Morir en la cárcel: A 13 años del incendio en la cárcel de San Miguel, un breve repaso por el sistema penitenciario chileno
Escrito por Radio JGM el diciembre 13, 2023
El pasado ocho de diciembre se cumplieron 13 años desde la masacre carcelaria más numerosa y cruenta que conoce la historia chilena. 81 hombres privados de libertad fallecieron por causa de un incendio que dejó en evidencia el estado precario del sistema penitenciario: falta de protocolo de emergencia, débil infraestructura, sobrepoblación, entre otros. Para este 2023, el abogado de Leasur y co-autor del libro «Morir en las cárceles chilenas», Agustín Walker, señala que es 18 veces más probable morir al interior de la cárcel que fuera de ella.
Por: Javiera Barría y Tiare Paz
Punitivismo a la chilena
Es innegable el sometimiento que tenemos por parte de los medios masivos de comunicación a noticias que nos provocan inseguridad y miedo. Sin deslegitimar las cifras de aumento sobre delitos por hurto con intimidación o robo por sorpresa, la correlativa con el plano legal son, al menos, inquietantes.
A inicio de diciembre se publicó el artículo «Chile en su momento punitivo» (Tercera Dosis) en donde Alejandra Luneke plantea que estamos frente un frenesí legislativo de normativas con orientación punitivista, contado con más de 100 leyes en tramitación y/o aprobadas en dos años; para aumentar las penas, dotar de mayor atribuciones y protección a policías (entre ellas la Ley Naín Retamal o gatillo fácil), el fortalecimiento de seguridad en espacio públicos y la regulación de la seguridad privada.
Se suma a este análisis, el abogado y ex subdirector y hoy voluntario de la ONG Leasur, Agustín Walker, al señalar que en Chile en los últimos 30 años, mucho de los problemas sociales se encausan en el castigo y a través de la cárcel. Esta medida tendría una comprobada ineficacia, siendo muy costosa y muy disruptiva para la gente y que tiene pocos efectos positivos frente a la disminución de delitos.
“Lo que vemos hoy en día son 100 leyes que han sido tramitadas y que tienen un viraje punitivo y eso es dramático porque eso no es inocuo porque ha impactado de manera radical y hoy día en que estamos pensando en la conmemoración de los 13 años del incendio en la cárcel de San Miguel estamos con cifras de ocupación carcelario que son un poco más altas que el año 2010. Parece que hoy volvemos a los mismo problemas que tuvimos en esa época”, Agustín W.
Actualmente la población carcelaria haciende a 54 mil personas, cifra que se pronosticaba para el 2024 según el ministro de Justicia, Luis Cordero (La Tercera), lo cual se debería al creciente aumento de la prisión preventiva. Si se desglosa, en el último año, hubo un aumento del 15% en la población penal y de las 83 cárceles del país 19 tienen una ocupación mayor al 140% de su capacidad.
Para Walker, esta población carcelaria es «una bomba de tiempo humanitaria» y la crisis de seguridad actual es un reflejo de un conflicto mucho mayor, ya que “la inseguridad es expresión de un problema social mucho más complejo que sólo la delincuencia”.
Encarcelar: una herramienta política rentable
Pero armar delincuentes y meterlos presos pareciera ser una política rentable. El populismo punitivo gana adeptos y los políticos lo saben. Sin embargo, a pesar de que la población carcelaria se duplicó desde 1974 al 2010, las cifras del delito no sufrieron un mayor impacto.
“Es súper atractivo para los sectores políticos encausar problemas a través de propuestas legislativas que son cortoplacistas, que son muy sencillas, que no requieren mayor esfuerzos, solamente agravar penas, reducir beneficios carcelarios, reducir salidas alternativas, etc.”
Mientras se buscan salidas rápidas al problema de la seguridad, el abogado Walker señala a la cárcel como una institución disruptiva, desocializadora y que genera efectos criminológicos en esa persona y en su entorno. Además, indica que aquellas personas que cumplen su condena completa tienen mayor reincidencia, es decir, volver a la cárcel, casi el doble que aquellas que logran tener su condena en libertad o parte de esa pena en libertad.
Mujeres en la cárcel: condena penal, social y familiar
Si para los hombre y su entorno el encarcelamiento es disruptivo, para las mujeres supone una condición aún más conflictiva. En 2021, según datos de CIPER, Chile ocupaba el tercer lugar en Sudamérica con la mayor cantidad de mujeres apresadas, ascendiendo a 3.500 mujeres privadas de libertad.
De los datos que también se recogieron, es que 89% de ellas son madres y están presas por delitos menores, además de tener poca o nula visita de familiares o amigos.
