Muros en disputa: Al proyecto de ley sobre arte urbano le falta calle

A principios de julio se presentó el proyecto de ley que regula, sanciona y determina condiciones para la realización del arte callejero. Una iniciativa que provocó una profunda negativa entre artistas y grafiteros/as, a los cuales se han sumado experiencias comunitarias, quienes afirman que los castigos son un retroceso.

Alejandro «Mono» González, reconocido muralista chileno y fundador de la brigada Ramona Parra, se muestra indignado y hastiado cuando se refiere al proyecto de ley que Regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados. ¿Por qué? En su opinión esta iniciativa, presentada por el ex ministro de Cultura de Sebastián Piñera, y hoy diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, es errónea desde su planteamiento.

«No estoy de acuerdo con ninguna de las leyes punitivas, de castigar con el infierno a los jóvenes. Esta es una expresión de ellos, y puede que les guste o no, esa es la primera discusión, pero en la calle pasa de todo, la calle es de todos, es el espacio público», afirma.

El proyecto de ley, presentado el pasado 4 de julio, establece un único cuerpo legal que regula esta materia, y distingue entre el arte urbano o arte callejero, de los rayados, tags o graffitis, estableciendo promoción sobre lo primero y sanciones respecto de lo segundo.

La iniciativa ha causado gran impacto entre muralistas y grafiteros, quienes a partir de una Declaración Pública, han manifestado su preocupación y observaciones sobre una iniciativa que “afectará de manera sensible el trabajo realizado por cientos, sino miles, de cultores del arte callejero en nuestro país”.

Hasta la fecha 450 artistas han firmado la carta, entre los cuales se encuentra INTI Castro, graffitero y muralista urbano; Guillermo Núñez, artista Visual y Premio Nacional de Artes 2007; Melanie Bustos, gestora La Joya Mosaico; y La Loica, obrera del arte; entre otros/as.

Asimismo, artistas y gestores se han presentado ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la cámara de Diputados para entregar especificaciones e indicaciones ante una propuesta que plantea de manera arbitraria qué es el arte contemporáneo y olvida su desarrollo histórico.

«Todo lo quieren normar, todo lo quieren castigar. Además no con ojos especializados, no conocen la calle, no conocen a los jóvenes, no viven en el territorio, pero además empiezan a determinar qué es arte y no, pero lo más grave es enfrentar a los grafiteros con los muralistas«, advierte González.

Asimismo, el proyecto considera daños al patrimonio y la contaminación visual. Temas que han estado en la palestra debido a los constantes rayados que han sufrido espacios patrimoniales, como por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) perteneciente a la Universidad de Chile. En esa línea, la iniciativa se hace cargo de los daños en la propiedad privada y pública, y  estableciendo una pena privativa o restrictiva de libertad, según sea el caso.

Sin embargo, para artistas, grafiteros, comunidades y estudiosos, este proyecto se desprende de la realidad, ya que no considera aspectos importantes del graffiti y muralismo en Chile, estigmatizando a los artistas urbanos, ni tampoco contempla su impacto en las personas. Además de confundir el cuidado y mantención del patrimonio histórico, con las manifestaciones artísticas .

Al respecto, la artista visual, grafitera e integrante del colectivo «Pintoras Callejeras»,Camila Blanche alias “Cami Na”, denuncia que esta política deja en claro que el Estado no responde a los problemas de trasfondo que viven las poblaciones.

«Nuevamente el Estado y los gobiernos tratan de hacer a la ciudadanía responsable de temáticas y políticas públicas de las que ellos no se hacen cargo, porque que la población o el barrio sea menos amable tiene que ver con el poco acceso que tienen los pobladores o los ciudadanos a servicios básicos. Esto tiene que ver con el hecho que no tienen acceso a la vivienda, que hay precariedad, porque nosotros no somos los responsables que ese sector sea poco amable», indica.

