Pepiukelen: La lucha de casi 20 años de la comunidad mapuche invadida por pesquera de Agrosuper

Escrito por el junio 8, 2021

Después de innumerables procesos judiciales, denuncias a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), solicitudes de fiscalización al Servicio de Evaluación Ambiental, e incluso un posterior a un fallo en la Corte Suprema a favor de la comunidad en 2010, la crisis entre la comunidad mapuche huilliche Pepiukelen y la salmonicultora Los Fiordos de Agrosuper, se agudiza cada día más.

Ángela Pong y Valentina Zambrano

El sector de Los Calafates s/n de Pargua donde se instaló la empresa Los Fiordos, es una zona ancestral protegida perteneciente a los pueblos originarios. Se encuentra inscrita en la Conadi, específicamente en “el Registro Público de Tierras Indígenas a fojas 2, número 2 del año 2006, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 Nº 1 letra b) y artículo 15 de la Ley Nº 19.253”.

Desde la llegada de la empresa del holding Agrosuper, los vecinos de la comunidad Pepiukelen ubicada en Pargua Alto, Región de Los Lagos, no han tenido descanso.

Ruidos sobre los 47 decibeles -15 por sobre los permitidas en zonas rurales- y olor repugnante emanado por la manufacturación de la harina de pescado y por la contaminación que afecta la zona de Pargua producto de la salmonicultura. Esos son solo algunos de la antecedentes de cómo la propiedad de Gonzalo Vial, establecida desde el año 2007, ha degradado la calidad de vida de quienes deben tolerar a metros de sus hogares una de las empresas del sector productivo más invasivo y agresivo contra la naturaleza.

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A pesar de los esfuerzos de la comunidad en busca de soluciones, los vecinos de Pepiukelen han visto cómo en medio de la pandemia Los Fiordos ha expandido los dominios de la planta de crianza y engorda de salmones a través de mecanismos llenos de vicios legales, en completa impunidad.

La empresa solo presenta consultas de pertinencia al director regional de Los Lagos del Servicio de Evaluación Ambiental, Alfredo Wendt Scheblein, a quien acusan de otorgar autorizaciones a las salmoneras sin pasar por ninguna evaluación ambiental.

“Resulta que esta empresa ha seguido construyendo y ampliando su planta de forma ilegal”, comentó frustrado Francisco Vera Millaquén, werkén de la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen.

 

 

El peñi y activista mapuche ha dedicado los últimos 20 años de su vida a proteger el territorio ancestral de su comunidad, además de llevar incontables procesos judiciales en contra de la empresa pesquera Los Fiordos, por la alteración que provoca en el medio ambiente, afectando la calidad de vida de los vecinos de Pargua.

 

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Unos tanques metálicos enormes son el paisaje del patio de la familia Vera Millaquén y son los que producen estas afectaciones. “Con una empresa que está a 20 metros de tu casa, que todos los días produce ruidos infernales y emite olores que a veces son nauseabundos, entenderás cómo nos afecta”, contó el comunero.

La comunidad reclama que nada ha cambiado, mientras que “la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su representante regional en Los Lagos, Ivonne Mansilla, ni siquiera se ha pronunciado”, acusó el werkén.

La historia de los vecinos indeseados

La historia de la empresa de salmonicultura y pesquera Los Fiordos, propiedad de Agrosuper, y la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen data desde el año 2003. Se acentuó en 2007, cuando se instaló en el sector la pesquera. Vera Millaquen denunció que la factoría de harina de pescado no cumple con las normativas establecidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y en las leyes de protección a los pueblos originarios, por lo que la comunidad comenzó un incansable proceso de denuncias a diferentes instituciones.

los fiordos

“Cuando la empresa empezó a construir, Conadi se hizo el loco y no hizo ninguna acción. Dejaron pasar el tiempo y nos han dicho que, luego de 10 años, no se puede hacer nada. Eso es mentira, porque no prescriben, por lo tanto perfectamente se podría hacer una acción judicial. Pero no lo hacen, porque no tienen la voluntad política desde el Estado”, sentenció.

¿Qué atribuciones tiene la Conadi?

Según indica el Artículo 1ro, de la Ley 19253, o Ley Indígena, se destina a la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), para administrar las tierras indígenas. “Es deber del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.”.

conadiAdemás, señala que en proyectos que estén cerca de población protegida por leyes especiales como el pueblo indígena, hay que hacer una evaluación ambiental y una consulta indígena de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, esto nunca se hizo según el werkén Vera Millaquén.

La forma en la que la Conadi debería proteger los territorios ancestrales indígenas, es a través del registro de tierras indígenas, los cuales no son susceptibles a la venta como un terreno privado, sino que solo pueden ser arrendadas por cinco años, solo en el caso de que sean tierras indígenas individuales.

Vicio de origen e infracción a la ley

El abogado local experto en protección del medioambiente y en la materia indígena Hugo Castro, explicó a Radio JGM que en el caso particular del terreno comprado por la Exportadora Los Fiordos Ltda. y la instalación de la Planta de Piscicultura de Recirculación Pargua, en rigor no hay incurrencia a ilegalidades en la instalación de la planta a principios de siglo. Sin embargo, la compraventa de este terreno posee una cantidad innumerable de vicios, al igual que todas las ampliaciones que ha hecho efectiva la empresa de Agrosuper en la actualidad.

