Pablo Marshall y la reivindicación del voto preso: «Este no es un ejercicio revolucionario, es de resistencia»
Escrito por Julio Olivares el mayo 9, 2023
El profesor de Derecho Constitucional se encuentra en librerías desde abril con “Voto Preso: el derecho a sufragio de la población carcelaria”, aporte con el que busca acercar la discusión a un público no académico. En entrevista con Radio JGM, el abogado reivindica el logro civilizatorio de respetar los derechos humanos de los privados de libertad y manifiesta su preocupación por la escalada de leyes penales populistas que no se atienen a evidencia alguna.
El profesor de Derecho Constitucional Pablo Marshall encontró el tema durante su investigación doctoral en la Universidad de Glasgow. Como académico había escudriñado las líneas del derecho al sufragio, ciudadanía y los derechos humanos de grupos en desventaja. Por tanto, no asomaba extraño que se concentrara en investigar el voto de la población carcelaria, un tema que abarcaba sus tres áreas de interés.
Lo que en un comienzo iba a ser un libro académico, fruto de su investigación doctoral, encontró otro registro en 2019, en el marco del estallido social y de lo que Marshall denomina “la activación de la politización del espectro carcelario”. Uno más ciudadano, con vocación de difusión.
Tres años y medio después, en abril del presente, el abogado de la Universidad de Chile publicó el libro Voto preso: el derecho a sufragio de la población carcelaria (Editorial La Pollera), un ensayo con el que busca acercar la discusión a un público no académico, en lenguaje sencillo y directo, pero sin descuidar las complejidades del asunto. De esa publicación y de esas complejidades conversamos en esta entrevista.
Crear consciencia puede ser provocador
“Pensé que esta era una oportunidad de involucrar a la ciudadanía en una discusión que involucra dos cosas importantes: la realidad carcelaria y los derechos de las personas privadas de libertad; y la forma en que participamos en la democracia representativa”, relata Marshall. “Son dos temas que si bien pueden parecer técnicos, se conectan con muchas intuiciones morales básicas que todos tenemos y que es importante discutir”.
-
El momento en que nace este libro es bastante distinto al contexto actual. ¿Qué puede aportar el libro hoy que sea diferente de aquello en lo que contribuía en 2019?
Sí, (el momento es distinto). De hecho reescribí el último capítulo del libro después del triunfo del Rechazo. Cambió el tono triunfalista que tenía. Porque hay que decirlo: el proyecto de constitución rechazado tenía una serie de reformas al sistema carcelario que garantizaban estándares de trato bien notables para las personas privadas de libertad.
Yo diría que el libro pretende crear consciencia de lo importante que son estos temas y de lo importante que es conservar el avance democrático que tuvimos durante el comienzo de este gobierno, en dirección a incluir a quienes no se encuentran privados de su derecho de sufragio estando en la cárcel. Fue un hecho histórico, por pocos que hayan sido pocos. Pero, por otro lado, la exposición de estas ideas puede ser provocadora en el contexto de alto punitivismo que estamos viviendo. He estado pensando si no habrá que tener cuidado con tocar algunos puntos que están sensibles, para que no suponga un retroceso de lo avanzado.
Un signo potente de exclusión
En su artículo 17 la Constitución actual señala que la calidad de ciudadano se pierde -y con ello el derecho al sufragio- por condena a pena aflictiva. Es decir, por penas privativas de libertad que superen los tres años de duración.
Eso significa que siguen siendo ciudadanos los presos que no están condenados a pena aflictiva, quienes están en prisión pero no han sido condenados y quienes han sido formalizados. Ellos, por tanto, mantienen su derecho a sufragar.
Sin embargo, salvo las dos últimas elecciones en que un puñado de presos han podido votar, en la práctica se les sigue privando de ejercer su derecho incluso a aquellos que constitucionalmente están habilitados para hacerlo.
En el libro mencionas que es común a la tradición constitucional chilena la idea de que los derechos políticos requieren cierta idoneidad para ser ejercidos y que los presos no la poseen. De hecho, tanto la constitución de 1833 como las de 1925 y 1980 contienen normas restrictivas del derecho a voto de los presos. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Cómo explicarías que dos siglos después siga arraigada?
Es una práctica que ha estado con nosotros de alguna u otra forma desde que las sociedades empezaron a utilizar la idea de castigo. Puede rastrearse hasta Grecia, Roma, pasando por Europa medieval o el mundo hispánico colonial. Parte de esas prácticas de castigo usualmente ha sido excluir a ciertos miembros de la comunidad, sea mediante el exilio o el encarcelamiento. Pero la particularidad de la privación del sufragio es que tiene un contenido simbólico, asociado a la pérdida de la ciudadanía, que a la vez está asociada a cierto estatus de pertenencia y de igualdad. Es un signo bien potente de comunicarle a los presos que ya no forman parte de nuestra comunidad.
