Padres de David Toro se querellan contra carabinero que disparó UZI a su hijo en San Antonio

Tras varios días de denunciar públicamente el uso desproporcionado de la fuerza en la muerte de su hijo, los padres de David Toro ingresaron una querella por homicidio calificado en contra del carabinero Francisco Vargas Bascuñán. La defensa de la familia solicitó, entre varias diligencias, la remoción del fiscal Fred Silva quien el mismo día de los hechos aseguró que el método usado por el funcionario fue “razonable”. La defensa llevará el caso al Tribunal Constitucional.

David Toro, joven abatido a dos días de aprobada la Ley Naín Retamal

Este jueves 27 de abril Álvaro Toro y Leontina Córdova, padres de David Toro, el joven de 19 años que recibió una descarga de subametralladora UZI en Llolleo, comuna de San Antonio, interpusieron una querella por homicidio calificado contra Francisco Vargas Bascuñán el funcionario de Carabineros que disparó contra su hijo, quitándole la vida.

El hecho ocurrió a dos días de aprobada la controversial ley Naín-Retamal que, con apoyo del gobierno, amplió las facultades de las policías y las Fuerzas Armadas en procedimientos para controlar el orden público.

Desde el primer momento el padre de David denunció un uso desmedido de la fuerza, desmintiendo la versión oficial difundida en la prensa que aseguró que tanto su hijo como sus dos acompañantes tenían antecedentes penales y que, además, el joven abatido habría arrollado a un efectivo con la intención de escapar.

Los argumentos de la familia se basan en los relatos de testigos quienes aseguraron que David no habría arrollado al carabinero y que al momento de la descarga los tres jóvenes, que efectivamente no tienen antecedentes penales, se encontraban con las manos en alto.

David no era un narcotraficante, David no era un delincuente. David era un joven de 19 años que fue asesinado y esa convicción nosotros la vamos a hacer presente en tribunales

Desde ahí la familia del joven no ha cesado en su tarea de limpiar el nombre de su hijo, el que se desempeñaba como chofer informal. “David no era un narcotraficante, David no era un delincuente. David era un joven de 19 años que fue asesinado y esa convicción nosotros la vamos a hacer presente en tribunales”, declaró el abogado John Maulén de la Defensoría Popular en las afueras del juzgado, lugar hasta el que llegaron para interponer la querella en contra del funcionario, y también, contra quienes resulten responsables.

Al amparo de la Ley Naín-Retamal

La defensa de la familia señaló que Vargas Bascuñán continúa en funciones, ya que, como señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, su accionar quedaría amparado bajo la Ley Naín- Retamal.

Al respecto el abogado Lorenzo Morales declaró que el Ministerio Público ha tenido posiciones contradictorias por lo que en la querella están solicitando la inhabilitación del fiscal Fred Silva, quien ordenó la libertad del funcionario, argumentando que “existió una agresión ilegítima y un afán de provocación” por parte de David, por lo que declaró que el medio utilizado fue “razonable”, señaló.

27 de abril, Juzgado de Garantía de Temuco

“Por eso mismo queremos que él no siga investigando este caso. Claro, tienen que cumplir con un principio de objetividad, pero ya tenía esa misma noche una posición. Él tiene que acreditar legítima defensa y eso no se hace con una declaración pública sino de acuerdo como lo exige la Ley”, argumentó Morales.

En paralelo, la defensa de la familia de David anunció que abrirá un debate en el Tribunal Constitucional: “Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, llevar este debate que tenían que haber llevado los parlamentarios, al Tribunal Constitucional y que esto se discuta donde tiene que ser, no en los matinales, en los tribunales”, ironizó Lorenzo Morales.

Finalmente, John Maulén se refirió a las diligencias que se solicitaron en la querella tendientes a esclarecer los hechos: “Hemos encargado desde ya, la reconstitución de escena; hemos solicitado todo el audio que hubo durante ese procedimiento, antes y minutos después, de la Central de Comunicaciones de Carabineros”, agregó.

Con la interposición de esta querella, la familia de David Toro comenzó un camino judicial que sin duda seguirá dando qué hablar, y que, a menos de un mes de promulgada, cuestiona en sus fundamentos a la Ley Naín-Retamal.