«Esto debería ser ingresado por un estudio de impacto ambiental, porque tiene una proximidad de población indígena súper cercana y genera emisiones que son riesgosas incluso para la salud» – Abogado ambientalista Hugo Castro.

“Este proyecto tiene un vicio de origen porque se emplaza en tierra indígena y -sobre todo en los grandes proyectos- lo más relevante es el impacto sobre esta población. Por ejemplo, el riesgo a la vida, un impacto significativo a los recursos naturales, alteración de los sistemas de vida y costumbre de población indígena o proximidad a áreas protegidas o población indígena”, expuso el abogado.

 

 

También agregó que, considerando las distancias entre la planta y la comunidad, “esto debería ser ingresado por un Estudio de Impacto Ambiental, porque tiene una proximidad de población indígena súper cercana y genera emisiones que son riesgosas incluso para la salud, sobre todo si se configuran la mayoría de las causales para que un proyecto deba evaluarse por Estudio de Impacto Ambiental y no como declaración”.

Por otra parte, la última ampliación realizada por Los Fiordos al comprar una nueva porción de tierra que aumentaría la cercanía de la comunidad con la empresa piscicultora, padece del mismo vicio legal: permite que la empresa misma fiscalice el impacto a su entorno y a la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen.

«Es efectivo que un pedazo de la tierra ocupada por el proyecto, en titularidad, era de dominio de familiares del peñi Francisco y se produjo una compraventa ilegal» – Abogado ambientalista Hugo Castro.

“En definitiva, implica a una infracción a la ley, y que fue declarada por la Contraloría. Es efectivo que un pedazo de la tierra ocupada por el proyecto, en titularidad, era de dominio de familiares del peñi Francisco y se produjo una compraventa ilegal. También, que la metieron en el proceso productivo y que legalmente no se puede, porque tendría que haber un proceso de desafectación, pero no ocurrió».

Posterior a un periodo de cerca de 10 años de interponer recursos de protección y solicitar fiscalizaciones, solo una de las denuncias al SEA fue fructífera: la de ruidos molestos. Según consigna el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa), la empresa Los Fiordos fue fiscalizada y sancionada “con fecha 9 de octubre de 2015, por Nivel de Presión Sonora Corregido”. Sin embargo, el organismo no ordenó ninguna fiscalización por la contaminación a las agua y la tierra del sector.

los fiordos de agrosuper en pepiukelén

Créditos: País Lobo

Paralelamente, al ver el lento avance o, de lleno, absoluta nulidad de sus demandas a las instituciones medioambientales e indígenas locales, la comunidad de Pepiukelen por primera vez recurrió a presentar un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la salmonera en 2007. El motivo fue la construcción de un estanque para almacenar líquidos contaminantes de la empresa Los Fiordos, a 20 metros de sus terrenos, como señala el informe del organismo internacional.

El fallo histórico que no cambió nada

Como el proceso de la causa ante la CIDH fue largo, el 15 de febrero de 2010 Francisco Vera interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. En esta instancia, el organismo falló a favor de la comunidad el 27 de julio del mismo año, al declarar que “los efectos que el proyecto de la pesquera tiene en el ejercicio de los derechos de la comunidad, así como su carácter ilegal y arbitrario toda vez que el emplazamiento de las aguas servidas excede los trabajos autorizados por la autoridad ambiental”. Lo histórico fue que la Corte Suprema ratificó esta resolución el 15 de septiembre del mismo año.

Sus tierras han dejado de ser productivas, las arboledas se están secando y las aguas siguen contaminadas.

Sin embargo, el werkén insistió en que nunca se cumplió lo que la corte ordenó, ya que solo dos años después el werkén denunció que el fin de semana del 17 de septiembre, la pesquera estaba vertiendo agua contaminada al río Allipén. Esta información que fue confirmada por el gobernador de Llanquihue de ese entonces, Francisco Muñoz, quien reforzó que se iban a hacer los esfuerzos pertinentes y que Agrosuper ya tenía una sanción por desacato, según consignó Diario U Chile.

Este episodio fue una de las razones por las que la CIDH finalmente le dio admisibilidad a la demanda de la comunidad de Pepiukelen en 2018, doce años después, porque se probó que a pesar del fallo que fue histórico para la comunidad por parte de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, finalmente la empresa Los Fiordos nunca hizo nada al respecto de esa orden judicial, según aseguró Francisco Vera.

La sensación de abandono que siente la comunidad por parte de los fiscalizadores ambientales y de la Conadi sigue vigente, sin soluciones ni respuestas concretas.

Sus tierras han dejado de ser productivas, las arboledas se están secando y las aguas siguen contaminadas. La esperanza está en lo que resuelva la CIDH y el dictamen que emita al respecto. Hace dos meses se informó que hará observaciones al Estado chileno por la situación. Mientras tanto, la espera continúa.

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