Mucha sanción y poca educación

Desde sus inicios, a finales de los sesenta en Nueva York, EE.UU, el graffiti ha estado vinculado con la ilegalidad, la rebeldía, la marginalidad y precariedad. En Chile surgió desde el mismo lugar, como una expresión espontánea y popular de actores sociales históricamente desplazados. En los años ochenta se popularizó el tag (firma del autor) y se conformaron grupos o crews chilenos.

Mientras que el muralismo tuvo sus primeras incursiones en Chile a propósito de las elecciones presidenciales de 1963, en donde se enfrentó Eduardo Frei Montalva con Salvador Allende. Las calles fueron el lienzo de murales hechos desde la clandestinidad y con fuerte sentido político. Después, en la década de los 70 el mural político tomó fuerza, hasta que los colores vistosos y el trazado fue apagado por la dictadura y sus censuras.

Hoy ambas manifestaciones artísticas dialogan en el espacio público, y Chile es considerado como un lugar de gran proliferación de artistas autodidactas y callejeros, eso lo vemos por ejemplo en Santiago y Valparaíso, donde se realizan numerosos encuentros de graffiti y muralismo.

En la experiencia del Mono González, muchos de los jóvenes que se dedican al arte urbano partieron haciendo tags. «Es como el primer año del rayado callejero», comenta. “Luego desde los 16 en adelante, empiezan a hacer crews o colectivos y maduran, y empiezan a hacer letras, empiezan a ocupar espacios más grandes. Yo creo que hay que darle los espacios a los jóvenes, porque desde los 20 a 30 años se van a recorrer el mundo. Uno siempre empieza a ocupar el espacio territorial del barrio, después se va al otro barrio, después de una ciudad a otra y al final uno viaja por diferentes países”, explica.

Pero este proceso no solo ha tenido de protagonistas a graffiteros y muralistas, también las comunidades han participado de forma activa. Eso se vivió en el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, un proyecto pionero que partió con el primer trabajo hace ocho años y que hoy abarca cerca de 60 murales de gran formato y una veintena en distintas dimensiones.

Para el presidente del Centro Cultural Mixart de San Miguel, Roberto Hernández, (quienes también presentaron su Declaración Pública) la iniciativa legal no considera el impacto educativo y la mejora en la calidad de vida de los habitantes.

«(los artistas callejeros) Están siendo vilipendiados, pero la verdad es que para nosotros son héroes porque el trabajo que realizamos acá tenía una problemática de base terrible, nuestra población se estaba muriendo después de 50 años. La idea era que a través de estas obras callejeras le diéramos un significado nuevo a estos muros y que inmunizaran nuestro espacio público con esta obra para que no siguieran siendo rayados, ni con afiches», cuenta.

El trabajo que se dio en el Museo a Cielo Abierto de San Miguel ha sido de alto impacto, ya que de una manera espontánea los grafiteros y muralistas han respetado el trabajo de los colegas. Eso da paso a una pregunta incómoda, ¿Por qué la autoridad prefiere castigar en vez de educar a la población sobre el arte callejero?

Para el sociólogo y experto en comunicación y cultura, Fernando Ossandón, la vía no es la represión. «El camino es la educación, es la promoción y por supuesto hacerse cargo de los excesos, pero éstos no son el graffiti desbocado, sino más bien la protección de los monumentos históricos nacionales, que son de propiedad de todos nosotros», afirma.

Para el académico de la Universidad de Santiago (Usach) el proyecto de ley «tiene buenas intenciones, pero naufragan en el camino», ya que si bien se hace cargo de un problema que afecta a las municipalidades, «se equivoca de raíz porque tiende a burocratizar una cosa que no calza en esa definición, el arte siempre es rebelde, expresivo, individual, colectivo, pero siempre responde a un criterio de libertad de expresión, de buscar una visión crítica sobre lo que está sucediendo en la realidad», puntualiza.

