Plan de Búsqueda a los ojos de la persistente lucha de las agrupaciones

Escrito por el diciembre 3, 2024

“La nebulosa es en el sentido de que si el gobierno que viene tendrá la voluntad política de poner los recursos para seguir buscando, para seguir implementando el Plan de Búsqueda”. Así, Marta Vega Alvarado, encargada de finanzas de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD), comienza su reflexión respecto del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), instrumento de política pública que lleva un año y tres meses en ejecución.

Por María Francisca Fritz, María Fernanda Lutecke y Josefa Peña.

“La voluntad política es lo primero, porque si hubiese habido voluntad política no llevaríamos más de 51 años empantanados sin que el Estado dé los recursos, implementado la búsqueda de aquello y aquellas que se buscan”, cree Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y activista por los derechos humanos.

Mientras ella busca, el abogado Marcelo Orellana, coordinador administrativo del Programa de Derechos Humanos -órgano ejecutor del PNB-, opina que “es una política, una obligación internacional del Estado de Chile, se ha diseñado para que tenga permanencia. Entiendo las aprensiones de las organizaciones de la sociedad civil, pero lo que nos ha demostrado la historia reciente es que independiente del signo del gobierno de turno esta obligación estatal ha continuado, no se ha interrumpido, y por lo tanto, creo que hay algunos elementos que permiten que el Plan Nacional de Búsqueda tenga mayor estabilidad”.

Después de 50 años, es el Gobierno de Gabriel Boric el que por primera vez ordena una medida para encontrar a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por la dictadura civil militar. No obstante, debido al retraso del Estado en entregar un elemento reparatorio para víctimas y familiares, es de este mismo modo que este plan no ha estado libre de discusiones y críticas, y las agrupaciones no se han callado.

“Debo recordar que el Estado de Chile es el que hizo desaparecer a nuestros familiares. Por lo tanto, es el Estado de Chile el que se tiene que hacer cargo de buscarlos hasta encontrarlos”, declaró Gaby Rivera, presidenta de la AFDD en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido.

Frente a la implementación del Plan, Alicia Lira manifiesta que “reconocemos todo el mérito al presidente y su gobierno, porque a 50 años recién fue el primero en tener la voluntad política de llevar a cabo este Plan de Búsqueda, aunque esto no signifique que nosotros nos quedemos con eso; creemos que no hay ningún favor, porque son actos reparatorios que nos deben a los familiares y a la víctima”.

Desde los sitios de memoria como Parque por La Paz Villa Grimaldi valoran la iniciativa del Estado, sin embargo, acusan lo tardía de la medida, dice el director del Parque, Alberto Rodríguez. Además, Erika Hennings, parte de la mesa de trabajo del sitio de memoria Londres 38, argumenta que la demora viene desde “la envergadura en el plan, pero no debiera porque han pasado 50 años”.

Respecto del diseño del Plan Nacional de Búsqueda, se remonta a un año atrás. El primer diseño “participativo” contaba con dieciséis páginas en total, de la cual diez eran sobre la propuesta y contaba con cinco ejes:

  • Participación de familiares en la búsqueda.
  • La creación de un registro único nacional de víctimas de desaparición forzada en la dictadura
  • Recopilación de documentos y archivos.
  • Investigación del paradero de las y los detenidos desaparecidos.
  • Y, por último, una investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas.

En una primera instancia, la AFDD -al ver este primer diseño- lo rechazó: “Vamos saliendo de esa reunión y nos entregan un Plan de Búsqueda, chiquitito. Ya hecho. Nosotras quedamos como ‘no, ¿qué pasó?’, llegamos acá [la sede de la agrupación]. Lo revisamos y dijimos: ‘no sirve’, eran cosas que no servían porque ya estaban hechas. Nosotras dijimos que no”, sentencia Marta Vega.

Sin embargo, la discusión se mantuvo y ella recuerda que en una nueva reunión ellos “no entendían; sobre todo un abogado nuevo. Insistía que había que trabajar sobre ese plan que nos entregaron. Lo que tuvimos que hacer para que entendiera fue romper el documento, le dijimos ‘eso van a hacer con eso, no sirve, está mal hecho’”.

Actualmente, el Plan cuenta con 105 páginas:

  • Se incluyeron los antecedentes de las agrupaciones,
  • De los familiares no agrupados.
  • Enfoques, entre otros.

En comparación al primer diseño, que sólo nombraba al Comité Interministerial de Derechos Humanos como ente de gobernanza del Plan, sin participación directa de las agrupaciones civiles y sitios de memoria en las discusión y avance del proyecto. En este diseño final, se estableció una mesa de trabajo del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, el cual se hace cargo de conocer, asesorar y hacer recomendaciones al Estado para su implementación.

