¡POR UN MODELO DE GESTIÓN DEMOCRATICO, INTEGRADO Y QUE PRIORICE EL CONSUMO HUMANO Y ECOSISTEMAS!

¡LA DESPRIVATIZACIÓN DE LAS AGUAS VA! 

Aprobamos que termine el negocio del agua

Como Movimiento por la defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), un movimiento socioambiental nacido en la provincia de Petorca -hoy de alcance nacional- con más de 12 años de trayectoria en la investigación hidrosocial, denuncias ciudadanas y visibilización internacional, con acciones concretas reflejadas en la incidencia administrativa, parlamentaria y constitucional, declaramos lo siguiente:

1.Durante los últimos meses un grupo reaccionario de grandes regantes y canalistas congregados en la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación Nacional de Canalistas han iniciado una campaña de contaminación informativa defendiendo  públicamente el modelo de privatización de las aguas consagrado en la actual Constitución, siendo uno de los pilares del Estado subsidiario. De igual forma que lo han hecho cada vez que el país se ha comprometido a avanzar en el derecho público al agua y los bienes comunes naturales, así fue con la última reforma al Código de Aguas logrando desmantelar la propuesta que fuera finalmente promulgada por el gobierno el pasado 6 de abril. No es casual que haya sido aprobada luego de 11 años de letargo legislativo. Pese a que la torpedearon, hoy la sostienen como la única vía posible,  arrogándose la representatividad de más de 500.000 usuarios de aguas, cuando el propio catastro público de agua de la DGA, con sus limitaciones de información, reconoce formalmente aproximadamente 140.000 derechos de agua repartidos entre 70.335 titulares a lo largo del país, de los cuales sólo el 2% accede a más del 80% del volumen otorgado a nivel nacional. Que existan registros privados que refutan esta información es parte del problema que buscamos superar.

2. Los defensores del modelo señalan que han buscado una gestión integrada de las aguas, sin embargo, su férrea defensa al actual sistema de distribución y asignación de mercados refuerza el seccionamiento de las cuencas, la libre transferencia, el acaparamiento de la propiedad y concentración de poder hídrico en pocas manos. Al respecto, nos preguntamos cómo un sistema que prioriza las decisiones a corto plazo, desprotege el acceso al consumo humano, reniega de la participación comunitaria y la protección verídica de la naturaleza, puede presentarse como una forma integral de gestionar las aguas. ¿Cómo puede ser integrada la gestión cuando en la actualidad enfrentamos la escasez y la tormenta con escasas herramientas públicas, sin participación de las comunidades y con altos costos sociales, ecológicos y económicos? ¿Cómo sería posible la integridad si los mismos que publican este inserto se han preocupado de desmantelar a la Dirección General de Aguas, cooptar los espacios de toma de decisiones y desregular los usos de la tierra y el agua?

3.Respecto a la protección del DDHH al agua es lo mínimo que como sociedad democrática y de derechos podemos aspirar. A 40 años desde que comenzara a operar el modelo de mercados y la privatización de los usos y servicios sanitarios de agua potable y saneamiento, todavía lamentamos que diversas comunidades rurales tengan que seguir abasteciéndose 50 litros diarios por persona mediante camión aljibe, colindando con extensos mantos verdes de agua virtual que viaja por el mundo luego de intervenir los ciclos hidrológicos. No es raro, cuando en la provincia de Petorca, los mismos que privan de agua son quienes se benefician del mercado de los aljibes. La privatización y mercantilización de las aguas, los servicios, la gestión y la infraestructura hídrica no solo no se hacen cargo de la sequía, sino que producen distorsión y escasez siendo un factor crítico que debilita de hecho la capacidad de los sistemas para ajustar y adaptar el suministro a la disponibilidad real de agua en futuros escenarios de cambio climático, en línea con el interés público y la prioridad de los derechos humanos y la sostenibilidad de los ecosistemas.