La positiva experiencia reciente del voto preso
En la práctica, más allá de la constitución, hay una vinculación estrecha entre estar en la cárcel y perder el derecho al sufragio. Según cifras de Gendarmería, para la elección de octubre del 2021 (primera vuelta presidencial) 12.700 presos que tenían derecho a sufragar no pudieron hacerlo. En tu opinión, ¿por dónde pasa esta privación de derechos constitucionales?
Si uno pudiera singularizar quiénes son los responsables, diría que son dos instituciones. Una es el sistema político. El Congreso, pero también el Ejecutivo, a quienes se les ha dicho continuamente que aquí hay un quebrantamiento de derechos humanos. La segunda es el Servel, que ha sido instado varias veces por la Corte Suprema a corregir esto administrativamente y ha dicho sistemáticamente que no puede porque no cuenta con la autorización legal necesaria.
Yo creo que el voto de los presos que sucedió ahora en el gobierno del Presidente Boric fue producto de una alineación de dos factores. Primero, hubo una habilitación legal para un cambio administrativo de domicilio por parte del Servel: la ley de georreferenciación, que si bien no decía nada de los presos, posibilitó la instalación de mesas en la cárcel. La excusa histórica del Servel -que no contaba con poderes legales para instalar urnas en la cárcel- desapareció. El segundo factor fue que hubo un claro interés por parte del Gobierno por empujar esa decisión.
¿Qué se pudo desprender de esa experiencia de voto preso?
Nos dijo varias cosas. Una importante es que no hubo problemas, que era uno de los miedos abstractos que se ponían sobre la mesa. “Si tenemos una elección dentro de la cárcel puede haber un motín, puede ponerse en riesgo la seguridad de los involucrados”. Eso no pasó.
Luego, en términos logísticos fue relativamente fácil. Los mismos presos se organizaron como vocales, reproduciendo una práctica ciudadana hermosa, que es inusual en otros países.
Y en términos de resultados, aunque los votos de los presos fueron pocos, fueron coincidentes con los de la población en libertad. El mensaje que eso nos entrega es que los presos no votan ni por interés propio (porque claramente la propuesta los favorecía), ni de acuerdo con lo que les diga Gendarmería o alguna mafia que intenta controlar la votación. Tienen más o menos las mismas preocupaciones que el resto de la población.
Cuando uno escucha tus respuestas o lee tu libro se da cuenta de que los presos nunca son prioridad. Siempre hay otra urgencia, un ciclo electoral u otro tipo de consideraciones…
Yo iría más allá. No es que sean la última de las prioridades, es que es un tema importante que se manifiesta negativamente. Los legisladores toman decisiones legislativas con miras en los resultados de las elecciones en que van a ser reelectos. Ninguna bancada, ningún legislador quiere verse involucrado con una ley que vaya en dirección de proteger los derechos de la población carcelaria. Diría que en período electoral, pero tampoco en ningún otro período.
De intuiciones asentadas y logros civilizatorios
Ahora, yendo a la ciudadanía: hay una serie de intuiciones comunes sobre el tema. Que los mismos presos se pusieron en esta situación, que es costoso que voten, que se merecen no votar, etc. ¿Te parecen atendibles esta clase de argumentos?
Por supuesto que sí. Por eso escribí un libro para explicar por qué muchas de esas razones, si bien son moralmente importantes, no deben tener como consecuencia la privación del sufragio a los presos. Este no es un libro abolicionista. No parte de la base de que deberíamos acabar con la cárcel. De hecho una premisa básica del libro es que existan las cárceles porque tenemos que entregar el voto a aquellas personas que están dentro. Eso no obsta que uno pueda tener más o menos simpatía con las instituciones penales y carcelarias…
Pero, más allá de eso, creo que si nosotros decidimos encarcelar a alguien, tenemos que mantener un vínculo con esa persona en que le recordemos que sigue siendo un ciudadano, que es parte de la sociedad. Además de privarlos de libertad, quitarles el derecho a sufragio manda un señal muy difícil de reconciliar con la idea de que siguen siendo miembros de la comunidad. Mi argumento es que si las vamos a excluir físicamente de la sociedad, no podemos también hacerlo simbólica y políticamente. Debemos mantener un lazo con ellas. Y ese lazo se da a través de su participación en la toma de decisiones públicas.
Uno podría llevar el argumento más allá y plantear que el argumento del voto preso debería servir para transformar las cárceles, quizá no en instituciones más liberales, pero sí en instituciones más democráticas, en que los presos puedan participar en la toma de decisiones colectivas de una manera más robusta.
Plantear esto no es probablemente la idea más popular, particularmente en un momento como el actual.
Bueno, esa es la razón por la cual no soy candidato a nada (ríe) y he decidido quedarme en la universidad.
No sé si hay algo de eso en la decisión de plantear este tema, de entrar a pelear con esas intuiciones asentadas y que estas ideas le vayan haciendo más sentido a una mayor cantidad de personas…
Sí, es un dilema. Cuando uno plantea los temas, generalmente genera irritación en personas que no piensan como tú. Y ahí yo diría que está el desafío: poder plantear el tema, pero también establecer un diálogo con las personas que a primera vista piensan que estoy equivocado.