El Museo a Cielo Abierto en la Pincoya manifestó también su postura, a través de una declaración pública en donde afirman que las autoridades “desconocen el rol del arte urbano en espacios a nivel de la psicología comunitaria”, y “que este tipo de políticas populistas, solo buscan generar alboroto, pues el problema del rayado de las calles, debería pasar por la creación de una política educativa integral e inclusiva hacia los jóvenes y niños, por ejemplo, devolver y aumentar las horas de arte en el sistema educativo que tenemos en Chile”.

 

Más allá del trazo

La primera quincena de mayo se realizó la Semana de la Educación Artística, una instancia organizada por el Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio, el Ministerio de Educación, Unesco, entre otros; y tuvo como lema «la expresión de la diferencia». En aquella instancia Camina Blanche, realizó en Maipú un conversatorio sobre los inicios, motivaciones y temáticas del colectivo Pintoras Callejeras.

A partir de esa instancia, la artista visual pudo constatar la relevancia que tienen los espacios de diálogos con niños/as y jóvenes para, por una parte, desmitificar el quehacer y en segundo lugar, constatar la necesidad de oportunidades.

«No solo hablamos del arte callejero, sino también hablamos de lo que implica como colectivo pararnos desde la resistencia y feminismo. Uno va educando a través de las experiencias, porque yo a los niños les voy contando cómo ha sido mi experiencia de ser mujer y de salir al espacio público a pintar. Se crean diálogos bastante interesantes, donde ellos también se dan cuenta que la estigmatización que se tiene es producto de todo este manejo comunicacional que castiga y estigmatiza lo que uno hace. Es importante que se abran estos espacios», reflexiona.

En otro aspecto, el proyecto de ley promueve el fichaje, es decir que las tiendas que vendan las latas de aerosol tengan una lista de quienes compran, los colores y la cantidad de unidades. Eso, para la vocera de Pintoras Callejeras es una aberración.

«Seguimos con esta seudo democracia, y esto lo quieren seguir perpetuando a través de estos actos que son muy totalitarios, tener tu nombre, rut, características de las latas, colores, ¿para qué? ¿cuál es el fin? Seguimos en un Estado terrorista, nos dicen qué hacer, decir, qué pintar, qué es arte. La educación artística y el acceso a la cultura es súper limitado, es para algunos«, sentencia.

Cabe señalar que ni Camila Blanche, ni el colectivo han firmado la Declaración Pública, sin embargo han manifestado todo su apoyo,  ya que «creo que falta una defensa más acérrima al graffiti y el tag, de todas maneras estamos muy de acuerdo en que no hay que promover la ley. Me parece que hay que hacer mesas de trabajo, conversar y sociabilizar la información», comenta.

¿Y la curatoría? ¿Por la alcaldía?

Otro de los aspectos del proyecto que ha causado controversia es que deja en manos de las municipalidades la regulación de la ley, para ello la autoridad comunal tendrán que dictar una ordenanza que «especifique el funcionamiento, condiciones y requisitos para exhibición y ejecución de las manifestaciones artísticas». Asimismo, deberán tener un registro comunal y el Consejo Municipal tendrá la última palabra para aceptar o no una intervención, aunque el trabajo sea en una propiedad privada.

Para Ossandón, si bien la alcaldía tiene una responsabilidad política y jurídico administrativo sobre el territorio, el camino debiese ser desde la autodeterminación de las organizaciones. «Yo creo que el proyecto sigue el camino equivocado, o sea está bien pedirle a las municipalidades un rol mayor, porque están presentas en los territorios, pero ese rol es distinto al de tener una ordenanza punitiva, el rol tendría que ser más bien de articulación con las organizaciones sociales para ver cómo se pueda fomentar el arte en una determinada población, y junto con ello un mayor respeto e incentivo a los vecinos que proporcionen muros», expone.

