Nuevo informe ciudadano expone los obstáculos en el acceso al aborto legal, salud sexual y reproductiva

Escrito por el mayo 13, 2021

La Mesa de Acción por el Aborto en Chile presentó los resultados del segundo monitoreo, que alerta sobre la dura realidad de las mujeres, la población migrante y en situación de discapacidad, y la comunidad LGBTI+, al sistema de salud público.

El martes 11 de mayo se presentaron los resultados de Informe Monitoreo Social, que consiste en el seguimiento al sistema público de salud en materia de género. El informe, emanado de la fiscalización ciudadana a la ley de interrupción del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva, demostró que su implementación es insuficientes para las necesidades de las usuarias y trabajadoras.

El estudio fue realizado por las organizaciones Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche, Colectiva Las Fieras de Ancud, quienes especificaron que, al igual que en el monitoreo de 2019, los resultados arrojados indican que hay una falta de conocimiento sobre los derechos reproductivos en usuarias y una carencia de delineamientos en los procedimientos en la materia, además de una cantidad insuficiente de funcionarias de salud sexual y reproductiva (SSR) en los centros de salud.

Según indica el informe “es entendible que la crisis requiriera una serie de adecuaciones para responder a la emergencia y disminuir las situaciones de riesgo de contagio para pacientes y personal de salud, pero el monitoreo arroja una opinión bastante generalizada entre usuarias y equipos, en que en los primeros meses hubo bastante caos, sin información clara para las usuarias, pero tampoco de directrices adecuadas desde las autoridades para los propios centros de atención”.

Respecto a esto, la coordinadora de la Mesa por el Aborto, Gloria Maira, explicó que la salud sexual fue desplazada en el período de pandemia y reduciéndola solo a mujeres gestantes, abandonando las necesidades de las usuarias que buscan cuidar su salud sexual, postergando la realización de exámenes de ITS, VIH, mamografías y papanicolaous.
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El informe muestra que las funcionarias de la salud entrevistadas expresan temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedad de las mujeres –por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo.

Aborto y objeción de conciencia

Además de presentar los resultados sobre las deficiencias materiales y de procedimientos en materia de SSR, se especificó cuál era la situación de los seis territorios monitoreados. Las interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvieron durante la pandemia, sin embargo, los desafíos presentes en el monitoreo 2019, como la ausencia de información sobre el aborto legal y la objeción de conciencia se han mantenido, e incluso han empeorado.

«En las entrevistas realizadas a las usuarias, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud. La ausencia de información a las usuarias y comunidades y las debilidades de la capacitación del personal de salud se potencian negativamente para restringir el acceso a la IVE: mujeres que pudieron haber constituido una causal no recibieron la opción, otras llegaron tarde o no supieron cómo acceder», se consigna en las conclusiones del informe.

Por su parte, en la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal. Entre otras de las acciones que coartan la decisión de las mujeres para abortar son prácticas fuera de los procedimientos, como «la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión.»

Población migrante, situación de discapacidad y comunidad LGBTI+, los grupos más vulnerados

Según lo expuesto por el informe y planteado en la reunión, la antropóloga y activista de Madre Nativa, Karina Sepúlveda explicó que algunos de los grupos más vulnerables en la pandemia respecto a su salud sexual y reproductiva es el de adolescentes y jóvenes. «Cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados», expresó.

Sumado a esto, el monitoreo da señas de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares. Según Karina, las personas en situación de discapacidad, la comunidad LGBTI+ y la población multicultural, son grupos que claramente no han sido incorporado el sistema de salud.

En el informe se ejemplifica que «a las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla.» Sumado a esto, los centros de salud no suplen las necesidades de quienes tienen alguna clase de discapacidad como la visual, indicó la antropóloga.
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Mientras que, los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans, siguen siendo muy escasos.

Respecto a la situación en regiones, la activista ariqueña, Karina Sepúlveda explicó que la salud sigue siendo un bien centralizado más que un derecho. “El sistema de salud chileno es centralista y reproduce esta forma de atención pública a las regiones, desconoce la diversidad geográfica de los territorios y cómo esta va repercutiendo al acceso a la salud”, explicó Sepúlveda.
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A ello se suma que en un territorio amplio con acceso a zona urbana tienen solo una matrona que se encarga de la salud reproductiva de decenas de mujeres, dejando en manos de las usuarias los cuidados, conocimientos e información sobre SSR.

Sin contar que la salud pública no tiene una visión plurinacional sobre este ámbito, con la llegada de comunidades extranjeras al territorio nacional, las mujeres que necesitan acceder a este derecho, tienen dificultades para explicar su situación a las matronas debido a la ausencia de intérpretes que las asistan.

Por último, la antropóloga explicó que la violencia obstétrica ha sido un problema muy grave y generalizado, ya que en todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto. Para Karina, estas violencias y atenciones sin perspectiva de género son otra forma de castigo para las personas gestantes en nuestro país.
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Los hallazgos del monitoreo son durante un año más alarmantes. En conjunto a la presentación de los resultados, las agrupaciones en la reunión llamaron al Ministerio de Salud a llevar a acciones en los servicios de salud y las redes asistenciales en cada localidad observada.

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