Aborto legal en deuda: A dos años de aprobada la ley exigen que se fiscalice su implementación

Escrito por el 6 Octubre 2019

La normativa fue aprobada en 2017 para tres causales, pero en su práctica existen altos índices de desconocimiento de los profesionales, a estos datos se suma que un alto índice de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia. 

Unas manos de carton a las afuera del parlamento donde se manifiestan antes que comience en la comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales

Foto Agencia Uno

Organizaciones se reunieron este viernes para solicitar a la Contraloría de la República que realice una auditoría a la implementación de la ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), más conocida como ley de aborto en tres causales—peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación—.

Karen Espíndola, sub directora de la Fundación Comprometidos, encabeza la solicitud que tiene por objetivo dar cumplimiento efectivo de este derecho establecido por ley. A la acción se sumó la Mesa de Acción por el Aborto, que tras un “Monitoreo Social” demostró que existen serias falencias en información, preparación del personal médico y altos índices de objeción de conciencia. 

Desde organizaciones feministas apuntan a que se impide en la práctica el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su maternidad. Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto—formada por 14 organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos— apunta a la responsabilidad política de garantizar este derecho.

“Este gobierno podrá estar de acuerdo o no con la Ley, de hecho forma parte de una coalición que se opuso tenazmente a que las tres causales fueran aprobadas, pero siendo ley de la República la responsabilidad política es cumplir con esa implementación y entregarle a las mujeres el derecho ganado” señala Gloria Maira. 

Para la representante de la Mesa “hay que implementar, hay que cumplir con las mujeres y en la medida que no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Salud a nuestros requerimientos de información y de contarnos a  las mujeres como esta la implementación hemos venido a Contraloría”. 

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Graves deficiencias en la Ley

Mientras que el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación Miles. Una cifra notoriamente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba más de 1.000 mujeres. 

Pero desde la puesta en marcha de la ley hay varias problemáticas, como el que 51% de los médicos obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia a la hora de practicar abortos por violación, lo que limita el acceso a este procedimiento médico sumado al enjuiciamiento social que también han podido constatar desde Aprofa como señala la directora ejecutiva, Debora Solis

“Esta ley tenía un sentido a la base, que tenía que ver con que la decisión estaba erradicada en las mujeres, se iba a respetar el espíritu de la ley de que la mujer tenga la libertad de decidir si interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales y que sí decidió interrumpir este llevaría a cabo prestando atención básica lo que no ha pasado en la implementación de la ley. Hay otras personas, médicos, personal sanitario que toman las decisiones en la causal uno y causal dos. En la causal tres se mantiene con fuerza la sospecha sobre el relato de las mujeres”. 

Lo que se condice con las cifras que muestran que 580 de los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia para practicar abortos en casos de violación, un 21% se declara objetor de conciencia en el caso de peligro de vida de la madre (238) y un 29% cuando se trata de una inviabilidad fetal (328), de acuerdo al Ministerio de Salud

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En un estudio de la Corporación Humanas de julio pasado, que analiza la realidad de la objeción de conciencia en los servicios públicos, se hace referencia al reglamento de octubre de 2018 del Ministerio de Salud. En este se indica que ni la ley ni el reglamento resguardan el carácter “excepcional” que debería tener la objeción de conciencia, lo que se vuelve una limitante como lo comenta la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

La abogada señala que “No existen campañas de difusión tampoco de los derechos que reconoce esta ley, ni material gráfico en los centros de salud. Por otra parte, la objeción de conciencia que la propia ley reconoce es una barrera en sí misma para la aplicación de la ley. Obstaculiza que las mujeres y las niñas puedan acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentran en alguna de las tres causales”.

“Y eso, encontramos además que ha sido agravado por la reglamentación que el propio ministerio de Salud a dictado, el Ministerio de Salud dictó un reglamento que se conoció en octubre del 2018 y con posterioridad a este reglamento aumentó el número de objetores de conciencia que trabajan en hospitales públicos” indicó Camila Maturana.

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Esta solicitud de auditoría a la ley también fue firmada por distintas organizaciones sociales y feministas, académicas, gremios, diputadas y diputados de distintos partidos políticos a la espera de que se garantice y facilite el acceso a este derecho.

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