La mesa cuenta con:

  • Tres personas que representan a las AFDD y AFEP desde el norte al sur del país: Gaby Rivera, Ida Sepúlveda y Mónica Díaz.
  • Tres son parte del sector académico: Gastón Gómez de la Universidad de Chile, Patricio Bernardo de la Universidad Católica y Daniela Accatino de la Universidad Austral de Chile.
  • Dos representantes del Instituto y Centro de Derechos Humanos: Consuelo Contreras y Lidia Casas, respectivamente.
  • Y, por último, una persona representa a los sitios de memoria: Erika Hennings.

Aparte, se realizaron 67 encuentros participativos con 775 participaciones, englobando agrupaciones de familiares, agrupaciones de presos políticos, familiares no agrupados, organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria y otros tipos de participantes; esto con el fin de tenerlos como antecedentes a la hora del diseño final.

Aún así, Marta Vega comenta que el camino a este proyecto final fue bajo la decisión de “a nivel nacional, hacer reuniones en conjunto con todas las agrupaciones del país. Hicimos un plan de búsqueda y se lo presentamos al gobierno. Ese plan afortunadamente fue aprobado en más del 80%, nosotras estábamos bien, quedamos tranquilas, era lo que correspondía”.

Respecto al producto final, el abogado Marcelo Orellana sostiene que “conociendo el proceso de instalación, hay cuatro obras de fortalezas en su instalación: el primero es la instauración del Comité de Seguimiento y Participación, el segundo es la implementación de la mesa técnica de archivos, el fuerte trabajo que se está realizando con las agrupaciones a nivel nacional desarrollando encuentros regionales y la coordinación con el Poder Judicial en el desarrollo de diligencias de búsqueda en el contexto judicial”.

Falta de confianzas y el papel de las universidades

Sobre poner en práctica el Plan en el último tiempo, hay críticas y preocupaciones. “La implementación se ha demorado mucho, ha sido lento”, asegura Marta Vega. Lo mismo piensa la presidenta de la AFEP, Alicia Lira: “Nosotros queremos que se empiece a ejecutar: dónde hay sospecha, donde están dichos expedientes. Sentimos que a día de hoy, no está pasando nada”. Desde el Comité de Seguimiento, Ida Sepúlveda confiesa que “quiero creer en este plan de búsqueda, pero no confío”.

En cuanto a los sitios de memoria, la experiencia del director Alberto Rodríguez, del Parque Villa Grimaldi, le hace asegurar que “no lo puedo acelerar porque está recién partiendo, o sea, no le puedo pedir resultado tan rápido” cuando se trata de los avances de los convenios con las universidades. En la misma línea, Rocío Lorca, abogada, académica y coordinadora de la Universidad de Chile con el Plan Nacional de Búsqueda complementa diciendo que “todavía no estamos ahí, todavía el esfuerzo es seguir enraizando el plan lo más posible para que no decaiga, está súper joven, lleva poco tiempo”.

Del mismo modo, un punto importante y que se implementó en junio de este año en la Universidad de Chile, ha sido el convenio el cual tiene programas que contribuyen al avance del Plan desde “la colaboración y cooperación interinstitucional”, informa el medio oficial de la universidad. Dentro de este convenio están las pasantías en la Facultad de Filosofía y Humanidades en el área de archivos, la investigación periodística en la Facultad de Comunicación e Imagen sobre los detenidos desaparecidos, conversatorios para dar a conocer el Plan en la Facultad de Gobierno.

Además, la coordinadora Rocío Lorca reconoce que “el desafío de la Universidad de Chile es apoyar al plan con más iniciativa nuestra, ir nosotros y dejar de esperar a que ellos nos pidan cosas. Empezar a nosotros pensar cómo podemos ayudar y también los académicos y académicas, los mismos estudiantes organizarse y aprovechar esa vinculación para armar actividades que vayan quedando en la memoria de la Chile”.

Desde la AFEP, Lira agradece el convenio ya que “las universidades que se comprometieron se merecen toda la confianza y el respeto porque son universidades -como la Universidad de Chile- comprometidas con los derechos humanos y que resistieron la dictadura, defendiendo la educación pública”. Lo mismo recalca Vega por parte de la AFDD y añade que “propusimos que sean buenas universidades estatales, porque por la experiencia de lo que ha ocurrido, le tenemos confianza a la Universidad de Chile, a su gente que trabaja ahí”.

La empresa relacionada al Plan de Búsqueda

Una decisión que ha agrietado las relaciones entre el gobierno, las agrupaciones de familiares y sitios de memoria, fue el trato directo con la empresa Unholster, especializada en análisis de datos y desarrollo de software.

Sin licitación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el medio Ciper informó a inicios de agosto de este año que contrataron a la empresa por $619 millones con el fin de crear una “plataforma informática que debiera facilitar la gestión de información sobre personas detenidas desaparecidas”, agrega el medio.

