Persecución política a docentes: El castigo por enseñar con visión crítica

Escrito por el julio 12, 2021

La situación de las y los profesores en Valdivia y el video de la clase del profesor del Liceo Ecuador de Tomé, Aníbal Navarrete, tienen un punto en común: la persecución política constante hacia el profesorado. Esto pone sobre la mesa la urgente discusión por la libertad de cátedra y la autonomía docente. 

Foto: Movimiento por la Unidad Docente

Omar Sabat (UDI) dejó la alcaldía de Valdivia en la última semana de junio. Unos días antes, inició un sumario administrativo contra 56 profesores de la comuna. ¿La razón? “Ausencia reiterada a su trabajo” a raíz de las movilizaciones docentes del año 2019.

Una semana antes, el grupo “Con mis hijos no te metas” comenzó a difundir un video de la clase de Aníbal Navarrete, profesor del Liceo Ecuador de Tomé, en donde se conversaba sobre la revuelta social.

Esta agrupación de derecha acusó al profesor de “adoctrinar a los niños”. Ante esto, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio.

Persecución política a docentes

Estas situaciones se suman a una denuncia contra una profesora del Colegio Altazor de Concón, quien a inicios de abril se refirió al asesinato de Camilo Catrillanca en una clase. En este caso, la Superintendencia de Educación también inició una investigación contra el establecimiento.

Para la docente y vocera del Movimiento por la Unidad Docente, Daniela Barruel, estas acciones contra el profesorado no se pueden ver como casos aislados. Por el contrario, Barruel apuntó a que “pareciera que hay una lógica e intención de funcionar en base a responder, castigar y perseguir a aquellos y aquellas que están cumpliendo con las labores de la visión pedagógica crítica y movilizarse por causas reivindicativas de las y los trabajadores de la educación”.

Profesores pidiendo la renuncia de María José Yáñez, jefa DAEM Valdivia

Las y los profesores de Valdivia reafirmaron que estos actos no pueden analizarse por separado. El presidente del Colegio de Profesores de Valdivia, Javier Martínez, quien está en este proceso de sumario, indicó que han solicitado a la nueva alcaldesa, Carla Amtmann (RD), la renuncia de la jefa del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) y que no continúen estos sumarios.

Martínez también señaló que “vemos una dinámica de un cierto sector político que está haciendo, a través de Chile, una suerte de acciones administrativas contra los y las docentes y, principalmente, contra las y los trabajadores. En ese sentido, enmarcamos esto porque no es aislado. Vemos una seguidilla de casos y eventualidades que están ocurriendo por una determinada administración”.

Un mecanismo reiterado a través de los años

Para Aníbal Navarrete,  estas acciones en contra de las y los docentes poseen un patrón de conducta. El profesor de Tomé recordó la intención que tuvo Marcela Cubillos, en noviembre de 2019, de presentar un proyecto que prohibía el “adoctrinamiento” en las escuelas.

“Hay un patrón de conducta en donde docentes que han intentado trabajar con temas del actual contexto chileno son perseguidos. Hace un tiempo atrás, Cubillos empujó un proyecto de ley que tenía por objetivo una especie de Ley Mordaza. Era un proyecto en contra del ‘adoctrinamiento’. Es algo muy similar a lo que hemos visto en otros países como Brasil con Escuela sin Partido”.

Foto: Fortín Mapocho

Sin embargo, hay más historia detrás de estas persecuciones y hostigamiento a profesores. Desde la Red Docente Feminista (Redofem) sostuvieron que es necesaria una perspectiva histórica para entender cómo se han normalizado estas situaciones. 

En 2017, la administración de Evelyn Matthei en Providencia despidió a cerca de 70 docentes, quienes acusaron razones políticas. A fines de 2018, un profesor fue despedido en Independencia tras pedir que sus estudiantes lean a Pedro Lemebel.

En ese sentido, la integrante de Redofem, Rosario Olivares, destacó que “es fundamental puntualizar que la persecución política a profesores y profesoras tiene una historia”.

“No nace con las clases online ni las clases grabadas. Sino que tiene que ver con décadas de una idea de la educación como un espacio ‘neutro’, en donde cada vez que un profesor o profesora ha irrumpido en esos espacios con discusiones que no están ajenas al currículum, pero que a la escuela le parece mal, en general estos docentes han sido despedidos”.

Constante desprotección al trabajo docente

Junto a estos reiterados actos de persecución política a las y los profesores, ha habido un persistente ataque por parte del Ministerio de Educación hacia su trabajo. Además, no han sido partícipes de la toma de decisiones anunciadas por el ministro Raúl Figueroa.

Raúl Figueroa (Foto: Radio UChile)

Y es que durante la crisis sanitaria, sobres sus espaldas se ha mantenido en pie la educación en línea y han tenido que lidiar con otras situaciones que se han dado dentro de sus comunidades educativas

En ese contexto, Daniela Barruel expresó que “no sólo no se nos entregan recursos o implementos para hacer las clases, sino que tampoco existe una legislación que permita condiciones mínimas de trabajo. Sumado a ello, se nos persigue y expone en función de un trabajo que estamos haciendo cotidianamente con mucha voluntad para nuestras y nuestros estudiantes”.

En esa misma línea, Rosario Olivares manifestó que esta desprotección va más allá de las clases en línea. “Esto debería subsanarse con discusiones sobre la libertad de cátedra o, por ejemplo, con los contratos y las condiciones de precarización en las que viven  las y los docentes”. 

“Los dejan (a las y los profesores) siempre desprovistos de derechos que les permitan permanecer en sus trabajos como ellos quisieran, y no que cada año tengan que buscar uno nuevo porque para sus escuelas son prescindibles”.

Frente a este escenario, las y los docentes han señalado su preocupación por el empeoramiento de la salud mental en las comunidades educativas. Junto a ello, diputadas y diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista anunciaron una acusación constitucional contra Raúl Figueroa. Entre las razones se encuentran las irregularidades, faltas a la ley y de garantías para las y los trabajadores de la educación.

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