Ocho meses de toque de queda: Una medida más allá de lo sanitario

Los cuestionamientos al Gobierno de Sebastián Piñera por la pertinencia de mantener el toque de queda y el Estado de Catástrofe han aumentado con el correr de los meses. Desde Amnistía Internacional han señalado que su implementación ha perdido fundamento y no va en concordancia con un Estado democrático.

El 18 de marzo de este año, Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe debido al avance de la pandemia del Covid-19. Esto ha significado, para chilenos y chilenas, estar ocho meses con la presencia constante de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en las calles y un toque de queda que, si bien ha sido modificado, continúa hasta la fecha sin levantarse en todo el país.

Este estado de excepción ha sido extendido en dos oportunidades, siendo criticado debido a las pocas certezas relacionadas a su efectividad, pertinencia e idoneidad en medio de una emergencia sanitaria. Además, también fue cuestionada desde el mundo social su permanencia en medio de la realización del plebiscito del 25 de octubre.

Una nueva extensión del Estado de Catástrofe continúa en evaluación, de acuerdo al ministro de Defensa, Mario Desbordes, lo que se determinará el próximo 11 de diciembre.

 

La presidenta de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon, señaló que los efectos de la extensión del toque de queda y otras medidas restrictivas por parte del Gobierno podría ser contraproducente con un sistema democrático.

“La medida delimita la libertad de circulación por espacios públicos, y desapareciendo las circunstancias que lo justifican, o bien comprobándose la ineficacia de esta medida para lograr el objetivo deseado, se desvirtuaría la naturaleza de la medida. Por tanto podría devenir, por ejemplo, en un mecanismo de control de la actividad de las personas, cuestión que es absolutamente inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos”.
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Fines distintos

Uno de los debates que ha instalado Chile Vamos y parte de la ex Concertación en el Congreso ha sido la incorporación de las FF.AA. en el control del orden público, militarizando las calles, tomando como excusa la situación en Wallmapu y la revuelta popular iniciada en octubre.

Esto se materializó en el proyecto de ley de Infraestructura Crítica presentado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en el Senado a fines del año pasado, el que finalmente no siguió su tramitación y quedó en primer trámite constitucional.

Para el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, la utilización del estado de excepción podría tener fines políticos y no estrictamente sanitarios, debido a, precisamente, el fracaso del proyecto de ley.

“El régimen de excepción constitucional hoy día en Chile está siendo utilizado principalmente con fines que podríamos decir que son políticos, con el objetivo de recurrir a las FF.AA. como un mecanismo de colaboración en el control del orden público. Esto es una suerte de medida alternativa ante el fracaso de la ley conocida como Infraestructura Crítica que le ha permitido básicamente al Gobierno recurrir a las FF.AA. para controlar el orden público en aquellos lugares en que ha sido necesario a lo largo del territorio, pero no tiene una explicación estrictamente sanitaria”.
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Por su parte, la presidenta de Amnistía Internacional Chile indicó que esta discusión y posibles medidas son complejas y podrían abrir el escenario para vulneraciones a los derechos humanos.

“Estamos hablando de una institución cuya función principal no es el control del orden público ni la relación directa con la ciudadanía de una forma similar a las funciones de la policía civil o Carabineros de Chile, sino más bien que la función principal de las FF.AA. es la seguridad nacional en relación con otros Estados”.

“En ese sentido, su participación en el control del orden público podría abrir un espacio difícil de dimensionar para la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. La medida podría estar transgrediendo estándares internacionales sobre esta materia con respecto a la garantía de derechos humanos”.
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Pero, ¿realmente es efectivo para afrontar una pandemia?

De acuerdo al secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, desde un inicio se han planteado dudas referente a la verdadera utilidad del estado de excepción y el toque de queda, afirmando que actualmente su evaluación debería estar acorde al plan Paso a Paso, tal como sostuvo el Comité Asesor.

“A medida de que las comunas van avanzando en el plan, la medida del toque de queda tendrá que ir disminuyendo, y a su vez, en las comunas en que van retrocediendo, este tenga que mantenerse o aumentar. La verdad es que estamos de acuerdo con el Comité Asesor, de que tiene que ir en concordancia con la actividad epidemiológica que tenga el virus en cada comuna”.
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Desde Amnistía Internacional Chile también precisaron que es necesario contar con la información completa y sistematizada del control realizado por FF.AA. en toque de queda para señalar su eficiencia. Esto, considerando que la medida está implementada en horarios que de por sí son de baja circulación de personas en espacios públicos, salvo en Puerto Montt y la Región de Magallanes, en donde rige desde las ocho de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Junto a ello, Jaime Bassa apuntó a la necesidad de normalizar el orden constitucional y que el uso del Estado de Excepción Constitucional sea aplicado de acuerdo a lo previsto en la Constitución y no con otros fines, sobre todo teniendo en cuenta cómo lo utilizó Sebastián Piñera el 18 de octubre del año pasado frente a las protestas sociales.

De extenderse el Estado de Catástrofe el próximo 11 de diciembre, la medida podría llegar hasta mediados de marzo del 2021, en lo que se cumpliría casi un año desde su aplicación.