Por otro lado, el gobierno explicó vía Ciper que le asignó esto a Unholster sin licitación porque es el que “mejor conoce la iniciativa, pues la diseñó”. Para este reportaje se contactó a la empresa, pero desde su dirección de comunicaciones no dieron declaraciones.

No obstante, “todo el mundo supo lo que pasó con esta contratación, que había una cantidad de plata impresionante que les cobraban y que es totalmente un negocio. Entonces dijimos que no, no se lo vamos a permitir. Nosotros exigimos que Unholster no tuviera nada que ver con nuestra información”, sostiene Marta Vega, de AFDD.

Igualmente, cuenta sobre el momento en el que se enteraron: “Nos fuimos inmediatamente a conversar con el gobierno y a decirles ‘pare, pare, pare, no’. Podemos tener una afinidad con el gobierno que esté ahí, si es que de verdad están trabajando por nuestro tema, pero en el minuto que pasó esto, también les dijimos: ‘Perdimos todas las confianzas con ustedes’. No es el gobierno que esté porque nos cae bien o porque nos cae mal, no. Aquí se trata de nuestros detenidos desaparecidos y no pueden venir a lucrar, gente de derecha más encima. ¿Más encima con los nuestros? Eso sí que no. No se lo vamos a permitir a nadie”.

Alicia Lira, por su parte, piensa diferente: “Si es por el dinero, no pongo objeciones, ¿sabes por qué? Porque la dictadura gastó lo increíble para torturar, matar, tener las maquinarias de tortura que tenía la DINA, después la CNI para hacer desaparecer en las personas. Por lo cual si tienen que gastar, que gasten lo que tengan que gastar, es un acto reparatorio que le deben no solamente a los familiares sino a esta sociedad, porque le hace bien que haya verdad y justicia en esos crímenes. El costo que tenga”.

Las opiniones en este tema se encuentran divididas, de todas maneras “no hay una opinión única y no ha salido una opinión colectiva, no habría una”, aclara Alicia Lira. Sin embargo, la explicación que da el abogado y coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Marcelo Orellana es que “es una herramienta informática; la cantidad de archivos que existe solo en el programa hace que sea imposible hacer estudiados humanamente, es decir, tú requieres de tecnología que te ayude a la identificación de las piezas que son necesarias para poder desarrollar una investigación judicial”.

Asimismo, “se le comunicó al Comité de Seguimiento que existía ese contrato, se les propuso para que lo abordaran en la tabla y se ha comunicado permanentemente que primero había que contratar tecnología. Es de público conocimiento que hubo críticas hacia la elección de un proveedor, pero este proveedor ha desarrollado una plataforma que hizo el diseño”.

La solución que da la AFDD frente a esta contratación es que “se contrata a las universidad –Católica, la Chile, Católica de Valparaíso-, no empresas privadas que lucren con nosotros. Universidades que hagan este trabajo porque saben hacerlo”.

Unholster deja de trabajar en diciembre de este año para el Plan Nacional de Búsqueda, quienes no aceptaron dar declaraciones y menos han tenido reuniones con las agrupaciones “¿para qué? Si a ellos no los queremos. ¿Para qué, si son entes privados? Ellos ven su negocio y nosotros no somos un negocio. Por eso exigimos que sean las universidades”.

El miedo por quedar -nuevamente- en el olvido preocupa a las agrupaciones de DDHH y sitios de memoria. El Plan sigue muy débil según Alberto Rodríguez, director en Villa Grimaldi, porque “es un decreto presidencial, no es ley. Por lo tanto basta con que un presidente diga con otro decreto presidencial ‘llegamos hasta aquí’, entonces ¿después qué?”. La inquietud no los paraliza y así como desde la AFEP declaran que “de todas maneras estaremos en las calles. De no existir algo -una ley o proyecto estatal-, sería más fácil echarlo a la basura y no hacer nada, por eso nosotros apuramos este plan”.

Finalmente, la dictadura y la violación de Derechos Humanos “es parte de la historia, nadie lo puede borrar. Han intentado ponerle punto final, decir que ya se olvidó, que ‘por qué siguen leseando’, pero fue lo que ocurrió y mientras esto no se olvide, no va a volver a pasar. La palabra brutal queda chica para lo que tuvimos que vivir. Fue y es una tortura permanente, porque cuando pasa algo es retroceder y recordar”, reflexiona Marta Vega de la AFDD. Desde la Casa de Memoria José Domingo Cañas, su directora, Marta Cisterna, expresa con inconformidad que “no es como lo pensábamos tal vez, pero algo se está haciendo en la medida de lo posible. Da bronca, sí, pero estamos en Chile: el país de la impunidad”.

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