Especialista en derechos digitales afirma que cámaras con reconocimiento facial en Santiago son inconstitucionales

Escrito por el 26 Noviembre 2019

El abogado especialista en ciberseguridad, Pablo Viollier, afirmó que la implementación de esta tecnología en la vía pública vulnera los derechos humanos, ya que “las personas tienen el derechos de recorrer la ciudad de forma anónima”, y recalcó que la identificación de las personas con las cámaras de reconocimiento facial falla en el 90% de las veces. 

A mediados de noviembre el intendente de Santiago, Felipe Guevara, autorizó la instalación de diez cámaras de reconocimiento facial para generar registros que faciliten indagatorias de la Policía de Investigaciones (PDI) que ya estarían operando en la capital. 

Según Guevara afirmó al medio Pauta, en su gestión como alcalde de Lo Barnechea ya hubo “experiencias con estas tecnologías”, además agregó que ya se registran detenidos “gracias al uso de estas cámaras” y que esta información está siendo aceptada por los tribunales como medios de prueba.

La implementación de esta tecnología se da en medio de cuestionamientos a Carabineros respecto al espionaje a dirigentes sociales y políticos que quedaron en evidencia en la filtración de documentos conocida como #PacoLeaks.

El Noticiero Ciudadano conversó con Pablo Viollier, abogado y analista de políticas públicas de la organización Derechos Digitales.

¿Cómo funcionan estas cámaras de reconocimiento facial?¿El Estado tiene una base de datos con información de nuestras caras?

Esa es una de las cosas con las que no hay claridad respecto a la implementación de este sistema. El reconocimiento facial funciona a través de un programa que tiene algún tipo de procedimiento para captar patrones de tus rasgos faciales que tienen que encontrarse en una base de datos. No queda claro si esa información recolectada de las grabaciones de la vía pública se contrasta con una base de datos de personas buscadas o contenidas en el registro civil. Esa es una características que ha acompañado la implementación de estas tecnología: la falta te transparencia.

Hace algunos meses fueron bastante cuestionadas por especialistas aplicaciones de redes sociales que escaneaban nuestras caras para generar imágenes distorsionadas, ¿el Estado podría adquirir esas bases de datos generadas por estas aplicaciones?

Yo lo veo poco probable. Aquí el punto político más importante es que el reconocimiento facial en espacios públicos es totalmente inaceptable.

¿Por qué es tan problemática la tecnología de reconocimiento facial en la vía pública?

La personas tienen derecho a recorrer la ciudad de forma anónima y por tanto la capacidad que este tipo de tecnología le entrega al Estado, de decir “yo soy capaz de identificar a las personas mientras caminan en su día a día y saber donde están, a qué hora están y qué están haciendo”, le da demasiado poder al poder político. Es una herramienta que tal vez se debería usar en casos extremadamente específicos y excepcionales, por ejemplo para entrar a un cuartel militar o cosas de esas características, pero implementarlo en la vía pública es algo totalmente desproporcionado y que vulnera los derechos de las personas.

¿Es realmente efectiva esta tecnología para respaldar investigaciones?

Otro tema es que estas son medidas que nos son efectivas. Algo que ha acompañado las experiencias de reconocimiento facial, no solo en Chile sino que también en otros lugares como Estados Unidos e Inglaterra, es el alto número de falsos positivos, es decir, el número de veces que se dice que se identifica una persona pero en realidad se deriva un error. La implementación de cámaras de reconocimiento facial en el mall de Los Dominicos vino acompañada en un 90% con falsos positivos. En un Inglaterra había un 95% de falsos positivos. Yo no me imagino otra política pública u otro servicio en el que se la pegue a una empresa para hacer algo, pero finalmente la empresa diga “sí, pero sabes que nos equivocamos en un 95% de las veces”.

¿Por qué crees que la intendencia decide aplicar una tecnología poco efectiva?

Aquí lo que hay es tecnosolucionismo que es “voy a hacer algo, no importa si funciona o no, o cuánto valga, lo importante es hacerlo porque va a ser noticia y cómo es tecnología se me va a dar bien”. El alcalde Guevara, ahora intendente, se ha caracterizado por medidas que le dan prensa pero que, junto con vulnerar los derechos de las personas, no sirven.

¿Entonces por el nivel de efectividad de esta tecnología no podría ser usado como un medio de prueba en una proceso judicial, como lo ha indicado la intendencia?

Probablemente ha sido medio de prueba en términos judiciales en el sentido que se ha utilizado una grabación común y corriente, pero yo estoy dispuesto a apostar que no ha sido el algoritmo de reconocimiento facial el que ha reconocido a alguien caminando en la calle y por eso lo han ido a detener.

¿Qué repercusión crees que podría tener este anuncio en el desarrollo de las manifestaciones? 

A título personal voy a dar esta opinión: me parece que esta es una más de las medidas que demuestran que el Gobierno desde que estalló esta crisis ha estado mucho más preocupado de dar señales de abordar esto desde la perspectiva de la seguridad pública en vez de abordar las demandas sociales, el descontento y las reformas por las cuales las personas se movilizan. La personas se movilizan porque están aburridas de que las ninguneen. La personas sienten que las personas no tienen la capacidad de incidir en las decisiones políticas. Ese sentimiento con los anuncios que ha hecho el gobierno va a ir en aumento.

En el contexto de las movilizaciones se reveló en la filtración de documentos de Carabineros #PacoLeaks el seguimiento y espionaje a dirigentes políticos y sociales por parte de la institución, ante la duda de que la PDI o el Estado en General pudiera estar usando datos biométricos para espiar dirigentes ¿qué dice la ley respecto al nivel en que el Estado puede usar estos tipos de datos? 

Primero que nada, la revelación de que Carabineros de Chile está usando la Ley de Inteligencia, que es altamente intrusiva, para vigilar y espiar a organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes, es totalmente inaceptable. En democracia no puede ser que las fuerzas de orden estén preocupadas de perseguir y amedrentar a organizaciones totalmente legítimas. La Ley de Inteligencia es para obtener información para resguardar la seguridad nacional y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) u organizaciones medioambientales no son algo que ponga entredicho a la seguridad nacional. Son organizaciones totalmente legítimas.

¿Y qué dice la Ley sobre el uso que se le puede dar a información personal sensible como los datos biométricos?

Respecto a cómo se utiliza esta información, nosotros tenemos un vacío regulatorio en ese sentido. La Ley de Protección de Datos Personales es muy ambigua en estos casos y eso se debería tender a solucionar con la dictación del Proyecto de Ley de Datos Personales que sí tiene requisitos más estrictos para la utilización de dato sensibles por parte del Estado. Pero aquí no solo se trata de si esto está regulado o no, todo tipo de política pública tiene como límite el respecto de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, medidas como la vigilancia desproporcionada y el uso de cámaras de reconocimiento facial al no tomar el respeto de los derechos fundamentales como un límite estamos ante medidas que son anticonstitucionales.

Escucha la entrevista completa a Pablo Viollier en el siguiente enlace.


 

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