Opinión: ¿Es la hora de repensar definiciones políticas para las universidades estatales?

Discutir una nueva ley para regular el funcionamiento de las universidades del estado chileno sin discutir el sistema político económico vigente supone asumir de entrada que el modelo es correcto, está vigente y, por tanto, esa nueva ley será el reflejo más o menos fiel de una racionalidad neoliberal.Plantear, por lo tanto, que las universidades del Estado deben avanzar hacia ese camino resulta contradictorio o ilusorio.

Visto desde el ángulo opuesto,  puede ser uno de los bastiones de lucha para revertir esa racionalidad neoliberal argumentando, por ejemplo, todos los efectos adversos que ha generado ya en las universidades del CUECH la política neoliberalizante que fue implantada desde la dictadura de Pinochet y que, desde luego, abarcó casi todos los ámbitos del país hasta hoy, no solamente las universidades. Basta mencionar un solo elemento: La necesidad de las universidades estatales de prácticamente auto-financiarse y sobrevivir con el encuadre regulatorio de una empresa pública a la competencia de universidades privadas surgidas después del año 1981.

El proyecto de ley boletín 11329, ingresó a la Cámara de Diputados el 13 de Julio del presente año y a la fecha, ya a fines de septiembre, cuenta con urgencia suma, es decir, al Gobierno le interesa que el proceso se acelere para seguramente terminar la ley antes que la presidenta Bachelet deje el mandato.

Coherente con dicha urgencia, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, ha señalado en diversas intervenciones públicas que sería trágico que no hubiera una ley que regule un sistema de universidades estatales, sin embargo, también indica que no da lo mismo qué proyecto o cuál sería un buen proyecto de ley. Ahí se refiere al contenido y la duda es pertinente, considerando entre otras cosas, la afirmación planteada en el primer párrafo de esta reflexión.

Cuestiones como la autonomía universitaria resultan fundamentales a la hora de una nueva ley de universidades del estado. No es lo mismo autonomía económica que autonomía política. La primera obliga a generar los propios recursos, a menos que el Estado financie en su totalidad las necesidades de la institución, pena de sacrificar probablemente, parte o la totalidad de la autonomía política.

Una definición en ese sentido son los estatutos que rigen a las universidades. La gran mayoría de las estatales continúa funcionando con estatutos heredados de la dictadura.

A pesar que, actualmente hay algunas universidades estatales que han realizado procesos participativos de creación de nuevos estatutos y están esperando ser aprobados, a la fecha la única que ha culminado el proceso con su aprobación oficial es la Universidad de Chile. En diez años de funcionamiento con dichos estatutos, se destacan elementos de gobernanza universitaria tales como el Senado Universitario, organismo asesor estratégico para la toma de decisiones en la Universidad. Se compone de miembros representantes de los tres estamentos: académico, estudiantil y funcionarios. Otra característica distintiva es la importancia que se da a la comunidad universitaria y su participación democrática en el rumbo de la institución.

Cuando el proyecto de ley se refiere a estos aspectos, resulta delicado poder esclarecer muy bien el texto o como se entiende popularmente “la letra chica” en cuestiones de definiciones del poder para el gobierno universitario. ¿Mandará a la estatal el Gobierno de turno? ¿En qué relación de fuerzas con la comunidad, las autoridades, los estudiantes y funcionarios de la casa de estudios? O en definitiva, la interrogante que es casi una contradicción en sí misma: ¿En qué sentido político, económico y sobre todo académico, se puede definir una universidad autónoma del Estado regulada por una ley que aprobará un Congreso elegido por el extinto sistema binominal?

FELIPE DURÁN MARTÍNEZ

Cientista Político y Organizacional

Productor y Conductor programa “Congreso Ciudadano”

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