Sistema carcelario en Chile: Una «bomba de tiempo»

Escrito por el abril 23, 2020

Existen 244 personas dentro de las cárceles que han dado positivo por Covid-19 a nivel nacional, entre gendarmes y personas privadas de libertad. Ante los hechos, expertos han indicado que la propagación de este virus ha evidenciado aún más las precarias y denigrantes condiciones de salud, que hoy las vemos plasmadas en el Complejo Penitenciario de Puente Alto. 

Tras una visita de seguimiento realizada por el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y la sede metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al Complejo Penitenciario de Puente Alto, se dio a conocer que cerca de 68 personas privadas de libertad (PPL) y 83 funcionarios de Gendarmería estaban contagiados de Covid-19.

A nivel nacional, la cifra aumentó a 110 PPL y 134 gendarmes durante esta jornada, según datos entregados por esta última institución. El Colegio Médico señaló, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que el recinto de Puente Alto es el que representa mayor dificultad en cuanto al control del virus, por lo que requiere medidas particulares.

Entre ellas, recomendaron la designación de un «gestor» por parte del Servicio Salud Oriente para realizar un seguimiento diario y poder separar a la población penal contagiada de la no contagiada.

Esta cárcel tiene mil 100 internos y 250 gendarmes, y ha sido catalogada por diferentes organizaciones como una «bomba de tiempo«, existiendo dificultades en cuanto a su infraestructura y el trato hacia las personas residentes en este penal, en donde hubo brotes de otras enfermedades como la tuberculosis y paperas anteriormente.

ONG 81 Razones por Luchar

Para el integrante del Observatorio Social Penitenciario (OSP) y la ONG 81 Razones por Luchar, César Pizarro, la pandemia del Covid-19 ha evidenciado aún más el trato paupérrimo y denigrante por parte del Estado a los presos.

También señaló que, debido a la Ley de Indulto Humanitario promulgada por Sebastián Piñera, ha sido muy poca gente la que ha salido de las cárceles, siendo solo una pincelada de humanidad para cerca las cerca de 42 mil personas privadas de libertad en Chile.

«Ellos sacaron a mil 700 personas, pero era gente que estaba casi en la calle. Lo que se debe modificar es la libertad condicional. El año pasado cambiaron la norma y extendieron los plazos de postulación para la gente. Obviamente lo hicieron para tratar de sacar a los criminales de lesa humanidad. No les resultó y terminó afectando a casi el 70% de la población penal de presos sociales, que son los presos comunes. Si nosotros volvemos al formato de la libertad condicional antiguo, antes de la aplicación del 2019, por lo menos le abriríamos la puerta a cuatro o cinco mil personas en Chile. Esa es una puerta ancha para que la gente pueda optar por su libertad», explicó.
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En tanto, la ONG Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), presentó un recurso de protección en favor de los internos de la torre 4 del CDP Puente Alto, lo que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Esta acción tiene por objetivo que Gendarmería cese las acciones y omisiones que han vulnerado los derechos a la vida e integridad física y psíquica, así como la protección a la salud de los presos de ese penal.

El director de Leasur, Pablo Pinochet, manifestó su preocupación por la situación de hacinamiento que se vive en la mayoría de los recintos penitenciarios del país, y explicó que las medidas impulsadas por el Gobierno son insuficientes para frenar la propagación del virus.

«Hay cuestiones históricas y estructurales en la relación entre Gendarmería e internos que imposibilitan la implementación de medidas rápidas y logísticas como el traslado de internos o el cambio de módulos. Entonces eso siempre genera fricción. Por otro lado, Gendarmería tuvo una muy mala comunicación de sus medidas, dejando entredichas muchas de ellas por la mala comunicación que han tenido, lo que genera también mucho resquemor entre familiares y los mismos internos», recalcó.

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Luego de que representantes del Colegio Médico, INDH y Gendarmería señalaran la situación que viven los internos y gendarmes en las cárceles frente a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el órgano envió diversos oficios al Ministerio de Justicia para aclarar las medidas de aislamiento y tratamiento de las personas contagiadas. Además, se solicitó al Ministerio de Hacienda dar a conocer las reasignaciones presupuestarias en Gendarmería durante esta crisis sanitaria.

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