Presentan recurso en Contraloría para impedir que se apruebe el «Decreto Espía»

Acusado de inconstitucional y de espionaje. El polémico decreto 866 firmado por la presidenta Bachelet establece un nuevo reglamento de interceptación de las comunicaciones, por sobre la ley actual. Académicos, activistas, parlamentarios y diversas organizaciones, lo rechazan.

Para entender un poco más este decreto, se debe analizar la ley existente. El artículo 222 del Código Procesal Penal establece la regulación de la interceptación de las comunicaciones, y dice que las empresas pueden guardar hasta por un año la información de la dirección IP de sus usuarios y que, si se quiere acceder a esto, se requiere autorización judicial.

El cuestionado decreto viene a establecer un nuevo reglamento, que amplía ese plazo a dos años y que no sólo deben guardar la IP, sino todos los datos relativos a las comunicaciones, los metadatos. Este concepto es clave para la comprensión de porqué esta medida es polémica.

Los metadatos no son el contenido de una llamada telefónica, pero sí la hora y duración, el número al que se llamó, el lugar donde se encontraban las personas involucradas y toda la información relativa a su navegación por internet desde el aparato celular. En este sentido, almacenar los metadatos puede llegar a ser una práctica mucho más grave a la privacidad que escuchar una conversación.

Como Noticiero Ciudadano, conversamos con Francisco Figueroa, coordinador de Izquierda Autónoma, quien esta jornada presentó un recurso que busca impedir que la Contraloría General de la República tome razón del «Decreto Espía», ya que, para Figueroa este nuevo reglamento, es un atentado contra cuestiones básicas de la democracia.

Además, Figueroa precisó que la misma policía que se ha demostrado ineficaz en este último tiempo respecto a sus mismos compañeros y las últimas polémicas de dineros perdidos en la institución, ahora va a tener una nueva facultad para desnudar a los ciudadanos.

Por otra parte, otra de las organizaciones que participó de este recurso, fue la Fundación Datos Protegidos, con la que tuvimos contacto con su directora ejecutiva, Romina Garrido, quien criticó que lo que se pretende es almacenar los datos de todos y todas los y las que usamos servicios de telecomunicación.

También conversamos sobre antecedentes de algunas leyes parecidas, a lo cual Garrido nos comentó que ya se han anulado en Europa algunas similares, y que le preocupa todos los mecanismos de vigilancia que estamos viendo actualmente.

Finalmente, se espera que la discusión pase al Senado para que se puedan conocer más posturas frente a esta polémica moción que ya está provocando miradas adversas en la sociedad civil.