«Menos de la mitad de las mujeres en las cárceles (sólo 1.571) recibieron al menos una visita durante 2018, lo que da cuenta de su marcada situación de abandono, a diferencia de los hombres que son en su mayoría visitados por mujeres» – Catalina Droppelmann para CIPER.
Justamente, el abogado de Leasur indica que el encarcelamiento femenino es un “muy buen reflejo del uso exacerbado de la cárcel en Chile”, ya que la mayor parte de las mujeres privadas de libertad están por delitos menores, principalmente por la ley 20 mil de drogas o contra la propiedad, lo que Walker distingue que “no son grandes narcotraficantes“, sino que delinquen por razones de subsistencia, respondiendo a que son ellas el único sostén de en sus hogares.
Por tanto sustraer, es decir, encarcelar a una jefa de hogar significa un efecto en cadena para toda una familia.
En relación al estigma que genera para una mujer irse a prisión, Walker supone que esto se refleja en las incidencias de suicidio de las mujeres privadas de libertad, sobre todo en aquellas que están en prisión preventiva, que fue la causa por la cual mayormente murieron las presas entre 2019 y 2022. «Uno podría pensar, por el impacto psicológico social y cultural que las mujeres deben someterse por este sistema penitenciario que es patriarcal y androcéntrico», puntualiza Walker.
Morir en la cárcel
Morir en las cárceles chilenas de Agustín Walker Martínez, Alicia Alonso, Héctor Benavides y Francisco Molina.
De los 13 años que han pasado desde el incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas, pareciera que el sistema carcelario no se modifica.
La abogada del Instituto de Ciencias Penales, Paula Vial, ya denunciaba esta falta de aprendizaje al reseñar el libro que hemos citado que aborda las causas de muerte de la población carcelaria entre enero del 2019 y diciembre 2022, y la regulación estatal sobre estas.
Vial apuntaba que «Chile ocupa un dudoso honor de ser el primer país en Latinoamérica en cantidad de muertes en cárceles por cada 100 mil habitantes. Y, más grave aún, uno de los países con mayor diferencia entre la tasa de homicidios en las cárceles y la tasa de homicidios en general».
A esto, los investigadores del libro evidencian que en Chile es «18 veces más probable morir al interior de la cárcel que fuera del recinto penitenciario”.
Además, como demuestran en la investigación, hay información confusa y contradictoria por parte de las instituciones públicas que deben dar cuenta de las muertes al interior de los recintos penitenciarios.
Se detalla que entre enero del 2019 y diciembre del 2022, habían fallecido 555 personas al interior de la cárcel, agrupando la causa de muerte en cinco 6 categorías:
- Enfermedad
- Accidente
- Riña o agresión
- Suicidio
- Intoxicación
- Otras causas
Cuando se le preguntó a qué se refería a otras causas a Gendarmería, no responde.
En términos globales, 4 de cada 10 presos muere por enfermedad, 30% muere de manera violenta, 2 de cada 10 por suicidio. La mayoría de quienes mueren al interior de la cárcel tienen menos de 40 años, es decir, para Agustín Walker son muertes evitables.
A este marco se suma, que existe una correlación muy potente entre muerte violenta o muerte por enfermedad con los centros penitenciarios más sobrepoblados, lo que para Walker denuncia que hay condiciones penitencias dentro de la cárcel que contribuyen a la muerte.
Por su parte, para las mujeres condenadas, como se señaló anteriormente, la mayor causa de muerte es el suicido, lo mismo sucede para aquellas que están en prisión preventiva, que muere el 56% por esta causa, lo mismo ocurre con los hombres en prisión preventiva (40%).
Gendarmería
Cuando muere una persona condenada o prisión preventiva es Gendarmería que deben registrar todo el procedimiento. Luego la persona es llevada al Servicio Médico Legal, para ser recibida y velada por su familia, principalmente. El problema que existe, según el estudio de Morir en las cárceles chilenas, es que gendarmería no está ajustada a estándares internacionales para hacer todo el procedimiento.
A esto se agrega que Gerdarmería a tenido denuncia previas por el control y trato denigrante a quienes visitan a sus presos, cuestión que fue apuntada por la comisión de derechos humanos italiana de Libera en su paso por Chile: «La alevosía con que botan toda la comida o botan todos los envoltorios de las comidas, lo hacen con una alevosía tal de denostar, de mancillar así la situación y denigrar a los familiares».
Finalmente, para el abogado Walker esto se trataría de un problema estructural y que es una institución poco capacitada para el trato directo con las personas privadas de libertad.
Escucha la entrevista con en Oír para creer
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