Lo que yo quiero reivindicar, en general, es que no nos olvidemos que como sociedad hemos evolucionado a tal punto en el cual reconocemos ciertos derechos humanos que son inalienables para las personas y que ni siquiera cuando una persona comete un delito deberíamos poder quitárselo. Y yo diría que esa es la lucha más importante que tenemos que llevar contra este afán punitivo. Y a veces es intentar recordarle a la gente que, bueno, hoy ellos están en una posición de víctima (de un delito) o de castigadores, pero en otro momento ellos pueden estar en la posición de la persona que está sufriendo las consecuencias de la persecución penal y que ese logro civilizatorio, que es que esas personas sean tratadas con dignidad y con respeto, es un derecho humano.
Populismo penal: el divorcio entre ciudadanía y academia
Estamos en un momento en el que pareciera haber cierto divorcio entre las ideas de la academia y la ciudadanía. Algo de eso vimos en la Convención: rechazo a los académicos que lograron ser electos, falta de apoyo ciudadano a las ideas que vienen debatiéndose a nivel universitario desde hace años… ¿Cómo ves esa separación? ¿Se puede hacer algo para intentar resolverla?
(Hay que) hacer academia de difusión. La universidad tiene un rol bastante desatendido de hacer difusión, de transformar la producción científica en textos o en registros que puedan ser procesados por el resto de la ciudadanía. Es una deuda de la academia.
Pero la desafección con el pensamiento experto es una cuestión bien complicada. Yo siempre he sido defensor de las decisiones populares, pero, para ser honesto, los últimos años de política democrática me han hecho de que el rol que debe tener la expertiz tampoco puede ser dejado de lado. La escalada de leyes populistas penales es una manifestación de eso. No estamos prestando atención a ninguna evidencia. No estoy hablando solamente del mundo penal, que es bien abstracto y difícil de comprender. En Chile se ha desarrollado una academia de criminólogos, personas que estudian el fenómeno criminal en la práctica, no solo en la teoría, y la evidencia producida por ese mundo no ha sido en absoluto tomada en cuenta por las decisiones de política criminal.
Creo que el rol de los expertos debe tener un lugar en la toma de decisiones públicas. No el rol último, ese siempre debe estar en manos de autoridades democráticamente legitimadas. Pero no debemos olvidar que la democracia no es solo la voluntad de la mayoría, sino también es un diálogo abierto a las razones de todas las personas involucradas en los efectos de una decisión. Y si ese diálogo está clausurado, la decisión puede ser tremendamente mayoritaria, pero puede que empecemos a cuestionar qué tan democrática es.
Proyecciones poco auspiciosas
*Nota de la Redacción: Realizamos esta entrevista días antes de las elecciones del 7 de mayo, en que las fuerzas del Partido Republicano y el pacto Chile Seguro obtuvieron 34 de los 51 escaños.
Tenemos el ejemplo reciente de la Convención Constitucional y su propuesta rechazada, en la que se planteó un modelo de ciudadanía mucho más inclusivo que incorporaba a los privados de libertad, eliminaba las formas de pérdida de la ciudadanía o suspensión del voto, y solo excluía del sufragio a menores de 16 años y a extranjeros que llevaran menos de cinco años en el país. ¿Crees que haya espacio para retomar alguno de esos aspectos y avanzar hacia esa dirección?
Las condiciones sociales han cambiado radicalmente. Van a recortar la apertura a la ciudadanía de los extranjeros en este proceso por la xenofobia involucrada en ciertas reacciones. Yo creo que se va a mantener el voto en 18 años, no se va a innovar en ese sentido. Y, por lo que he visto en la propuesta de los expertos, las exclusiones de los privados de libertad se van a mantener. Hay un avance, eso sí, en la eliminación de la suspensión del derecho al sufragio para personas acusadas por delitos. Pero no veo agua en la piscina para avanzar mucho más, según percibí en la comisión experta. Y, bueno, tengo que confesar que mi augurio es que la configuración del Consejo Constitucional sea peor que la Comisión Experta. Que nos mantengamos como estamos puede ser una buena noticia.
Finalmente, ¿por dónde pasa el desafío para dejar de asociar la privación del voto como un castigo inherente a la cárcel?
El voto preso es un buen signo para recordar que los presos son ciudadanos y que tienen derechos. Esa es la premisa que está en disputa, a la cual tenemos que aferrarnos. Yo creo que este ejercicio no es revolucionario, es un ejercicio de resistencia, de proteger lo que históricamente las democracias occidentales han consagrado: la idea de que las personas privadas de libertad son titulares de derechos humanos y que los conservan. Pero, como ya te dije, el escenario no parece auspicioso.
Nota de la redacción: en la elección del domingo 7 de mayo, por segunda vez en la historia votaron un puñado de presos de siete recintos penales. Los resultados nuevamente fueron similares a los de la población en libertad. En seis de las siete cárceles el Partido Republicano obtuvo mayoría.
Tal vez también te interese: ¿Y AHORA QUÉ?: LAS CLAVES PARA LO QUE VIENE DEL PROCESO CONSTITUYENTE
Comentarios