4. Los grandes propietarios argumentan en su análisis de la propuesta constitucional que se traerán problemáticas a los usuarios, sin transparentar que lo que realmente se busca es dar una vuelta de timón frente a la desregulación de los mercados y sus efectos negativos en la disponibilidad y acceso al agua. Con su declaración dejan a entrever que aquello que realmente no están dispuestos a abrir al debate público es la administración de las aguas, preocupados mezquinamente porque las decisiones de distribución y la planificación se traslada de unas pocas manos hacia un sistema de Consejos de Cuenca que incluye a diversos actores, entre ellos usuarios titulares de Autorizaciones de Uso reconocidos por la ley, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de gobierno locales que definirán de forma democrática los objetivos sociales, ecológicos y económicos de las aguas en cada cuenca. Le temen a la desprivatización de las aguas, porque pierden el control sobre las decisiones de su uso, en beneficio de las comunidades.

5. Las Autorizaciones de Uso de Aguas (AUA), propuestas en la norma reemplazaran a los DAA, las cuales protegidas constitucionalmente operarán en la práctica, asignando una cantidad de agua determinada por la disponibilidad efectiva de las aguas para usos específicos y de producción. Es importante informar que a partir del 5 de septiembre quienes posean actualmente derechos de agua podrán seguir haciendo uso de sus cuotas acogiéndose a esta nueva autorización administrativa que se entiende reconocida constitucionalmente, y por tanto protegida en los términos que establece para tal efecto. Lo que cambia, es que no será de propiedad de un usuario sino un bien común natural inapropiable, sobre el cual los usuarios, la autoridad administrativa y de aguas están llamados a alcanzar acuerdos. Sin dudas esta forma debilita el control absoluto que tienen los actuales grandes propietarios y nos posiciona en un nuevo escenario fortaleciendo el diálogo democratico, la retroalimentación pública de los sistemas y la autonomía de los territorios. Esto último se traduce en un fortalecimiento institucional, un mayor acceso a los conocimientos y las tecnologías, todos aspectos claves para superar el actual estado de las cosas. 

6. Acusan que la transición será caótica  pero no sabemos qué norma leyeron ya que el texto transitorio se establece claramente cómo un proceso gradual, progresivo y acorde a la normativa que ya existe: la reforma del código de aguas (Ley 21.435) que ellos mismos han relevado, pero que en algún momento renegaron por incorporar el acceso humano al agua, temporalidades y caudales ecológicos. Con la consagración constitucional de los mecanismos y plazos transitorios de dicha norma todas y todos los usuarios tendrán plazo para regularizar los usos efectivos de agua, siendo de hasta 5 años en el caso de pequeños usuarios (plazo vence el 6 de abril de 2027). Mientras no se publique la nueva ley de aguas las condiciones y obligaciones de los actuales usuarios se mantienen, sin perjuicio de los procesos de redistribución de aguas que se iniciarán a partir del 6 de marzo de 2023 considerando el estado de las aguas a esa fecha, cuyo alcance no afectará a pequeños regantes, organizaciones de agua potable rural y pueblos originarios, con el fin de asegurar la disponibilidad de más del 80% de usuarios, quienes se han visto mayormente afectados por la incompatibilidad del mercado de aguas y la vida. Respecto al proceso legislativo indicado en las normas transitorias, como toda ley, las reglas son las de la democracia y por tanto el proceso debe ser participativo y supervisado por toda la ciudadanía.

Finalmente, invitamos a todas las comunidades a observar los efectos reales y concretos que tiene el actual modelo de las aguas, el que ellos diseñaron, y no dejarse llevar por cantos de sirenas.

Porque a partir de la experiencia y las necesidades presentes y futuras estamos construyendo legítimamente un sistema democrático, organizado y eficiente para todas y todos, y no sólo para unos pocos. Porque Chile se lo merece y el mundo lo observa atentamente.

¡La desprivatización de las aguas va!