Ministra Begoña Yarza: “Uno siempre se imagina que el ciclo será de al menos dos períodos, pero tenemos que instalar las bases de la transformación en este gobierno”

En entrevista exclusiva con Radio JGM y Doble Espacio, la secretaria de Estado conversó sobre la reforma a la salud, el plan de vacunación y la forma en que han lidiado con el legado del anterior gobierno. Además, comprometió una respuesta pronta a la no entrega de correos del Minsal y una reformulación profunda del Programa Integral de Reparación Ocular.

Por Ariadna Cifuentes y Julio Olivares

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Próxima a cumplir dos meses en el cargo, la ministra de Salud, Begoña Yarza, recibe a Radio JGM y Doble Espacio por vía telemática, sentada al fondo de una larga mesa en las oficinas del Ministerio de Salud (Minsal). Una de esas en las que suele comandar las reuniones en que se han delineado las estrategias de vacunación, de combate al Covid-19 o una ambiciosa reforma de salud cuyas bases espera implementar en los próximos años.

“Han sido meses de mucho trabajo porque hay que combinar la instalación con una agenda de salud que nunca se detiene. Es como incorporarse en un avión en pleno vuelo”, resume. “Pero hemos tenido una buena recepción de partes de los trabajadores de la salud y en las organizaciones gremiales, con muchos espacios de conversación. Yo valoraría estos dos meses como positivos, sin lugar a dudas”.

La complejidad de la instalación en los asientos del poder ha sido proporcional al tamaño del desafío. Uno en el que la permanente lucha contra el coronavirus, la exigencia de mantener los altos índices de vacunación y la necesidad de hacerse cargo de aquellos asuntos que la administración Piñera no surtió –como la dilatada entrega de los correos del Minsal- se entremezcla con la promesa manifiesta de liderar un cambio sanitario sustantivo.

“Este ciclo histórico, caracterizado por las transformaciones que la ciudadanía nos ha pedido, tiene un punto en salud: cómo transformamos un sistema sanitario que no ha resuelto las grandes desigualdades e inequidades en la población por un sistema universal de salud que garantice sus derechos”, apunta.

Una reforma que implica crear un fondo único de salud; reducir los tiempos de las listas de espera; que las Isapres pasen a ser seguros complementarios y voluntarios; y aumentar progresivamente el gasto del Estado en salud, hasta llegar al promedio de la OCDE. Todo con el fin último de lograr “una transformación para un sistema sanitario más justo y equitativo, que no distinga entre ricos y pobres”.

Un desafío que la ministra Yarza asume que no va a poder implementar en cuatro años.

“Uno siempre se imagina que el ciclo no será solo de un período de gobierno, sino que al menos dos. Yo me imagino que en este primer gobierno vamos a instalar las bases sólidas de este sistema, no me imagino que se vaya a implementar todo el cambio, porque estos cambios son estructurales, tienen que ir a paso a paso, y tenemos que ser muy responsables”. Pero reitera: “las bases de esa transformación tenemos que instalarlas en este gobierno”.

Reforma a la salud

Sobre la reforma, la ministra Yarza parte de un diagnóstico concreto. “La gente quiere un sistema más justo, una forma de relacionarse con los temas de salud que sea más segura, que no dependa (del tamaño) de su bolsillo. Y lo que nosotros dijimos en el programa es que eso se garantiza con un sistema universal de salud. Ahora nos corresponde explicar en mayor profundidad qué significa aquello”.

Ante todo, enfatiza que “no es una política que solo enarbolamos nosotros”, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su símil panamericano (OPS) llevan años hablando de construir sistemas universales.

– Hace algunas semanas la Convención Constitucional aprobó la creación, precisamente, de un sistema nacional de salud que tenga un carácter universal, público e integrado. ¿Qué tan atada está la reforma propuesta por el gobierno a la suerte de la Convención que propone un sistema de esas características?

Nosotros respetamos profundamente lo que los constituyentes estén discutiendo y planteando en ese espacio, prefiero hablar del cronograma que nos hemos trazado como gobierno.

Este año pretendemos desarrollar ciertos pilotos que nos permitan hacer ciertos aprendizajes el cómo; tener tres o cuatro encuentros para discutir aquellas experiencias exitosas en América Latina o en Europa (como Inglaterra, Brasil, Uruguay, Cuba o Costa Rica); y trazar una agenda legislativa en que queremos fortalecer el Instituto de Salud Pública y la Superintendencia de Salud. Así como reforzar y fortalecer la institucionalidad de la rectoría del Ministerio con una agencia de evaluación de tecnología sanitaria y el fortalecimiento de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast). Esos son nuestros focos este año.