Para Camila Blanche «hay un desconocimiento muy grande de lo que se está haciendo en la calle», eso se vislumbra en el poco conocimiento de las autoridades sobre la realidad que surge a partir de la instalación del arte callejero.

Roberto Hernández, quien es también director Museo a Cielo Abierto en San Miguel, comenta que el arte urbano ha implicado consecuencias relevantes para los habitantes de la villa.

«Los beneficios que el arte callejero nos trajo a la comunidad van enlazados a un trabajo hecho con respeto, conversación, entendimiento, y marca una manera de trabajar con los artistas callejeros que demuestra que es posible encontrar otras herramientas y caminos para ir conciliando los intereses de los graffiteros más jóvenes», asegura.

En esa línea, para Fernando Ossandón, quien se encuentra realizando una investigación sobre el impacto del Museo a Cielo Abierto en San Miguel, los beneficios son visibles desde diferentes aristas. «El primero es el embellecimiento, la segunda cosa es la identidad, y una tercera cosa es porque les gustan los temas», comenta.

En el caso de San Miguel, la comunidad ha trabajado mano a mano con los grafiteros y muralistas, siendo más de 120 artistas quienes han colaborado junto a la comunidad, lo que ha provocado consecuencias históricas. «El museo se cuida solo, no hay rayados, no hay graffitis y no hay ninguna brigada que lo ande persiguiendo, ni patrullaje municipal, ni de carabineros que esté viendo», puntualiza Ossandón.

La llegada del museo a cielo abierto en la Villa San Miguel abrió la puerta para que otros aspectos de la vida en comunidad mejoraran. Se implementó un mayor financiamiento en el espacio público, se instalaron luminarias, se restauraron edificios y mejoraron las calles, áreas verdes y veredas, gracias a los programas Quiero mi barrio y el Plan de Protección del Patrimonio Familiar, que llegaron posterior a la implementación del museo abierto.

«Esto es un círculo virtuoso maravilloso», reflexiona Hernández, ya que las consecuencias de organizar a la comunidad, educar y promover el arte callejero permitieron la mejora en la calidad de vida y al mismo tiempo dio espacio a las nuevas generaciones de artistas.

«Nosotros vamos a seguir siendo un barrio pobre, vulnerable, hay muchas necesidades insatisfechas en nuestros vecinos, pero lo que respecta al espacio público y a la capacidad de gestión comunitaria, demostramos que las organizaciones de una población pueden ser el elemento transformador, catalizador de todas esas cosas, y esto lo hicimos nosotros con nuestro trabajo y nuestra manera de hacer las cosas«, agrega el director.

Finalmente, el Mono Gonzáles es enfático en señalar que esto se trata de voluntad política, ya que “este sistema, la derecha respeta la propiedad privada del de arriba, no la de abajo, de la población. En la población el respeto es lo más importante, y San Miguel es un ejemplo de eso, ellos piden permiso y los dejan pintar. Se hacen jornadas anuales de participación ciudadana, se hace teatro, arte y de participación con la comunidad que los recibe y acoge. El sentido de pertenencia a cambiado, de propiedad privada a comunidad. En eso los artistas han ayudado”, atestiguó.

El pasado miércoles 18 de julio se realizaron nuevas ponencias en comisión sobre el proyecto de ley que sigue en su tramitación en la cámara de Diputados. Allí habló el artista y profesor de arte de la comuna de Quilpué, Carlos Villamar, quien se refirió a la importancia de la formación artística y sus beneficios. Asimismo, expuso desde la Unión Nacional de Artistas (UNA), el representante de Arte Contemporáneo Asociado (ACA) Luis Alarcón quien dijo que “esta ley va en sentido contrario, quiere elitizar el arte más de lo que está”. Una afirmación que da para seguir pensando en el trasfondo de esta norma y sus alcances.

Foto principal: Diana Torres.
Registro capturado mientras Alejandro Mono González pintaba a las afueras del Metro Bellas Artes.