«No encubrirás»: el mandamiento que la Iglesia no quiere aceptar
Escrito por Edgar Pfennings De la Vega el julio 25, 2018
Este martes en el programa Informe Especial se hicieron publicas nuevas acusaciones de abusos sexuales perpetrados por curas en Molina, Región del Maule. Las denunciantes se suman a las otras 266 víctimas de la Iglesia Católica chilena de las cuales ya tiene registro la Fiscalía.
«No somos esclavas, somos mujeres», fue una una de las declaraciones de religiosas de la Congregación Hermanas del Buen Samaritano que fueron presentadas ayer por el programa periodístico de TVN, Informe Especial. En la emisión las monjas acusaron a sacerdotes y otras religiosas de su comunidad de haber cometido abusos sexuales y laborales contra ellas, reproduciendo maltratos sistemáticos de la Iglesia Católica chilena.
Desde tocaciones y besos sin consentimiento, hasta negación de comida, fueron algunas de las prácticas expuestas en la investigación. Una de las denunciantes se preguntó angustiada: «¿Es normal que un cura le de besos a las monjas en la cara llegando a los labios?»; ante esto, la respuesta de las autoridades religiosas, como ha sido la constante, fue silencio y evasión. El ex obispo de Talca, Horacio Valenzuela, escapó de la periodista literalmente por la ventana.
Frente a esto, víctimas de abusos sexuales perpetrados por la Iglesia han levantado la voz para que los abusadores y encubridores que aún forman parte de la Iglesia Católica paguen frente a la justicia. James Hamilton, víctima del Caso Karadima, junto con afirmar que lo que está ocurriendo es una «epidemia de abusos de criminales dentro de las institución que tuvieron la libertad de abusar a sus anchas», agradeció que «se está generando un ambiente donde el resto de las víctimas se atreve a denunciar».
Los antecedentes de la Fiscalía
Lejos de ser un caso aislado, el lunes pasado el Ministerio Público reveló un informe solicitado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, donde se cuentan los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia denunciados desde el año 2000 en todo el país. Las cifras son reveladoras: la institución ha contado con 158 religiosos que hoy están investigados, quienes han dejado un saldo de 266 víctimas, de las cuales 178 son menores de edad. Los primeros casos son de 1960.
Isaac Givovich, uno de los afectados por los abusos de los Hermanos Maristas, instó a las autoridades civiles a asumir un rol más activo respecto al tema y propuso crear una «Comisión de Verdad y Justicia» que les permita a las víctimas hacerse presentes, con el fin de conocer todos los abusos que ha cometido la Iglesia durante los últimos 50 años.
Ezzati a la cabeza
«Tenemos conciencia que no sólo es un pecado gravísimo, sino también un delito ante la ley civil. Nadie hoy puede mantener en silencio los abusos a menores». Este es uno de los extractos de una carta enviada por el ex obispo de Rancagua, Alejandro Goic, al Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. La misiva, que habría sido enviada el 2013 en el contexto de la investigación del Caso Karadima, es el principal antecedente del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, para citar a Ezzati a declarar en calidad de imputado a la Fiscalía.
Esta no sería la primera vez que se menciona a la principal autoridad religiosa de nuestro país como encubridor. James Hamilton sostiene que desde 2011 lo han constatado y se han dedicado a comprobar su culpabilidad. En la misma línea, Osvaldo Aravena, de los Laicos de Santiago, planteó que «el Cardenal Ezzati ha mentido bastante», ya que estas cosas se sabían, agregando que «hay hechos que podrían haber sido denunciados con la debida antelación».
Durante la próxima semana la Conferencia Episcopal se reunirá en una asamblea extraordinaria tras la publicación de la información de la Fiscalía. El objetivo de la cita, según expresan en un comunicado, sería «continuar en el discernimiento sobre los mejores caminos de renovación a la hora presente«. Respecto a esto, Alejandro Álvarez, de la organización Voces Católicas, sostuvo que uno de los «talones de Aquiles» que se debe modificar es el protocolo que no obliga a los religiosos a informar ante la justicia de casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
El próximo 19 de agosto Ezzati se presentará ante el Ministerio Público, instancia que podría esclarecer si efectivamente el arzobispo forma parte de las redes de encubrimiento que existen dentro de la Iglesia Católica.
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