– Se trata entonces de un camino independiente al que recorra la Convención, por mucho que estén emparentados en ciertos temas o tengan objetivos similares a largo plazo.

Claro. Por cierto que esto siempre va a ser afectado por otras condiciones del país que puedan apurarlo o retrasarlo, pero este es el diseño que tenemos para el primer año.

– A propósito de este artículo en el proyecto de nueva Constitución, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, dijo que existía preocupación en su sector porque se pone en riesgo la libertad de las personas de elegir su sistema de salud, y que la pandemia había demostrado que el camino exitoso que debía seguirse en el futuro era un trabajo coordinado entre el sector público y privado. ¿Le parecen críticas atendibles?

A mí me sorprende porque en nuestro programa no aparece ninguna frase relacionada a eso. Nosotros no estamos hablando de que se acabe la posibilidad de elegir.

Recuerdo cuando pasó de lo de las Garantías Explícitas: la gran mayoría de la propaganda, que salía en muchos lados, tenía que ver con que las personas iban a dejar de elegir. Hoy tenemos instaladas las Garantías Explícitas, la sociedad civil nos pide a cada rato que incorporemos más garantías al GES. Pero ustedes y yo sabemos que las personas siguen pudiendo elegir. De esa campaña de desinformación me acuerdo con las palabras que ustedes mencionan.

Nosotros hemos dicho que el sistema no va discriminar por el bolsillo de las personas, sino que por criterios claros que tienen que ver con las necesidades de las personas. El ejemplo que me parece muy ilustrativo es el del trasplante: hoy en Chile los trasplantes son un bien público, hay una fila priorizada tanto para las personas con o sin Isapre, sean (del fondo) A, B, C  o D. ¿Y qué se privilegia? Las condiciones clínicas, el riesgo… Son criterios explícitos. Hay integración mediante reglas públicas.

Ahora tenemos que explicar bien esto porque puede pasar lo que pasó con el GES, en que mucha gente tenía ese miedo y salieron a hacer campaña para decirles a las personas que se iban a perder libertades.

– En ese sentido, ¿la acusación de intervencionismo que le imputaron algunos diputados del PR la limita al momento de encabezar una campaña de información?

No. En nuestro programa señalamos explícitamente que íbamos a caminar hacia el sistema universal. Que íbamos a hacer todos esos pasos previos, como construir un Fondo único de salud. Eso está explícito. Y me parece que explicárselo a los ciudadanos y a los trabajadores de salud es parte de mi mandato como ministra.

– ¿Cómo conciliar el fin de las Isapres con la desconfianza hacia la limitación de la posibilidad de elegir de las personas?

Tenemos que instalar como parte del sistema universal la capacidad de las personas de elegir caminos institucionales de modelos de atención, y hasta frente a determinados caminos terapéuticos, que con la información suficiente decidan cuál elegir. Que no estén las Isapres no significa que no va a haber capacidad de elegir. Nosotros no nos imaginamos un lugar en el que todo esté predicho, por ningún motivo.

De vacunas y recursos públicos

La ministra Yarza no esconde su satisfacción con el proceso de vacunación: “Es de las cosas de las que nos podemos sentir orgullosas y orgullosos. Es una estrategia exitosa que habla de Chile como un país capaz de instalar políticas de salud de Estado y no de gobierno. Por un lado, la capacidad de comprar y tener una provisión segura de vacunas; por el otro, un sistema sanitario capaz de llevar esa campaña de vacunación a lo largo del territorio nacional”, explica.

De acuerdo a los últimos índices del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), un 94,5% de la población objetivo se ha vacunado dos veces contra el coronavirus, cifra que se reduce a un 81,1% de inoculados con la tercera y un 34,8% con la cuarta dosis.

Consultada por los esfuerzos por mejorar esas cifras, la ministra desdramatiza y apunta a la exigencia de tener las cuatro dosis para contar con un pase de movilidad activo. Medida anunciada el pasado martes 10 de mayo y que rápidamente volvió a reactivar las vacunaciones.

– Cuando la infraestructura del sistema público no puede satisfacer las necesidades de los usuarios, se realiza una compra de servicios a establecimientos privados. ¿Esos recursos no podrían ser invertidos en mejorar la infraestructura o la capacidad de los recintos públicos?

