifra alcanza los 82 mil casos, con cerca de 85 fallecidos.

Un escenario en el que, reflexionó, es clave no solo adoptar buenas políticas sanitarias, sino que también hacer conciencia entre la población. Aquello, sobre todo luego de las escenas vividas en diferentes multitiendas a propósito de navidad.

¿Cuáles son los principales desafíos para el 2021 en la Confusam y el área de la salud pública?

«Nos preocupa el proyecto de ley del cambio a Fonasa, que se está discutiendo en la comisión de salud del Senado. Porque abre el espacio para de nuevo modificar el financiamiento por prestaciones y volver a un sistema antiguo que no fue bueno, y abre un espacio a seguir entregando mayores recursos a los privados. Por eso fuimos de quienes más luchamos por poder cambiar la constitución para que la salud sea un derecho.

Y dentro de las demandas sectoriales que tenemos como organización está la tercera ley de alivio, que permitiría que pasen a planta los trabajadores que llevan más de 3 años trabajando con un mismo empleador. Y tenemos que ver temas de la salud pública, que tienen que ver con nuestra escala de sueldo por la cual se nos pagan nuestras asignaciones, que el año 2007 fue modificada y hasta la fecha se mantiene en la misma vigencia.

Son varios los desafíos que tenemos, pero la lucha más grande que vamos a dar es defender la salud pública y su financiamiento. Que es lo más importante para poder desarrollar el trabajo que hacemos día a día».