Organizaciones lanzan Iniciativa Popular de Norma para un Sistema Plurinacional de Educación publica estatal-comunitaria

Escrito por el enero 3, 2022

El recambio del modelo educacional de mercado estructurado a partir de la Constitución de 1980 y establecer las bases jurídicas-institucionales para reconstruir la Educación Pública son los objetivos comunes de las organizaciones que respaldan esta iniciativa.

El contexto que debemos cambiar

En nuestro país se ha implementado, por más de 40 años, un modelo extremista (único en el mundo) de mercado, privatización y competencia, que ha llevado a nuestra educación a una crisis profunda. Se trata de una crisis de desigualdad (educación para ricos y educación para pobres), de calidad educativa (afectada por esta desigualdad y falta de condiciones adecuadas) y de los sentidos de la educación (carecemos de un proyecto educativo como país y todo parece centrarse en competir por puntajes en pruebas como el SIMCE o la PTU, dejando de lado la formación integral que necesitamos).

Al centro de esta grave crisis está la destrucción del sistema de educación pública. Hoy apenas un tercio de nuestros niños, niñas y jóvenes asisten a escuelas públicas, y en la educación superior ese porcentaje es apenas de un 15%. Es fundamental reconstruir una educación pública que sea el eje del desarrollo social de Chile y que revierta la crisis de desigualdad, calidad y sentido de nuestra educación. Por eso es clave  una educación pública, como un sistema articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación (Ver documento completo).

Propuestas del mundo social

Diversas organizaciones educativas y territoriales han levantado esta propuesta para ser discutida en la Convención Constitucional. La Iniciativa Popular de Norma “busca el recambio del modelo educacional de mercado estructurado a partir de la Constitución de 1980 y establecer las bases jurídicas-institucionales para Reconstruir la Educación Pública como un sistema plurinacional articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación entendido como un derecho social fundamental a lo largo de toda la vida”.

Existe un amplio recorrido en el derecho internacional que respalda esta propuesta. Por ejemplo la Convención Internacional Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) establece que los Estados se comprometen a: “fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) alerta que “debe hacerse hincapié en que el goce del derecho a la educación fundamental no está limitado por la edad”. También instrumentos normativos afirman una concepción amplia incluyendo tanto la educación escolarizada como no escolarizada.

Es el caso de la Recomendación de la OIT sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos, Educación, Formación y Aprendizaje Permanente (2004) que llama a “fomentar el acceso a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente de las personas con necesidades específicas” o las Directrices de la UNESCO para el Reconocimiento, Validación y Acreditación de los Resultados del Aprendizaje no Formal e Informal (2012) que alerta que: “los sistemas de calificación en muchas sociedades todavía se concentran en el aprendizaje formal en instituciones educativas […] gran parte del aprendizaje de las personas no es reconocido, por lo que la motivación y la confianza de muchas de ellas para proseguir aprendiendo no son bien promovidas”.

Por lo anterior, recientemente más de 190 países, incluyendo Chile, suscribieron la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (2015) en la que los Estados se comprometieron a “asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos”. Además reconocen que “como complemento y suplemento de la enseñanza formal […] oportunidades amplias y flexibles de aprendizaje a lo largo de la vida por medios no formales, con recursos y mecanismos adecuados, y mediante un aprendizaje informal estimulante”

En este sentido de manera innovadora la Iniciativa Popular de Norma propone que “El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que esta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley”.

Si quieres apoyar la Iniciativa, puede hacerlo aquí: POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. CONSTRUYENDO UN SISTEMA PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL-COMUNITARIA

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