Mujeres del Meta: Resistir, reconstruir y reclamar justicia ante el desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado en el departamento del Meta, ubicado en el centro de Colombia, ha dejado una huella profunda en la vida de miles de mujeres. Violencia, despojo y ruptura de comunidades las han marcado, pero también las han empoderado para organizarse, resistir y buscar justicia. Esta nota explora cómo las mujeres del Meta enfrentan el dolor, se reconstruyen a través de la solidaridad y luchan por su reparación, mostrando voces, historias y las iniciativas que las han fortalecido en su lucha por la verdad.

Por Noreia Cáceres

En el corazón de la Orinoquía colombiana, el departamento del Meta ha sido un territorio profundamente marcado por el desplazamiento forzado. En Colombia, más de siete millones de personas han debido salir de sus hogares por el conflicto armado que actualmente se da entre las FARC y el Estado colombiano. Miles de mujeres campesinas luchan por volver a sus tierras y reconstruir sus comunidades. A pesar del abandono estatal, lideran procesos de resistencia y paz desde lo local.

Una de las voces más representativas de la lucha por los derechos de las mujeres desplazadas es Patricia Peña, cofundadora del barrio 13 de Mayo en Villavicencio, uno de los lugares con mayor población desplazada de la ciudad. Patricia, quien fue despojada de su tierra natal por la violencia, relata cómo a pesar de perderlo todo, su compromiso con la comunidad la ha convertido en una líder en la reconstrucción de su barrio.

“Cuando usted escucha guerra, lo único que hace es abrazar, sobreproteger”, expresa Patricia, en un testimonio recogido por la Comisión de la Verdad, al recordar la angustia de huir de su hogar con sus hijos en brazos.

La historia de Patricia no es solo una de pérdida, sino de resistencia. «Uno piensa que la vida de uno está en esas tierras que uno tiene allá, porque allá uno siembra, cultiva, no tiene necesidad de comprar», comenta, también en su testimonio ante la Comisión, con la nostalgia palpable en su voz, mientras recuerda cómo la tierra le daba sustento, identidad y esperanza.

El camino de estas mujeres no ha sido fácil. Las políticas públicas aún no responden completamente a sus necesidades y derechos, y los desafíos persisten. Sin embargo, su lucha sigue viva. Su historia de resistencia se erige como un faro para la construcción de una paz real y duradera.

Patricia también lanza una pregunta que refleja el dolor de tantas víctimas: “¿Qué me gustaría que me respondiera la Comisión de la Verdad? ¿Por qué el ejército mata a los hombres campesinos y los hace pasar por guerrilleros? ¿Por qué nos dejan viudas? ¿Por qué nos sacan de nuestras tierras? ¿Para qué me sacaron de ese pueblito donde yo vivía? Y que de verdad aclaren quién es desplazado y quién no lo es, y que busquen hasta el último rincón”, cuestiona en su testimonio.

Esta reflexión, recogida por la Comisión de la Verdad, pone en evidencia el profundo sufrimiento de los campesinos y campesinas desplazados, quienes aún esperan respuestas frente a las múltiples injusticias que han vivido.

Según el análisis de la Fundación para el Debido Proceso Legal, los procesos de justicia transicional en América Latina buscan generar transformaciones estructurales en torno a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, con el objetivo de superar las prácticas que alimentaron los conflictos armados o los regímenes autoritarios, y avanzar hacia sociedades democráticas. Sin embargo, en contextos como el de Colombia, donde la confrontación armada persiste, la posibilidad misma de una verdadera transición es puesta en duda por diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos.

Más allá de que el escenario sea el de una verdadera transición o el de una transición parcial, limitada o incompleta, en cualquiera de estas situaciones los sistemas de justicia cumplen un rol esencial, al menos en dos aspectos que están íntimamente relacionados: la protección de los derechos de las víctimas y la consolidación de Estados y democracias donde no exista espacio para la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando éstas constituyen crímenes internacionales.

En este contexto, las historias como la de Patricia Peña no solo evidencian el dolor y la pérdida, sino también la resiliencia y la capacidad de las víctimas para liderar procesos de reconstrucción y búsqueda de justicia, incluso cuando las estructuras estatales no cumplen plenamente con sus obligaciones internacionales.

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