No se contraponen. Nosotros tenemos una idea muy fuerte de fortalecimiento de la institucionalidad e infraestructura pública. Lo que no quiere decir que no solo el sistema privado, sino que las fundaciones e incluso las sociedades científicas nos puedan ayudar. Nosotros vamos a estar disponibles para todos los que nos digan “Queremos ayudar a resolver este problema”. Con reglas públicas, y por tanto privados, fundaciones, sociedades científicas y colegios profesionales son bienvenidos. Porque así como lo aprendimos en la pandemia, la integración de todos los esfuerzos son los que nos permiten enfrentar grandes problemas sanitarios.

– Hay expertos que señalan que se debería trabajar hacia una desmunicipalización de la salud primaria. ¿Esta administración se ha planteado esa posibilidad?

No, para nada. Yo opino que todavía tenemos que caminar un buen trecho para ir acercando los instrumentos con los cuáles el Minsal, el Estado de Chile más centralizado, tiene la conversación con los gobiernos locales. Tenemos que mejorar los indicadores, los indexadores, las formas de financiamiento, la forma de seguimiento y monitoreo, ponernos de acuerdo, crear espacios más participativos para la toma de decisión. Queda un camino por recorrer para optimizar la relación, pero tenemos una muy buena experiencia trabajando con los gobiernos locales.

Las deudas de Piñera

La figura del “avión en pleno vuelo” vuelve a tener sentido cuando se recuerdan aquellas situaciones que dejó pendientes la administración anterior. Y de las cuales el gobierno de Gabriel Boric ha tenido que hacerse cargo.

En salud, por ejemplo, están los correos que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le ordenó entregar al Minsal de Enrique Paris a petición del medio Ciper, y que no fueron remitidos.

– El CPLT anunció que va a solicitar un sumario a la Subsecretaría de Salud por la no entrega de los correos. ¿De qué manera se han enfrentado al tema desde el Ministerio?

La transparencia es muy relevante para nosotros. Tomamos este tema en particular desde que llegamos, cuando ya habían pasado alrededor de 18 meses desde que se solicitó la respuesta (del Minsal). Estamos hablando de 70 mil correos. Lo que hemos hecho es contratar, primero, un diseño que va ser el estándar con el cuál vamos a enviar la información para poder resguardar datos sensibles de las personas, y luego a una empresa que pueda generar los algoritmos necesarios, la robótica, como para poder tachar, borrar parcialmente esos datos sensibles. Le preguntamos al CPLT si encuentran adecuado este estándar de transparencia que definimos. Una vez que nos respondan aquello, vamos a entregarle los correos a Ciper.

– Pero esta es una tarea que se le dio al gobierno anterior. ¿Qué opinión le merece que ellos no se hayan hecho cargo?

A nosotros nos parece que el estándar de transparencia del Estado tiene que estar a la altura de estos requerimientos. Efectivamente era complejo tecnológicamente, pero nosotros logramos encontrar las instituciones que pueden resolverlos, y en dos meses ya tenemos lista la información para entregarla. Yo creo que 18 meses es mucho tiempo.

– Existe un Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) que busca «asegurar atención gratuita y multidimensional para las personas que han resultado con lesiones oculares en el contexto del estallido social». Hace un par de meses Contraloría detectó en un pre-informe que no existía información sobre en qué se estaban gastando alrededor de 140 millones destinados a este programa, además de falencias en los mecanismos para ingresar al plan, debido a que no se exige identificar haber sido una víctima ocular del estallido social. ¿De qué manera se están haciendo cargo en el Ministerio de estos problemas de implementación del PIRO?

Nosotros generamos un equipo de trabajo que miró no solo lo que Contraloría nos señalaba desde el punto de vista administrativo; pues creemos que la reparación debe ser mucho más integral. Instalamos una mesa con Justicia para tener una respuesta más clara hacia las personas que fueron afectadas por el Estado, y estamos dando ese diagnóstico por terminado.

Lo que planteamos es la reformulación del PIRO en tres aspectos: mejorar la respuesta desde el punto administrativo; trasladar el programa a nivel nacional y no solo en la Región Metropolitana; y, abarcar otras dimensiones más allá del daño ocular: salud mental familiar e individual, y rehabilitación para que sigan en su vida comunitaria, escolar y laboral.

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