Organizaciones de DDHH exigen el respeto de la jurisdicción internacional

Escrito por el abril 28, 2019

En el marco de las críticas los países del Prosur a organismos internacionales que velan por la protección de los DD.HH, la ONU solicitó a Chile que no se apliquen beneficios penitenciarios a los criminales de lesa humanidad, recomendaciones que para las agrupaciones de DD.HH deberían respetarse.

Agrupaciones de Derechos Humanos reiteraron el llamado de atención a las autoridades del país por las constantes trabas puestas en la búsqueda por la verdad y la justicia, además de valorar las peticiones realizadas por la ONU para evitar la aplicación de beneficios penitenciarios a criminales de lesa humanidad condenados tras la dictadura.

Esto, debido a que el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) solicitara a Chile evitar que se empleen atenuantes o beneficios a quienes violaron sistemáticamente los Derechos Humanos en dictadura.

La integrante del directorio de Londres 38, Gloria Elgueta, señaló que en Chile se ha acudido a diversas figuras para exculpar a criminales de lesa humanidad y que es necesario que los diferentes Estados puedan sancionar apropiadamente a quienes hayan cometido estos delitos.

«Las recomendaciones del CED en realidad se refieren a distintos aspectos relacionados con el problema de la desaparición forzada. Uno de esos aspectos tiene que ver con la necesidad de que los distintos Estados puedan sancionar con penas apropiadas a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, penas proporcionales a la gravedad de los delitos, cuestión que en Chile no ha sucedido por varias razones. Ha habido mucha complicidad y, particularmente, se han aplicado distintos tipos de figuras para exculpar, por una parte, pero también para aplicar muy bajas penas«.

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Las recomendaciones del CED, se da en medio de un complejo escenario entre la Cancilleria de Chile y organismo internacionales de Derechos Humanos, pues Chile junto a otros cinco Estados le pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respeten la autonomía de cada país, luego de que la institución solicitara anular un fallo del Tribunal de Angol contra ocho comuneros mapuches.

Desde Londres 38 manifestaron que esta situación recuerda, lamentablemente, al rechazo a instancias internacionales que mantuvo la dictadura.

La abogada defensora de los Derechos Humanos, Julia Urquieta, comentó que la situación de Chile en el ámbito internacional es contradictoria, en específico en relación con los Derechos Humanos, en donde afirma que el Estado ha tratado de evadir los tratados vigentes. 

«Chile está viviendo una contradicción permanente en el ámbito internacional, y sobre todo en materia de Derechos Humanos, porque todos sabemos que en esta materia existe la jurisdicción universal. Sería muy fácil para los países asilarse en sus normas internas y soberanía territorial para evadir los tratados internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos. Eso lo descartó hace muchos años la Corte Penal Internacional».

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Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, indicó que la declaración de la Cancillería es preocupante y deja al desamparo a quienes luchan por sus derechos. 

«Es una señal realmente brutal hacia las libertades de nuestros países, el hecho de la represión que ellos ejercen en Chile, la represión contra la comunidad mapuche. Son represiones criminales por las formas en que reprimen y matan. En Chile hay detenidos desaparecidos en democracia. Realmente, con este planteamiento dejan al desamparo total al pueblo chileno y a las organizaciones que luchan por sus derechos«.

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Por otro lado, el pasado miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto de ley que busca penalizar la incitación al odio y el negacionismoAl respecto, Alicia Lira apuntó a que durante este Gobierno ha habido un aumento alarmante del negacionismo, sumado a la impunidad por los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura. 

«Desde que empezó este Gobierno se ha fomentado el negacionismo en una forma realmente alarmante y preocupante porque hay que recordar que el que olvida su pasado como pueblo, y sobre todo el terrorismo de Estado, lo vuelve a repetir. Más cuando hay impunidad, más cuando hay muchos civiles gozando de impunidad a estos 46 años, por lo que sería un avance que se convierta en ley y sanción penal lo que es el negacionismo«.

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Finalmente, respecto de la carta enviada desde la Cancillería chilena, en donde se sumaron Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, todos miembros de Prosur, diferentes actores políticos se han sumado a las críticas.

Este jueves la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó a Cancillería y al Ministerio de Justicia, en donde la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, señaló que «es escandaloso que el Gobierno de Chile se una a otros gobiernos de extrema derecha para limitar el ejercicio de organismos fiscalizadores en materia de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos».

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